Dejando claro su carácter «chavista», la exministra Osorio denunció que este decreto tenga una «ausencia total de debate público».
Gabriela González
La exministra del ambiente Ana Elisa Osorio definió el decreto 2.248 que crea al Arco Minero del Orinoco como un «ataque a la vida y un ecosidio ambiental» y además denunció que se contraviene a la Constitución, cuyo precepto fundamental es el carácter protagónico del pueblo, por la «ausencia total de debate público».
Tales declaraciones las hizo la exdiputada al Parlatino en la Asamblea Nacional, que este martes aprobó un acuerdo para desconocer el decreto por ser «contrario a los intereses de la Rpública».
Osorio aseguró que este decreto «afianza la lógica rentista», así como «amenaza todo el ecosistema y sus poblaciones».
«La gran minería es incompatible con la preservación ambiental», sentenció quien fuera responsable de la cartera del ambiente durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, cuando se revocó la concesión a la empresa canadiense Gold Reserve.
La exministra también recordó que Hugo Chávez le indicó que si no había medidas que garantizarán la preservación del medio ambiente, «el oro se queda debajo de la tierra».
Apelando a este «recuerdo», señaló que «las consecuencias trascienden al territorio nacional».
Criticó además que el presidente Maduro aprobara un decreto cuyas ganancias se estiman en 28 mil millones de dólares pero el daño ambiental no es «cuantificable». Asimismo señaló el hecho de que Nelson Merentes haya firmado 150 contratos de oro y coltán y que no se conozcan detalles de estos convenios. «El Ejecutivo no consultó con pueblos indígenas», sostuvo.
Con la utilización en el Arco Minero de cianuro y mercurio, en lugar de responder a los problemas que aquejan la zona, se intensificaría la toxicidad del agua y suelos.
Osorio asimismo calificó al decreto como una «irresponsable fantasía» que «atenta contra derechos ambientales y convenios internacionales».
Osorio informó que, junto a Héctor Navarro, Freddy Gutiérrez Trejo, Cliver Alcalá y Edgar Lander, introdujeron ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad con medidas cautelares contra el decreto sobre el Arco Minero. Asimismo solicitan la nulidad al parlamento de este instrumento legal.
La oposición coincide con Osorio e insiste en que esa explotación y exploración generará impactos ambientales graves y que el decreto es usado para «salir de la falta de dinero que tiene el gobierno».
Además, critican que el territorio que abarca el Arco Minero, un espacio terrestre equivalente al territorio de Panamá o Cuba, se entregue a empresas bajo contratos que no pasan por la Asamblea.
El oficialismo por su parte alegó que con este decreto se garantiza que el oro esté en manos del Banco Central de Venezuela y que es el presidente Maduro quien tiene el control de la Hacienda Pública.
Acusan a la oposición de querer tener el control del oro como «estrategia para debilitar la moneda».
A pesar de tener a Chávez como elemento común, la bancada oficialista «lamentó» la vocería de Ana Elisa Osorio. «Estos ex funcionarios que trajeron hoy, no hicieron nada para frenar la minería ilegal», espetó el diputado Hugbel Roa.
Así, la mayoría opositora aprobó:
- Desconocer el decreto por ser contrario a los intereses de la República.
- La Asamblea niega la autorización al ejecutivo nacional sobre el Arco Minero.
- Se mantiene vigencia del régimen especial de Protección en Delta Amacuro y Bolívar, conocido como Reservas Forestales.
- Se crea comisión mixta entre las Comisiones Permanentes de Ambiente, Energía y Petróleo y Pueblos Indígenas para realizar un informe con recomendaciones sobre el tema.
