El Estado venezolano debe hacer su mejor empeño para evitar que se repitan los hechos del Caracazo
COFAVIC
Ante las circunstancias actuales de descontento social, debido a una serie de causas estructurales y coyunturales que no han sido atendidas eficiente y empáticamente por el Estado venezolano, COFAVIC alerta a la opinión pública sobre la frustración y la rabia que experimentan amplios sectores de la población y cuyas manifestaciones no pueden seguir siendo minimizadas ni desatendidas y mucho menos enfrentadas con represión o intolerancia política.
En ese sentido, COFAVIC insta al Estado venezolano a investigar de manera independiente, exhaustiva y conclusiva los crímenes que se han cometido en el marco de manifestaciones públicas, entre ellos los de: Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años, quien cayó al recibir disparos de perdigones en el rostro, presuntamente por parte de funcionarios de la Policía del Estado Táchira, en medio del saqueo de un camión de carnes en esa entidad andina; José Antonio Tovar, de 21 años, quien murió cuando presuntamente la Guardia Nacional Bolivariana intentaba controlar los saqueos que sucedieron el pasado 9 de junio en Petare, hecho en el que varias personas resultaron heridas de bala; y Luis Josmel Fuentes, de 21 años, asesinado en Cariaco, cuando presuntamente funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron controlar los conatos de saqueo que se registraron en la zona.
También en comunicado público difundido el pasado 14 de junio, COFAVIC solicita la derogación del Decreto número 2.323, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.227, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dado que el mismo no establece de manera específica las garantías restringidas, lo cual deriva en una suspensión general e inconstitucional de todos los derechos humanos y las garantías previstas en la Constitución y abre la posibilidad de una suspensión del Estado de Derecho no previsto en la Carta Magna, representando un grave riesgo a los derechos humanos y las libertades públicas, contraviniendo al artículo 337 de nuestro texto constitucional.
Ha exigido además, el cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 29 de agosto de 2002, que solicita la adecuación de los mecanismos de control de orden público a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución de Venezuela. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, de manera que se respeten las normativas del uso proporcionado de la fuerza, del debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. Por otra parte, debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumplir con la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de la CRBV.
Por otro lado, se alerta sobre la necesidad de tomar medidas de carácter humanitario imprescindibles para disminuir los niveles de desabastecimiento, polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole.
Como sociedad estamos obligados a tomar lecciones del pasado para no repetir los errores, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, los medios de comunicación, y las organizaciones civiles, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir a la escalada de violencia política que está en desarrollo en el país.
COFAVIC es una organización integrada mayoritariamente por las víctimas del Caracazo y el trabajo de 27 años por la justicia y en contra de la impunidad le dan la estatura moral para hacer un llamado al Estado venezolano y a la sociedad para que los hechos del Caracazo no se repitan nunca más en Venezuela, ni en cualquier lugar del mundo.
Los hechos del Caracazo deberían estar presentes en la memoria histórica de nuestras autoridades y hacer todo su mejor empeño para evitar que se vuelva a repetir en nuestro país, una situación tan grave que dejó enlutados a centenares de hogares venezolanos y que manchó de manera generalizada la memoria institucional e individual de nuestras fuerzas de seguridad.
En COFAVIC creemos que el país atraviesa una grave crisis que debe ser atendida sin dilaciones, pero se debe tener presente que la proporción de un desbordamiento social es inimaginable en las condiciones actuales de violencia endémica y frustración que presenta Venezuela. Hoy día hay miles de armas ilegales en manos de la población, bandas organizadas y grupos armados civiles que representan un claro debilitamiento del Estado de Derecho. El Estado no puede seguir manteniéndose a espaldas de esa situación y todos los factores políticos del país deberían procurar alcanzar entendimientos mínimos que impidan más sufrimiento de nuestro pueblo y las posibilidades de situaciones impredecibles de violencia y de dolor para todos.
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