El diputado Biagio Pilieri junto a los familiares de los 27 detenidos en Yaracuy tuvieron un derecho de palabra en la Comisión de Política Interior para denunciar las violaciones al debido proceso en su caso
Gabriela González
Unos 23 días han pasado desde la detención de 27 personas en Aroa, Municipio Bolívar, estado Yaracuy. Estas personas fueron acusadas, en un principio, de promover saqueos. Sin embargo, la imputación cambió al momento de ser presentados en tribunales, acusándoseles de ultraje (tipificado en el artículo 222 del Código Penal) a los 27 y daños (tipificado en el artículo 473 del Código Penal) solo a Pedro Hernández.
El juez del Tribunal Segundo de Control dictaminó una medida cautelar con dos fiadores para cada uno de los detenidos. Estos fiadores que solo debieron consignar solvencia de buena conducta y constancia de trabajo. Sin embargo, el juez no fijó las unidades tributarias (tipificado en el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal) a pagar, lo que constituye una irregularidad.
Desde hace quince días, los fiadores entregaron la documentación pero solo ha sido verificada la de dos.
De los 27 detenidos, por lo menos cuatro militan en partidos políticos de oposición. Sus familiares denuncian que fueron sacados de sus casas en medio de la noche. No estaban presentes al momento de producirse las protestas contra los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP).
El diputado Pilieri denuncia además que los 27 presentan sarna, dadas las malas condiciones en las que se encuentran detenidos.
El caso de una pareja resalta. La mujer salió a comprar en la panadería y nunca regresó. Había sido detenida. El esposo, quien cuidaba a la bebe de menos de un año, preocupado porque su esposa no regresaba, le pidió a su vecina que cuidara a la niña mientras él salía a buscarla. Fue detenido.
La bebe se encuentra con esa vecina desde hace casi un mes sin poder ver a sus padres.
Ante esta situación el diputado Pillieri y los familiares y amigos de los detenidos, solicitaron los «buenos oficios» de la Comisión presidida por la diputada Delsa Solórzano para investigar lo que consideran como privación ilegítima de libertad.
La comisión aprobó crear una instancia especial que investigue lo ocurrido, presidida por el diputado Teodoro Campos. Además, la diputada Solórzano remitirá solicitudes al Ministerio Público y al juez de la causa con información. También a la Defensoría del Pueblo para que velen por los derechos de los 27 detenidos.
El diputado Biagio Pilieri responsabiliza al gobernador de la entidad, Julio León Heredia, de haber señalado públicamente a estas personas sin prueba alguna, así como de torpedear la liberación de estas personas.
