El régimen ha sido excesivamente permisivo con “Cosa Nostra bolivariana”, la cual utiliza como estrategia una supuesta fidelidad política para con el proceso
José Rafael López Padrino
La corrupción es un fenómeno en nuestra sociedad que ha estado presente en toda nuestra historia republicana. La lucha contra este flagelo fue una de las principales banderas electorales del ya fallecido teniente coronel durante su campaña electoral del año 1998.
Sin embargo, en estos últimos 16 años de “desgobierno” la “cultura de la corrupción” se ha profundizado e institucionalizado en el marco de la mayor impunidad. Este es el gobierno más corrupto de nuestra historia como República y muy posiblemente de América Latina.
El robo de los dineros públicos, que edulcoradamente llaman “corrupción administrativa”, ha permitido el surgimiento de una camada de hampones con camisas rojas: la boliburguesía.
Paradójicamente, aunque este régimen se auto proclama socialista, nunca antes habían proliferado tantos empresarios de sospechoso cuño como en esta década, gracias a la obtención de jugosas comisiones, y/o apropiándose directamente de los recursos del Estado.
Obviamente, el régimen ha sido excesivamente permisivo con “Cosa Nostra bolivariana”, la cual utiliza como estrategia una supuesta fidelidad política para con el proceso. La tan cacareada “pulcritud” y “superioridad moral” de los defensores del proceso no son más que aderezos falaces de un discurso demagógico y manipulador.
Muchos hijos de esta bastarda revolución han amansado grandes fortunas gracias a la “robolución bolivariana”. Han sido miles los casos de corrupción denunciados ante las autoridades competentes, sin que las mismas hayan tomando carta en el asunto. Recordemos que recién llegado al poder el comandante insepulto lanzó en 1999 una serie de programas sociales que la Fuerza Armada Nacional ejecutó con la premisa de la “alianza cívico-militar”.
«El robo de los dineros públicos, que edulcoradamente llaman ‘corrupción administrativa’, ha permitido el surgimiento de una camada de hampones con camisas rojas: la boliburguesía»
Profundas irregularidades administrativas fueron detectadas por la Contraloría General de la República, las cuales fueron desechadas por el propio dicharachero de Sabaneta. Está el caso de Pdval, donde más de 120.000 toneladas de alimentos, adquiridos con dólares preferenciales, se perdieron, sin que hasta la fecha se conozca la identidad de los responsables de semejante robo a la nación.
El caso de ciudad Lebrún donde Jesse Chacón, Ministro del Interior y Justicia, fue acusado por el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, de apropiarse de más de 9 millardos de bolívares por concepto de comisión en la compra de unos terrenos para instalaciones judiciales en la llamada Ciudad Lebrún de Caracas, que prometía ser la sede de los tribunales civiles. Al final Velásquez Alvaray huyó del país y nunca se realizó investigación alguna.
Otros ejemplos de corrupción impunes han sido los casos del Banco Canarias de Venezuela CA, Banco Provivienda CA, Bolívar Banco CA y Banco Confederado SA, así como de instituciones internacionales como Banco Peravia de República Dominicana, el HSBC y la Banca Privada de Andorra.
El propio defenestrado Giordani denunció la fuga de más de 25 mil millones de dólares de las arcas del Estado a manos de empresas de maletín, cuya identidad ha sido protegida por el régimen como secreto de Estado.
Mientras el ungido Maduro sigue anunciando dislates económicos y hablando de la moral socialista connotados hampones ligados al régimen como Pedro Torres Filiberto, Alejandro Uzcátegui, Rafael Sarria, Wilmer Ruperti, Pedro Luís Martín, Gonzalo Tirado, José Zambrano, etc., gozan de muy buena salud y siguen estafando a la nación bajo una total impunidad. Todo ello ante la complicidad celestina de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.
La rapiña del siglo XXI avanza a pasos de vencedores y al grito de “Dependencia y hampa socialista, chulearemos y nos enriqueceremos”.
Nota: la invalida, inexistente y no vinculante sentencia número 9 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aparte de conculcar las funciones de la Asamblea Nacional, constituye una patente de corso en favor de la corrupción imperante en el país.
