La denunciada «operación morrocoy» y la ubicación de centros de verificación han sido los mayores obstáculos para el inicio del referendo revocatorio
Redacción La Razón
Entre requisitos sobrevenidos y lapsos de espera extendidos se ha llevado a cabo un proceso de solicitud de un Referendo revocatorio que los especialistas y ciudadanos califican de «titánico y sin precedentes».
Desde hace más de dos meses la oposición ha canalizado esfuerzos para activar un referendo electoral que revoque el mandato presidencial de Nicolás Maduro. Este derecho está consagrado en el artículo 72 de la Constitución Nacional, donde se establece que transcurrido la mitad del periodo de los funcionarios electos por votación popular, un número no menor del 20% de los electores inscritos en el registro electoral podrán solicitar la convocatoria de un referendo.
Pero el procedimiento se ha llevado a cabo bajo la implementación de diferentes reglamentos y la reinterpretación de la normativa que regula la promoción y solicitud de referendos revocatorios.
Laura Louza, directora del Observatorio Venezolano de la Justicia, afirma que existe una «constante e improvisada modificación de las reglas de juego» en las decisiones del CNE lo que deriva en un debilitamiento de la democracia. Para el abogado José Ignacio Hernández, se han materializado al menos 5 violaciones a las normativas durante los procesos y revisiones efectuado por el CNE hasta los momentos.
Requisitos son usados como retraso
Las trabas comenzaron con la misma consignación y aprobación de los documentos formales entregados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la emisión de la planilla como requisito previo. Transcurrieron 40 días para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera un pronunciamiento al respecto.
Tibisay Lucena, presidenta del ente, exigió posteriormente un porcentaje de firmantes equivalente al 1% de los electores por cada estado para poder aceptar la promoción del revocatorio.
Esta decisión se basó en la Gaceta Electoral número 405, del 18 de diciembre de 2007, donde se publica la norma. Sin embargo, no existen precedentes claros del instrumento, pues en el año 2004 las fases se contemplaron de forma distinta y en 2007 se usó de forma ambigua, dejando dudas en la instrumentalización de los requisitos que en él se especifican, como la identificación biométrica.
Esta validación, realizada a través de máquinas captahuellas, es la que más inconvenientes y retrasos ha generado. La MUD ha emitido distintas denuncias por considerar que el CNE debería permitir más centros y máquinas para agilizar una validación que debe cumplirse en 5 días, según el artículo 10 del reglamento.
Hernández explica que el CNE acumula un retraso de al menos 86 días en el procedimiento revocatorio, aunque de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales debería actuar con celeridad. «En situaciones normales, frente a las violaciones del CNE podría acudirse a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pero nuestra situación no es normal», señala el abogado.
El requisito de un porcentaje regional ha obligado a la MUD a desplegar una maquinaria de base
«La norma del CNE establece taxativamente que se requieren 197 mil firmas, si el CNE no hubiese reintepretado su normativa la oposición hubiese podido decir ya desde el miércoles que se logró el 1%», afirma el periodista especialista en procesos electorales, Eugenio Martínez.
El requisito de un porcentaje regional ha obligado a la Mesa de la Unidad a desplegar una maquinaria que permita la identificación de electores validados y en especial la movilización a los centros de autenticación. Solamente en la sede de validación de Plaza Venezuela, sede central del CNE en el Distrito Capital, la MUD cuenta con 120 militantes y 27 autobuses para el traslado de electores.
Los puntos finales fueron colocados en las sedes de Juntas Electorales Regionales de 128 municipios, obligando a firmantes de sectores periféricos a ir hasta las capitales de sus estados. Además, para esta fase se habilitaron 300 captahuellas a nivel nacional.
Puntos de validación insuficientes
«Faltaron criterios poblaciones y sobraron intereses políticos», así explica Eugenio Martínez la decisión de las ubicaciones de los centros de verificación.
Según los cálculos del periodista, de las 300 máquinas que desplegó el CNE, solo 103 fueron colocadas en zonas de alta densidad de firmantes. «Se colocaron 103 captahuellas en zonas donde firmaron 490 mil, otras 100 en donde firmaron 21 mil personas y 97 en donde firmaron 106 mil».
El reducido despliegue anunciado por los rectores del CNE se ha sumado a los retrasos excesivos durante las jornadas. El gobernador Hernique Capriles denunció una «operación morrocoy» el día lunes, que según otros voceros opositores se ha mantenido en la semana.
La confluencia de un gran número de personas por cada centro también ha congestionado la estructura del sistema. Los firmantes que han colocado su huella denuncian que las computadoras se recalientan y deben apagarlas por momentos para continuar operando.
En el estado Nueva Esparta, única región donde aun no se logra el 1% del padrón electoral, unas 5 máquinas fueron habilitadas para prestar servicio a las 36.299 personas autorizadas para validar su firma.
En comparación, las primarias del Psuv de 2010 contaron con 198 captahuellas en toda la entidad y en las que votaron poco más de 33.400 electores, según datos del CNE.
«Es el único estado del país donde han venido disminuyendo por día la participación de firmantes en la autenticación. La oposición ha denunciado que cada captahuella está registrando 10 personas por hora, a pesar de que se mantiene la afluencia de colas», comenta Martínez.
La confluencia de personas en pocos centros ha congestionado el sistema
«La organización de los electores que van a validar ha sido un proceso titánico. Comenzamos el lunes sin saber muy bien como se iba a organizar todo, fue el día que vino menos gente porque nadie sabía qué esperar», dice Sascha Millares voluntaria de la MUD en Plaza Venezuela. Explica que diariamente ha hecho hasta 20 viajes para las sedes de El Junquito, Coche y Macarao transportando a los electores que «van felices a donde los lleves con tal de validar la firma».
En este mismo punto las personas pueden tardar hasta 6 horas para lograr avanzar en una cola, que da vuelta completa a la cuadra, hasta la captahuella.
«A mí no me importa que ya hayan pasado el 1% yo quiero firmar para que no haya objeción, porque luego se raspan a otro gentío y quedamos sin nada», dice Katiuska Cova bajo la lluvia de Caracas esperando su turno para colocar el pulgar.
Ya durante la digitalización de las planillas unas 605.727 rubricas quedaron invalidadas por errores ortográficos, duplicación de huellas o falta de datos. Este mismo recorte de firmantes podría ocurrir con el proceso biométrico, a pesar de que la máquina haya leído los datos sin inconvenientes.
Martínez señala que durante elecciones regulares un promedio de 11% de los votantes debe pasar a ejercer su derecho sin ser autorizado por el sistema de huellas por errores en la lectura.
La validación por sistema biométrico no se había realizado anteriormente en referendos
Este paso ha sido calificado por los expertos como una obstrucción innecesaria. Al respecto, la organización Acceso a la Justicia recuerda un fallo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia contenido en la sentencia N° 103, del 8 de agosto de 2013, que suspendió mediante un amparo cautelar la necesidad de verificar regionalmente las firmas para la postulación de candidatos por iniciativa propia.
La sentencia establece que “exigir la presentación ante la Oficina Regional Electoral, de un determinado número de electores que manifestaron su voluntad de apoyar mediante firma la postulación respectiva, a los fines de su validación, se traduce, en apariencia, en una limitación desproporcionada e irrazonable del derecho a la participación, dado que pareciera suficiente a los efectos del cumplimiento del requisito por parte de quien pretende ser candidato por iniciativa propia, que proceda a consignar las firmas exigidas bajo las condiciones y requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral”.
Para los voceros de la organización el fallo representa un claro antecendente que no fue tomado en cuenta.
