Todas las opciones para realizar un aborto en el país son ilegales y los costos por una dosis de pastillas o un procedimiento quirúrgico “seguro” perjudican más a las mujeres pobres que optan por centros clandestinos
Mónica Duarte
El control de los embarazos no deseados en el país es una misión cuesta arriba que va en peligro de desaparecer desde que, en el segundo semestre de 2014, comenzaron a escasear los métodos anticonceptivos en las farmacias, hasta llegar a un índice que actualmente oscila entre el 85% y el 90% de desabastecimiento para los dos primeros meses de 2016, de acuerdo al presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos.
En medio de esta situación se encuentran las mujeres que, una vez embarazadas, deciden interrumpir su gestación. A pesar de ser ilegal el aborto es una práctica clandestina que nunca ha dejado de realizarse. Las barreras legales se suman a las limitaciones económicas y tomar esta decisión puede superar los 70.000 bolívares (seis veces el valor del salario mínimo vigente).
En Venezuela el índice de embarazos no deseados asciende a 55,3% de los casos de paternidad en adolescentes, según datos del estudio “Diagnóstico de los Factores Generadores del Embarazo a Edad Temprana y en Adolescentes”, realizado por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), y publicado en noviembre de 2014.
Este mismo estudio reveló que 13% de los embarazos adolescentes terminan en abortos. Un número alarmante considerando que Venezuela es el país con el más alto índice de embarazo a edad temprana en Latinoamérica, con una tasa de natalidad entre jóvenes de 15 a 19 años de 101 nacimientos por cada 1.000 mujeres, según el último informe anual realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa).
«EN UN MARCO DE ESCASEZ DE ANTICONCEPTIVOS SE MAGNIFICA EL POTENCIAL DE ABORTOS EN CONDICIONES DE RIESGO»
Alfredo Carvallo, médico obstetra del área infanto juvenil de la Maternidad Concepción Palacios, asegura que el aborto en Venezuela «no es un problema de salud sino un problema social». «Son las circunstancias económicas las que obligan a las personas a interrumpir su embarazo», sostiene.
Para Carvallo determinar la magnitud del problema es una tarea difícil pues no todas las mujeres acuden a los centros de salud luego de realizarse un procedimiento abortivo. «Nosotros solo resolvemos las consecuencias, pero existen sitios clandestinos a los que acuden las personas o se lo hacen directamente con el medicamento que produce el aborto”, explica el especialista, aclarando que anteriormente las mujeres llegaban con infecciones graves pero ahora, esos fármacos abortivos han disminuido las complicaciones y las pacientes llegan con hemorragias o infecciones de grado uno.
A pesar de la existencia de un importante subregistro asociado a la ilegalidad de estas prácticas, la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud ubicó al aborto como la tercera causa de mortalidad materna con un 10% de los casos para el año 2010.
Los últimos datos oficiales que se tiene son de 2012, cuando los abortos se cobraron la vida de una mujer cada 10 días, según cifras del último anuario de mortalidad del Ministerio de Salud que refirió 35 muertes maternas por esta causa.
Sin embargo, el doctor Carvallo arroja otra estimación del problema: «Los fines de semana los demás lugares no brindan servicios de atención, por lo que en una guardia en la Maternidad podemos hacer más cantidad de curetajes que atender partos». En lenguaje médico hablar de curetajes es hablar de abortos.
En una data de movimientos obstétricos de la Maternidad Concepción Palacios, proporcionada a periodistas de armando.info y publicada en su portal web, se revela que tan solo en esta institución se atendieron 2.336 complicaciones relacionadas con abortos en 2014. Y para el primer semestre de 2015 ya se contabilizaban unos 1.222 casos tratados.
Pero estas cifras no coinciden con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud, donde se informa que se atendieron 2.472 abortos en la red pública a nivel nacional para 2014. Número similar al registrado solamente por la Maternidad Concepción Palacios.
En este mismo informe para 2015 solo se especifican los casos de aborto en el Estado Zulia, donde se contaron 34 pacientes, en el resto de entidades el indicador desapareció. Es decir, el informe anual de gestión del ente rector de Salud escasamente incluye información sobre estos casos.
«EN UNA GUARDIA EN LA MATERNIDAD PODEMOS HACER MÁS CANTIDAD DE CURETAJES QUE ATENDER PARTOS»
Otro factor que potencia la subestimación numérica es que en estas cuentas no se hacen distinciones entre los casos de abortos espontáneos y los abortos inducidos. Carvallo confirma que en la mayoría de los casos las pacientes presentan síntomas similares de hemorragia, por lo que no es posible hacer distinción «salvo que se presenten lesiones uterinas propias de métodos más empíricos».
Ana María Aguirre, coordinadora del Programa para jóvenes y adolescentes de Plafam, explica que en un contexto de escasez de anticonceptivos se magnifica el potencial de gente que va a interrumpir su embarazo y «probablemente en condiciones de riesgo».
«Sencillamente las mujeres están recurriendo a ello, lo han hecho toda la vida y lo hacen actualmente en nuestro país a pesar del nivel de ilegalidad. La diferencia con otros países viene porque al ser ilegal las personas lo practican en condiciones de inseguridad que pone en riesgo sus vidas, su salud y su integridad», afirma Aguirre.
Un problema de estratos sociales
Entre los adolescentes que comienzan su vida sexual solo 1 de cada 10 decide usar anticonceptivos, a pesar de que 9 de cada 10 conoce los métodos. En un estudio realizado por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), de noviembre de 2014, se detalla que 79,8% de los jóvenes reportó no utilizar ningún método cuando tuvo su primer hijo. En este contexto no es extraño oír hablar de interrupciones al embarazo, pues el aborto se ha convertido en un mecanismo conocido al que se recurre sin precaución.
«bachaquean las pastillas ahora que no se consiguen»
“Las muchachas de mi clase dicen que la malta con canela funciona para abortar, también entre ellas bachaquean las pastillas ahora que no se consiguen y saben quiénes las venden”, comenta Ana, una joven de 14 años que asiste al octavo grado en la Unidad Educativa Bolivariana Pedro Fontes en La Vega. En su colegio Ana contabiliza unas 15 adolescentes embarazadas; ella no quiere ser una más razón por la que ahora asiste con su mamá a charlas y sesiones para adolescentes en la Maternidad Concepción Palacios.
Una situación de alerta similar llevó a Viviana y a su novio, ambos de 18 años, a la consulta ginecológica en Plafam para “planificar bien las cosas”. En su entorno ambos cuentan 11 embarazos y al menos tres abortos de chicas de su edad.
“Una de mis amigas abortó porque estábamos cerca de graduarnos y ella quería seguir estudiando, me dijo que no tenía los medios para mantenerse y no quería vivir debajo de un puente”, comenta Viviana. Como dato adicional solo asomó a decir que la amiga se hizo el aborto con un médico.
“Realmente en nuestro país el aborto es un problema de clase, porque la verdad es que las mujeres que tienen dinero pueden hacerse un procedimiento en una clínica, en un consultorio con toda la seguridad de un médico y enfermera, pero las mujeres que no tienen recursos deciden abortar en otras condiciones”, indica Daniella Inojosa, integrante de la coordinación nacional del Colectivo Araña Feminista.
Con ella coincide Ana María Aguirre, quien lo considera un tema de injusticia. “La mayoría de las mujeres que se mueren son de estratos económicos más bajos, las que tienen acceso a mejores condiciones tienen una experiencia muy distinta a las que tienen menos recursos. Hay mujeres que no pueden pagar ni las pastillas”, dice.
«en las clases bajas y más necesitadas el embarazo te da estatus»
Los especialistas coinciden en que las adolescentes no son la única población de riesgo con los abortos. Inojosa asegura que la mayoría son mujeres de las clases más bajas que tiene más de dos o tres hijos, “porque ya saben en lo que se van a meter y no tienen los recursos para tener otro bebé, pero en las adolescentes, el aborto es más frecuente en la clase media y en la clase alta, porque en las clases bajas y más necesitadas el embarazo te da estatus, te saca de tu condición de adolescente para convertirte en mujer”.
A estas razones el obstetra Carvallo agrega que “las adolescentes viven una fantasía y suelen tener un diagnóstico tardío, algunas pasan las 20 semanas cuando aceptan su embarazo, y ya no es posible un aborto, en cambio quienes son profesionales lo sopesan más y saben todo lo que implica un embarazo”.
Aguirre coincide con ellos y agrega que “pueden ser menos adolescentes las que abortan pero pueden abortar más veces”. En las edades más tempranas la falta de apoyo para acceder al método anticonceptivo es un problema que superar, indica. “Hay pocos servicios especializados y bien sensibilizados para no dejarlas escapar, en cambio las adultas no son juzgadas al ir a buscar un anticonceptivo”.
En Venezuela existe una línea telefónica abierta que proporciona información sobre el “aborto seguro” a través de indicaciones de cómo tomar las pastillas abortivas. A través de las llamadas atendidas entre los años 2011 y 2014 pudieron identificar características de las mujeres que tomaban la decisión de interrumpir su embarazo.
Entre ellas más de la mitad de las que se comunicaban pidiendo información (52%) tenían entre 21 y 30 años. Los argumentos económicos privan en muchos casos pues 15% no tienen ingresos propios, 33% tienen dificultades monetarias y otro 38% manifestó trabajar.
Inojosa considera que esta información permite romper con varios mitos, en especial con el tema de las responsabilidades porque los datos de la organización revelan que 40% de las mujeres que se comunicaron ya son madres y 38% usó algún anticonceptivo que falló. Aunque la línea se encuentra actualmente activa, se intentó llamar en varios horarios pero no hubo respuesta a la llamada.
Derecho a la despenalización
En el país existe un marco jurídico restrictivo en cuanto al aborto. Según lo estipulado por los artículos 430 al 434 del Código Penal el aborto es legal solo cuando la vida de la parturienta está en riesgo. En el resto de los casos esta práctica es penada con prisión de seis meses a seis años, según el grado de participación, y si el facilitador es un profesional de la salud la pena aumenta en una sexta parte.
Un estudio de 2015 sobre las condiciones legislativas, institucionales y sociales para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva en Venezuela, realizado por varias organizaciones (Avesa, Accsi y Aliadas en Cadena) confirmó la necesidad de evaluar una modificación a las leyes que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, por la cantidad de abortos inseguros que se cobran vidas de mujeres en el país.
Mercedes Muñoz, abogada y directora de Avesa (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa), organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, explica que legalmente se habla de un aborto cuando existe “una interrupción del proceso del embarazo” y este proceso puede ser espontáneo o provocado.
Para la abogada la excepción que permite el aborto provocado (cuando corre peligro la vida de la madre) es un “eufemismo” que no se cumple por la larga gestión que deben afrontar los comités médicos para poder aprobar el procedimiento.
Daniella Inojosa, del Colectivo Araña Feminista, también plantea un cambio en la legislación para poder afrontar el problema. “No hay cifras oficiales porque la mayoría de las mujeres no reconoce los abortos provocados por las sanciones que contempla la ley, ninguna mujer y ningún médico quiere ir preso”.
«no hay percepción real de que este sea un tema de agenda política»
Tanto Avesa como el Colectivo Araña Feminista trabajaron en 2011 en una propuesta para un nuevo Código Penal que promovió la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, donde se contemplaba despenalizar el aborto, pero esta propuesta nunca llegó a segunda discusión.
Ese proyecto contemplaba despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en cualquiera de los casos y hasta la semana 20 en caso de violación, y de presentarse malformaciones irreversibles que no sean compatibles con la vida.
“Existe otra propuesta que es despenalizar por violación o por incompatibilidad con la vida sin importar las semanas, nosotras estamos de acuerdo con que cada mujer pueda tomar su decisión pero entendemos que después de la semana 12 hay sinapsis cerebral en el feto, entonces hay una vida ya viable”, comenta Inojosa.
En los últimos 10 años se han llevado a cabo dos ocasiones de propuestas concretas para reformar el Código Penal pero no ha habido aceptación en el ámbito legislativo. “El problema es que no hay percepción real de que este sea un tema de agenda política o de derecho”, explica Muñoz.
Agrega que la diferencia entre legalizar y despenalizar radica en que cuando se despenaliza se admite que “en general el aborto es un delito pero hay algunas circunstancias en las cuales se puede ceder, mientras que cuando se legaliza se indica que el aborto es un derecho y el Estado lo regula dentro de unas normas y leyes, como cualquier otro derecho”.
Otra de las corrientes que defiende el aborto como un derecho se ampara en el artículo 76 de la Constitución Nacional, donde se establece que “las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho”.
“pueden ser menos adolescentes las que abortan, pero lo hacen más veces”
Al respecto Mercedes Muñoz afirma que “el Estado no cumple con lo que le corresponde con el derecho de las mujeres a tener acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de calidad. Las mujeres no abortan porque son unas sinvergüenzas, sino porque están en una situación de muchísima dificultad”.
Aguirre se pregunta “si el aborto está penalizado ¿qué estamos haciendo por evitarlo?”. La directora de atención al adolescente de Plafam cree que las consideraciones culturales deben tomarse en cuenta, pero no considera que este sea un tema para opiniones.
“Los derechos no se negocian ni se consultan y esto es un derecho de las personas que lo están sufriendo, no todo el mundo sufre un aborto por lo que no pueden entender las condiciones que eso abarca. Las mujeres mueren o se dañan sus cuerpos, ponen en riesgo sus vidas y su salud por un procedimiento que es ilegal en nuestro país. Nosotros creemos que el derecho a decidir está muy por encima que otros temas que suelen ponerse sobre la mesa”.
El negocio de la ilegalidad
Para comienzos del 2015 un aborto clandestino en una clínica costaba en promedio 22.000 bolívares, incluyendo medicamentos y exámenes médicos. Pero para este año el procedimiento en una clínica caraqueña se estima en los 75.000 bolívares.
“Hay gente muy beneficiada con el tema de la penalización, hay negocios alrededor del tema con los que revenden las pastillas y los que hacen procedimientos abortivos”, afirma Mercedes Muñoz, abogada y directora de Avesa.
En el país la venta legal de las pastillas que causan abortos se realiza solamente por orden médica y a un precio muy económico, lo que ha incrementado un tráfico por internet del medicamento.
La dosis completa puede conseguirse hasta en 105.000 bolívares por vía digital. Inojosa, vocera del Colectivo Araña Feminista, comenta que la caja de los 20 comprimidos que trae el medicamento es revendida por unidad, pero para el tratamiento correcto se necesitan entre 8 y 12 pastillas, dependiendo de las semanas de gestación. “Las compañeras que son de bajos recursos no tienen el dinero para tomarse todo el tratamiento y se hacen abortos incompletos que terminan en un hospital”, explica.
En las salas de emergencia de los hospitales públicos la condición de ilegalidad también ha incrementado la estigmatización de las mujeres que llegan con complicaciones asociadas al aborto.
“Hay una visión muy negativa en términos culturales que agrava toda la situación porque la atención post aborto es absolutamente legal pero hay un montón de retrasos. Generalmente son las últimas en ser atendidas, se pueden estar desangrando y no le prestan atención”, añade Aguirre.
El Tomo 3 del estudio realizado el año pasado por Avesa, Accsi y Aliadas en Cadena, sobre las condiciones para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, también contempla este problema. En el informe el 52% de los encuestados rechaza la actitud que adopta el personal de salud al atender casos de abortos clandestinos.
Pero la mayor preocupación de los médicos radica en los centros clandestinos o caseros. En abril de 2014 tres personas fueron detenidas en Delta Amacuro tras el allanamiento de un centro clandestino de aborto, y en octubre de ese mismo año dos mujeres fueron detenidas en Cabimas (Zulia) luego de las denuncias de vecinos que habían encontrado restos humanos y desechos quirúrgicos en un vertedero a cielo abierto.
Más allá de estos casos no se conocen detenciones relacionadas con interrupciones de embarazos. Sin embargo, los especialistas no descartan la existencia de centros clandestinos que continúan operando bajo condiciones de riesgo.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: monicaduarte@larazon.net
