Ha llegado a su fin una situación en la que el chavismo gubernamental dispuso de un ejercicio absoluto del poder político. Ahora está obligado a compartirlo
Oscar Battaglini
Esta es una consecuencia directa e inmediata surgida de la aplastante derrota infligida por la inmensa mayoría del pueblo venezolano al chavismo oficial en las elecciones del pasado 6 de diciembre. A partir de ese acontecimiento en el país ya no existe un solo centro de poder, debido a que se ha constituido otro representado por la Asamblea Nacional designada mediante ese proceso eleccionario. De esta manera ha llegado a su fin una situación en la que el chavismo gubernamental dispuso de un ejercicio absoluto del poder político. Ahora está obligado a compartirlo, pero desde una posición de desventaja, porque la AN posee prerrogativas constitucionales de las que carece el poder ejecutivo, y que la capacitan para aprobar y reformar leyes y muchas otras resoluciones de manera autónoma, es decir, sin tener que someter sus actuaciones a ningún otro poder. Aunque el ejecutivo dispone también de la capacidad para tomar decisiones en tanto que gobierno, en muchos aspectos de su gestión político-administrativa, está compelido a someter sus decisiones a la aprobación (visto bueno) de la Asamblea Nacional, sin cuya aprobación tales resoluciones no tendrían ninguna validez.
Se trata, por tanto, de dos poderes que tienen un origen común: la soberanía popular, pero poseen características que los diferencian radicalmente. En uno de los casos, el representado por el chavismo gubernamental, el poder que todavía ostentan aparece en la actualidad totalmente desacreditado ante el electorado del cual dinamó ese poder. Eso es lo que hace que el chavismo oficial haya perdido el reconocimiento y la adhesión política ideológica de la que antes dispuso en el interior de los sectores mayoritarios de la sociedad. El resultado electoral del 6D es extremadamente convincente a este respecto. La manera como el oficialismo chavista se ha conducido frente a la crisis general que afecta gravemente la vida de todos los venezolanos, y han sido las determinantes fundamentales de ese hecho: la inflación sin fin, la escasez de alimentos y medicinas, la agresividad de una delincuencia incontrolada, lo que nos condena a la pobreza, al hambre, a la enfermedad, al desaliento, a la angustia y al miedo, y por último la incapacidad probada del gobierno para hacer frente a esta problemática.
En el otro caso, la situación es como se ha dicho, diametralmente opuesta a la del chavismo. Aquí, todos los rasgos que se le restan a éste le son atribuidos por la inmensa mayoría del pueblo a la representación política de la oposición. En primer lugar el reconocimiento como la fuerza social y política dirigente (hegemónica) de la sociedad venezolana. Esto también es parte del mensaje contenido en los resultados electorales del 6D. Y en segundo lugar, el ejercicio legítimo del poder. Esta doble condición le concede una doble ventaja a la oposición frente a un chavismo gubernamental cada vez más políticamente débil y desarticulado. A eso se debe básicamente, la intencionalidad que de la actividad que la oposición ha venido desarrollando desde la Asamblea Nacional, y que en el fondo lo que busca es debilitar más aún al oficialismo chavista con miras a su desplazamiento definitivo del poder.
Ante esta ofensiva de la oposición, al chavismo gubernamental no se le ha ocurrido otra cosa que intentar obstruir por todos los medios, con el apoyo de la Sala Constitucional del TSJ, las resoluciones de la Asamblea Nacional; con lo cual, lo único que ha conseguido es generar una crisis mayor de ingobernabilidad en el país, y un creciente descrédito en el seno de las mayorías populares, que actualmente percibe al oficialismo como un gobierno inútil, incapaz de resolver o al menos reducir la problemática planteada, ni permite que otros sectores de la sociedad lo hagan.
Esta actitud del madurismo –es necesario insistir- no sólo impide la solución de los graves problemas que afectan al país, sino que, sobre todo, bloquea la posibilidad de que éste pueda regresar a una situación de normalidad institucional, política, económica, y la ciudadanía pueda transitar libremente sin temor a perder la vida propia o la de alguno de sus familiares a manos del hampa desatada.
La certeza que existe a este respecto, confirma la convicción que ha tomado cuerpo en el imaginario de la sociedad de que la salida de Maduro de la Presidencia de la República, constituye el punto crucial para la superación de la grave crisis nacional que todos padecemos. De ahí la importancia que reviste el hecho de que finalmente el CNE se haya visto forzado a entregarle a la oposición las planillas de ley para la recolección de las firmas que permiten la validación del referendo revocatorio. Él, su entorno palaciego y el CNE, saben perfectamente que legal y constitucionalmente, no pueden oponerse a su realización. Saben también –lo que les ocasiona una incontenible sensación de pánico – que ese referendo lo perderán de calle, igual que perdieron las pasadas elecciones parlamentarias, por esa razón van a echar mano –como corresponde, a su condición de Estado y gobierno forajido- a cualquier mecanismo de poder envilecido que en lo esencial representan, para tratar de torcer la determinación popular de poner término radical y definitivo a la presencia chavista en el control político del país. En este sentido es de gran importancia tener suficientemente claro dos cosas en estos momentos:
1.- La idea de que la salida de Maduro y de todo el chavismo del control del Estado y del poder en Venezuela, debe producirse por una vía institucional. De ahí lo acertado de la definición y la escogencia del referendo revocatorio como el mecanismo constitucional para el logro de ese objetivo fundamental. La pretensión de imponer una vía distinta a la del RR, lo que puede hacer, en las actuales circunstancias, es favorecer la “tesis” gubernamental de que todas las iniciativas políticas que se desarrollan en su contra se corresponden con una conspiración auspiciada por el enemigo externo.
2.- Estar muy atentos ante las políticas gubernamentales relacionadas con este asunto, a fin de contrarrestar las maniobras que tanto el madurismo como el CNE pondrán en práctica para estorbar y tratar de frustrar la realización del RR, y sobre todo para no caer en las provocaciones que urda el oficialismo chavista en su desesperación.
