¿Se activó o no la Carta Democrática en la OEA? La respuesta dependerá de la fracción a quien se le pregunta
Gabriela González
La oposición y el gobierno se atribuyen victorias fuera de las fronteras de Venezuela. Lo cierto es que el país está en la mira de la comunidad internacional. Así, el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Luis Florido, fue tajante al decir que, «los objetivos fueron cumplidos. La Carta Democrática está activada».
Mientras que, otros opositores argumentaban que la denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) «no es contra la Patria o la soberanía. Es contra un gobierno impopular, ineficiente». Además, recordaban que la OEA «no tiene cascos azules».
Los opositores insisten en que, al discutirse y aprobarse el orden del día, se activó la aplicación de la Carta puesto que «se aprueba discutir sobre un gobierno» y hay un «conocimiento colectivo» de la situación.
Esta tesis es apoyada por el Predidente del parlamento, Henry Ramos Allup, quien además insiste en que el gobierno trata de identificar patria con gobierno, «para colocar a todo el que no esté de acuerdo, como traidor a la Patria».
También insiste en que se recurrió a un organismo al que Venezuela forma parte y ha ratificado los tratados y la propia Carta Democrática el 11 de septiembre de 2001. Incluso, recuerda cómo Venezuela solicitó la activación tras el golpe de Estado de 2002.
Luego de la alusión al golpe de 2002, Ramos Allup manifestó que «a mí no me pueden acusar. Yo estaba aquí (Asamblea), no en Miraflores. No estoy de acuerdo con golpes. Ni el de Chávez, ni el que le dieron a Chávez, ni el autogolpe que está montado el gobierno». Agregó que no está de acuerdo con los militares en la política. «Ni los militares de Chávez, ni éstos ni los que están contra ustedes ahora y andan buscando un golpe», destacó.
Antes de repetir lo que se ha convertido en una especie de consigna o mantra para los opositores, Ramos Allup señaló que «el gobierno le teme a la Carta como al revocatorio». Luego vino la frase: «el revocatorio será este año a pesar de las trampas que pongan».
Sobre su derecho de palabra en la OEA, que el oficialismo asume como derrota para la oposición, el presidente de la Asamblea calificó los triunfos del oficialismo como «miserables» por hacer un punto de honor que él hable o no. «Gran cosa», manifestó.
Volvió a sostener que a República Dominicana «no vuelven» y que, de haber diálogo, puede realizarse en la OEA o en el país, «a no ser que teman que se haga aquí», dijo.
La respuesta oficialista no se hizo esperar. El jefe de bancada oficialista, Héctor Rodríguez, descartó la aplicación de la Carta. «Fueron a la OEA y regresaron con una derrota. Qué triste papel están jugando», expresó. Para el PSUV, solo se aprobó el orden del día.
Criticó que la oposición se negara a sentarse en la «mesa productiva» y que tras pedir a los expresidentes como facilitadores, tampoco se quieran sentar.
Rodríguez asegura que en el país existe un debate sobre dos modelos: el de justicia social y de derecho que, según él, representa el gobierno, y el modelo neoliberal que propone la oposición.
El PSUV acusa a la oposición de querer «validar» la tesis del Secretario de Estado norteamericano, Jhon Kerry, en la que una intervención sería posible si se declara una crisis humanitaria.
«Basta de agendas de guerra para conseguir algo que no pueden con votos», exigieron los oficialistas.
De esta forma, concluyó un debate que no tuvo acuerdo de ningún tipo pero sí la inclusión en el debate de un nuevo término para acusarse mutuamente: «cara e’ tabla».
No a las drogas
El último punto en agenda fue un Acuerdo sobre el día contra el uso indebido y tráfico de drogas. A propósito de esto, la oposición criticó que Venezuela se haya convertido en un «país de paso» para estas sustancias prohibidas.
Según las cifras aportadas por el diputado José Luis Pirela, 20% de la cocaína pasa por el país, mientras que la cifra para otras drogas llega al 40%.
Pirela llamó a la reflexión, manifestando que «todos los partidos políticos están obligados a vigilar e investigar cómo se financian sus dirigentes».
