Ante la impunidad, la población ha comenzado a organizarse para defenderse. Los últimos meses los linchamientos o intentos de linchamiento han crecido
Tamara Suju Roa
Indignación en el pueblo de Tumeremo ha traído la matanza de presuntamente 28 mineros, por un grupo de delincuentes fuertemente armados que según testigos sobrevivientes, dispararon contra ellos y luego desmembrados sus cuerpos con una motosierra y los montados en un camión rumbo a la desaparición de la evidencia.
Los mismos testigos hablan de la participación en este monstruoso hecho, de miembros de una banda denominada “El Topo” que se habrían presentado con supuestos funcionarios de un organismo de seguridad del Estado, y las últimas noticias hablan de la presunta participación de paramilitares colombianos. En un reportaje de la Deutsche Welle denominado “Minería en Venezuela”, publicado el 9 de Marzo pasado, dos párrafos hablan del tema:
“Armando Betancourt, concejal del municipio de El Callao (Bolívar) asegura que altos funcionarios de las Fuerzas Armadas controlan estas organizaciones. Asimismo, asegura que poseen armamento -R15 y AK47- proporcionado por los propios militares.” -“ Según la Agencia Carabobeña de Noticias, en febrero de 2015 fueron asesinados 100 mineros al sur de Bolívar producto de la “violencia mafiosa, la corrupción de funcionarios militares y policiales, y el abuso de poder desde la Gobernación del Estado de Bolívar y la alcaldía de Guasipati”.
Personalmente tuve la oportunidad de visitar El Callao y Tumeremo hace tres años. Los problemas que escuché de boca de sus pobladores no sólo se referían a la enfermedades epidémicas, escasez y control de la gasolina por grupos como los Tomistas, la falta de agua y la inseguridad, la minería ilegal y las protestas por la expulsión de trabajadores de las minas, sino que además, recibí denuncias sobre la actuación de grupos paramilitares y las mafias que los sustentaban y permitían su impunidad y el cobro de vacunas por parte de algunos oficiales de la FAN por dejar pasar drogas, gasolina y armas a las zonas mineras. También me hablaron de la conchupancia de otros organismos de seguridad del Estado, de la responsabilidad del propio gobierno regional y nacional que descaradamente se hacen la vista gorda y no les interesa imponer la ley y el orden.
Ya en el año 2006, el secuestro y asesinato de la hija del para aquel entonces comandante del Teatro de Operaciones 5 del Ejército venezolano, coronel Roberto De Lucca, perpetrado por paramilitares colombianos fue un escándalo, pero evidenciaba como actuaban en la zona.
Este macabro hecho, se suma a la indolencia y abandono que se vive actualmente en nuestro país y al “nosotros no fuimos” o “nosotros no sabíamos” que sufren los amnésicos funcionarios que están en el poder, que después de 17 años no quieren reconocer que a Venezuela la gobiernan las mafias, y que se han creado “micro estados” donde la lucha por el control del poder, la droga, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito a través de la corrupción y el aprovechamiento de las influencias, es el monopolio de quienes han destruido la economía, dividido a la sociedad y perseguido a sus denunciantes.
Las bandas que funcionan como “micro estados” están en los barrios populares donde los colectivos gobiernan, en las cárceles donde los pranes mandan, en las empresas, industrias o instituciones estatales donde los sindicatos oficialistas obstruyen y paralizan la producción, en los pueblos del interior donde secuestran, cobran vacuna y mantienen a los moradores aterrorizados y amenazados, en fin, en cientos de lugares a todo lo largo de nuestra geografía donde la desidia o la conchupancia e impunidad han permitido que matanzas como las que han ocurrido en nuestras cárceles o la de los Yanomamis en el 2012, o ésta de Tumeremo, sucedan.
Los presos están mejor armados que sus custodios, los grupos delincuenciales decretan toque de queda en sus zonas por muerte de algún miembro de la banda, encapuchados o colectivos atentan contra instalaciones públicas como la Asamblea Nacional o la Nunciatura Apostólica por ejemplo, grupos organizados y tarifados por el gobierno se trasladan como aquellos de “repudio” que existen en Cuba, a lugares donde ciudadanos manifiestan su descontento y son violentados verbal o físicamente, y nadie dice nada. ¿De donde sacan las armas los presos? ¿De donde obtienen las armas los colectivos?
Ante la impunidad, la población ha comenzado a organizarse para defenderse. Los últimos meses los linchamientos o intentos de linchamiento han crecido progresivamente. Los vecinos se han organizado para cerrar calles, y además ponen avisos participándole a posibles delincuentes de la zona, que si entran, serán “castigados” por la comunidad. La gente no sabe a quien llamar o donde acudir cuando son victimas del hampa organizada, porque no confían en los organismos de seguridad del Estado, y prefieren arreglarlo contratando mediación de expertos en la materia o utilizando a familiares que hayan pasado por lo mismo.
A Venezuela, en materia de seguridad, se la llevó el diablo. El régimen lo sabe. El ministro de la Defensa lo sabe. Los pisatarios del Sistema de “Justicia” comparte responsabilidad por su inacción u omisión, con las mafias que conviven en los distintos organismos de seguridad del Estado, que bachaquean armas, droga, gasolina, licores y otros rubros. El régimen que desgobierna a Venezuela piensa que los venezolanos no tienen memoria, o peor aún, que son tontos. Yo creo que el 89% de la población exigiendo un cambio, les tiene obstruidas las arterias cerebrales y por eso acusan a quienes han estado fuera del poder 17 años, mantienen el terrorismo de Estado contra la disidencia, encarcelan a opositores, lideres juveniles y manifestantes, y mantienen el discurso de odio, de incitación a la violencia y al desconocimiento de las leyes, como recurso desesperado para no afrontar la realidad en la que sumergieron al país.
