Así como “la matraca” es hoy más que evidente y tolerada, otros rasgos de la pudrición mexicana se han hecho presentes en el escenario social nacional
Luis Fuenmayor Toro
Desde hace bastante tiempo, he venido alertando sobre nuestro parecido con México, en relación a las acciones del hampa organizada y la corrupción cada vez mayor de nuestros funcionarios públicos, sobre todo aquellos de cierto nivel que tienen en sus manos trámites importantes para personas naturales o para personas jurídicas. De hecho, en este último caso, en México se institucionalizó lo que le llama “la mordida”, que es un monto de dinero que se tiene que pagar a un funcionario público, para que haga un trámite cualquiera de carácter personal, comercial, laboral o académico, que debería hacer como parte de su trabajo, por el que recibe el pago de su sueldo o salario. “La mordida” se extiende a las fuerzas del orden (¿?), que exigen el pago de determinados montos de dinero para dejar pasar una infracción cualquiera, real o inventada.
Esto último es lo que en Venezuela se conoce con el nombre de “la matraca”, en la cual son especialistas hoy los agentes policiales, preferentemente pero no exclusivamente, de la llamada “Policía Nacional Bolivariana”, así como la Guardia Nacional también bolivariana, para desgracia del nombre y memoria del Padre de la Patria, que me imagino se revuelca en su urna en el Panteón Nacional, al sentir como se ensucia su nombre diariamente en el discurso y ejecutorias oficiales, al hacerlo casi cómplice de las acciones desastrosas y demagógicas del Gobierno, de sus enormes contradicciones y de su engaño y manipulación de la población. No es que esta conducta no haya existido en la mal llamada cuarta república, pues la Guardia Nacional siempre se destacó en este tipo de malas mañas, acompañada entonces por la Policía Metropolitana, pero la extensión y la intensidad de la descomposición era menor.
Así como “la matraca” es hoy más que evidente y tolerada, otros rasgos de la pudrición mexicana se han hecho presentes en el escenario social nacional, posiblemente todavía no tan intensos ni extendidos. Aunque México en la actualidad está muy lejos de poder calificarse de socialista, parece servir de inspiración a nuestros gobernantes “socialistas del siglo XXI”. En el país azteca, el desarrollo de la criminalidad y el narcotráfico han sido gigantescos a lo largo de los años; en Venezuela eso también ha venido ocurriendo y se ha acelerado en estos 18 años de gobiernos chavecos. Venezuela sigue sin ser un productor de estupefacientes, pero se ha venido transformando en un sitio muy importante para el tráfico de este tipo de sustancias. México, por su parte, es productor pero también sitio ideal de tráfico hacia EEUU, dada la extensa frontera existente entre ambos países.
En asesinatos, Venezuela le lleva la delantera a los mexicanos y a casi todo el resto del mundo. Incluso si aceptamos las reducidas cifras oficiales, somos el segundo país del planeta en tasa de homicidios por habitantes. El retroceso ocurrido es enorme, pues en 1998 teníamos una tasa de homicidios de 19 por cien mil habitantes, mientras hoy la tasa real es de unos 90 asesinatos por cien mil habitantes. La edad de inicio del delincuente se ha reducido en 2 años, el número de menores transgresores se ha incrementado enormemente, los delitos se han hecho mucho más violentos, las bandas delictivas hoy tienen una organización inexistente en el pasado, el número de sus integrantes se ha multiplicado, están tan bien armadas y entrenadas como las mexicanas y, desde hace unos años para acá, controlan áreas importantes del territorio en ciudades como Caracas y en varios estados del país, donde retan a los cuerpos de seguridad del Estado e imponen sus normas a los habitantes.
Las similitudes han alcanzado hace pocos días un nivel trágicamente muy marcado. Así como en México desaparecieron, se esfumaron, se evaporaron, 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, hace año y medio, luego de un ataque de las policías de Cocula y de Iguala, y sus cuerpos no han podido ser recuperados, con excepción de uno de ellos, Venezuela tiene también sus desaparecidos, esta vez son 28 jóvenes mineros en Tumeremo, estado Bolívar, cuyos familiares afirman que fueron masacrados por bandas delictivas que operan en las minas, con la complicidad de la Guardia Nacional. Como en México, el Gobierno inicialmente negó la ocurrencia de tal hecho, culpando al diputado Américo De Grazia de ser el creador de la noticia. Los hechos, las denuncias de las familias, las manifestaciones violentas de la población, han hecho que se inicie una investigación y que todos los poderes del Estado, relacionados con la materia, se hagan presentes en la región.
Las minas de Guayana son parte de esas zonas del país donde el Gobierno chaveco ha perdido el control. Son territorios que se manejan al margen del Estado venezolano, donde gobiernan mafias delictivas colombianas en una suerte de organización parecida a la de los pran en las cárceles. Estos delincuentes controlan la explotación del oro, obligando a los mineros a entregar el 50 por ciento o más de lo producido. La Guardia Nacional “Bolivariana” actúa como cuerpo protector de todo este status quo, recibiendo parte del oro por ello. En las minas existe un ambiente socialmente descompuesto, donde la insalubridad, la droga, el alcoholismo y la prostitución, se unen en un todo putrefacto, en forma similar a como ocurre en México en pueblos sin ley como donde desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa. Dos sociedades de discursos políticos opuestos, de valores supuestamente diferentes, demuestran en la práctica una identidad cuya única explicación es la similitud de sus procesos sociales, económicos y políticos.
