Maduro y su desgobierno utilizan la inusual sequía que vive Venezuela para justificar la serie de deficiencias en la prestación de servicios públicos
Absalón Méndez Cegarra
El hijo de Chávez no podía ser menos y quedarse atrás. Tenía que emular a su progenitor de alguna manera. Sin pensarlo mucho encontró su acto de heroicidad para pasar a la historia como el continuador de la gran obra de destrucción nacional. Chávez fomentó e impulsó la sociedad de la mendicidad y del no trabajo. Maduro la ha fortalecido con creces y, para coronar la faena, ha creado, como buen hijo, su semana de la patria.
Maduro y su desgobierno, cobijados por una gran mentira que arropa toda su incapacidad, irresponsabilidad gubernamental y corrupción administrativa, utilizan la inusual sequía que vive Venezuela, consecuencia de fenómenos climatológicos, para justificar la serie de deficiencias en la prestación de servicios públicos: electricidad, agua, telefonía, etcétera, cuando la verdad es que tal fenómeno era y es absolutamente previsible, y, superable o controlable, según los expertos en la materia, al menos, no dramático ni paralizante de la vida nacional, de haberse tomado a tiempo las medidas correctas y necesarias.
La crisis del sector eléctrico antecede al fenómeno de “El Niño”, igualmente, la insuficiencia en el suministro de agua servida. Las obras que han debido construirse y las ampliaciones a costosas obras de infraestructura construidas por la IV República, no se hicieron ni se han hecho; pero, se dilapidaron los recursos económicos asignados para tales propósitos.
“El Niño” de ahora, como reza el villancico, tal como lo revelan las redes sociales y la prensa nacional, tiene bigotes; pero, tiene algo más, es anciano, tiene barba cana, estrellas, soles y charreteras, actúa a corta y larga distancia. Dentro y fuera del país. Es un “Niño” diferente a todos. Es un niño-anciano dictador.
El gobierno nacional ha creado sus propias efemérides. Ha convertido actos deplorables en fiestas patrias. Las subversiones, rebeliones, golpes de Estado, asesinatos y crímenes de toda laya cometidos por la falsa revolución, son glorificadas. Condenables, son las que realizan los demás, los opositores al régimen oprobioso. La semana que recién ha transcurrido, es decir, la comprendida entre el 11 y 15 de abril, es la semana de la patria chavista-madurista. La función pública ha sido paralizada por el gobierno nacional. Ha sido declarada en receso. Primero fue el recorte de horario, luego el largo asueto de Semana Santa, le sigue, el asueto los días viernes, nuevamente, otro asueto semanal (semana de la patria); y, finalmente, la construcción de un largo puente que se prolongó, desde el viernes 15 hasta el lunes 25 de abril, pues, el funcionariado público, se preguntó, con sobrada razón, qué sentido tenía ir a trabajar las mañanas del miércoles y jueves, tiempo necesario para las colas correspondientes. El gobierno ha declarado una cesantía nacional en el sector público con efectos perversos en el sector privado. Una sociedad que requiere trabajo y más trabajo, que está próxima a padecer una hambruna, pues, ya no se consiguen alimentos, ni alcanza el dinero para adquirirlos, ha sembrado las bases del no trabajo.
El aparato productivo nacional, lo poco que queda de la empresa privada manufacturera y de la actividad agrícola y privada, generadora de bienes y servicios, va camino a la paralización total. La cesantía nacional ha reducido a escasas horas semanales el tiempo de trabajo, la jornada laboral, y, el número de días feriados o no laborables hace imposible la normalidad y continuidad de los procesos productivos.
La tragedia nacional es digna de consideración. Se está jugando con candela. Y, estamos viendo y viviendo hechos insólitos. El Estado, quien se dice defensor de los Derechos Humanos, ignora que en esta materia, tiene obligaciones de no hacer y de hacer. El Estado ha dicho que no está obligado a garantizar la salud ni a suministrar alimentos y medicinas a niños enfermos y hospitalizados. Tampoco a la población anciana. Para estas necesidades, obligaciones de hacer, no hay recursos económicos; pero, sí los hay para mantener a los empleados públicos en una marcha continua y permanente y pagar sueldos y salarios sin la debida contraprestación de la función pública. Esto es un crimen de lesa humanidad. Otro hecho que podría calificarse como curioso es la convocatoria a una marcha-protesta oficial para rechazar y repudiar una enorme reivindicación social, cual es el derecho a tener vivienda propia. La Asamblea Nacional ha sancionado una ley que reivindica el derecho de propiedad de la vivienda. Nadie niega el gran esfuerzo nacional en la construcción pública de viviendas durante los últimos años; pero, estas viviendas son asignadas, a decir verdad, dadas en préstamo a los asignatarios. Con la ley en referencia se busca que los asignatarios o adjudicatarios de viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, sean otorgadas en propiedad a sus ocupantes, lo que el gobierno ha entendido como un acto de privatización y mercantilización de la vivienda. Una población ignorante y borrega se presta para hacerle el juego al gobierno nacional y se da por convocada para rechazar tamaña reivindicación, legalización y legitimación de derechos.
Ahora bien, los seres humanos, tenemos la potestad ante el reconocimiento de un derecho humano y social como el derecho a la vivienda, creador, a su vez, de derechos subjetivos, de ejercerlo o no, de activarlo en el momento que lo consideremos necesario; pero, es contrario a la ley y a la doctrina de los Derechos Humanos renunciar a dichos derechos. Esto es un absurdo total. Este es un acto sembrador de ignorancia, contrario a la formación de ciudadanía. Hasta dónde pensará el gobierno llevar a la población venezolana. Con las semanas de la patria que ha establecido, la paralización injustificada de la actividad laboral, la renuncia al cumplimiento de la función pública, y, ahora, con el fomento del rechazo por parte de la población a la materialización legal de los derechos y mandatos constitucionales, lo que equivale a rechazar y condenar, también, el texto constitucional, la situación del país amerita cuidados especiales, terapia intensiva, pues, entre nosotros, todo ha sido trastocado y el diagnóstico es reservado.
El gobierno nacional, con sus acciones, revela, que, a estas alturas de la crisis nacional en todos los sentidos, no se ha dado cuenta de su magnitud y significación. Para el gobierno pareciera que todo marcha bien, que vivimos en “un mar de felicidad”.
