Feliciano Reyna: “Hay una violación constante al derecho a la salud”

Se ha considerado la cooperación de Ocha (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), organismo de las Naciones Unidas que opera junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud; Echo (Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea), una institución de la Unión Europea que analizó y determinó la gravedad de la crisis; y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En las reuniones sostenidas con sus representantes pudimos percibir su preocupación por la situación del país y su deseo de cooperar.

Encontramos por parte del Gobierno una actitud absolutamente cerrada. Es un discurso común del Presidente de la República, la ministra de Salud, el defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el embajador venezolano ante la OEA que esa ayuda sería violar la soberanía nacional y abrir las puertas a una intervención extranjera. Esto es absolutamente absurdo, por el contrario, dichas organizaciones cuentan con la capacidad para apoyar al Estado venezolano en brindar respuesta a la población. Estas instituciones se pusieron de espaldas al pueblo, apoyan un proyecto ideológico-político por encima de las necesidades de salud y alimentación.

«apoyan un proyecto ideológico-político por encima de las necesidades de salud y alimentación»

Sin embargo, seguimos trabajando con organizaciones más pequeñas para el trámite de donaciones de medicinas y las mismas están ubicadas en Estados Unidos, España, Italia, México y Chile. El envío a Venezuela es facilitado por pasajeros que traen los medicamentos en sus maletas y, afortunadamente, ha habido la buena voluntad de los funcionarios.

En junio donamos medicamentos a 283 personas y de las cuales 30 recibieron antirretrovirales para el tratamiento del VIH. Es decir, que 253 obtuvieron antihipertensivos, anticonvulsionantes, antialérgicos y antibióticos. Esto nunca nos había pasado, en ocasiones se donaban tratamientos para enfermedades relacionadas con el VIH pero no para otras patologías. Esto ha ampliado nuestro banco de donación y, por supuesto, nuestra disposición para continuar cooperando y brindando ayuda.

Nos ha impactado mucho que han venido hasta nuestra sede muchas señoras adultas mayores, de 70 años de edad aproximadamente. Casi siempre vienen solas y angustiadas, hablan con nosotros de su problema de salud y hacen catarsis. Por lo general, solicitan 3 o 4 medicamentos que necesitan. La mayoría proviene de urbanizaciones populares del oeste de Caracas. También nos visitan adultos mayores y el medicamento que más necesitan es para la hipertensión. Hace poco atendimos a una muchacha que no pudo continuar pagando las consultas médicas porque se había quedado sin dinero y debe operarse para colocarse una prótesis; ella es, además, diabética. En todos percibimos la sensación de incertidumbre, desamparo y angustia por no saber si podrán continuar con su tratamiento.

Casi todos nos aseguran que tienen problemas para alimentarse, nos hablan del alto costo de la vida, de la inflación, por supuesto, su angustia es enorme. Hemos ayudado a una muchacha que es madre de un niño y un adolescente, su esposo falleció y nos ha dicho que solo come una vez al día y, además, tiene que hacer largas colas para conseguir la comida para sus hijos. “Prefiero sacrificarme y que mis hijos estén bien”, nos dijo.

Fue muy frustrante que la Ley Especial para atender la crisis en materia de salud no hubiese sido votada por los diputados del oficialismo aun cuando la apoyaron al comienzo. Nosotros participamos en algunas consultas, dimos nuestra opinión y propusimos varios textos. Posteriormente, el TSJ la declaró inconstitucional con una sentencia llena de argumentos todos falaces. Por ello decimos que el Presidente de la República, la ministra de Salud, Vicepresidente Ejecutivo, el defensor del Pueblo, el presidente del Ivss y los magistrados del TSJ son responsables del sufrimiento y muerte de la gente que ha necesitado medicamentos.

Sin ninguna duda. En este momento la población warao, por ejemplo, no tiene acceso a los antirretrovirales; la mortalidad materna ha crecido según las cifras oficiales; los niños y las niñas fallecen a causa de la carencia de medicamentos e insumos en los hospitales; las personas con hemofilia sufren y mueren porque no consiguen sus medicamentos; los enfermos de cáncer no pueden paliar el dolor; los trasplantados están bajo riesgo de perder su trasplante; y 4 mil personas no tienen acceso a algunos fármacos. Todo esto es una violación constante al derecho a la salud.

El problema surge cuando, por ejemplo, los Clap no censan a las casas hogares donde viven los ancianos porque, según ellos, no forman un núcleo familiar. Pasa lo mismo con aquellas casas donde se atienden a los niños, niñas y adolescentes ¿Entonces, dónde pueden ellos comprar la comida? Es una situación que está causando un daño irreparable a una parte importante de la población venezolana.

Fue un buen esfuerzo, inclusive la Farmacia de Alto Costo que está en Los Ruices, Caracas, cuenta con muy buenas instalaciones. El problema es que no ha habido dotación suficiente y el Gobierno se justifica diciendo que el problema es el precio del petróleo. Las Farmacias de Alto Costo venían funcionando bien pero ahora están racionando los medicamentos que necesitan los pacientes. Estas estructuras tienen problemas de gestión, de malgaste de recursos, no tuvieron previsión frente a la situación petrolera y quienes resultan afectados son las personas. Si el Estado perdió la capacidad de respuesta, entonces se debe considerar la cooperación internacional.

Si no quieren usar el término, no lo usen. La ONU establece la importancia de la cooperación internacional cuando hay situaciones de necesidad humanitaria y bajo un contexto de fragilidad institucional. Lo cierto es que hay una necesidad humanitaria: se está vulnerando el derecho a la alimentación y a la salud de miles de personas en Venezuela y ello está produciendo efectos físicos y emocionales importantes.

Está muy deteriorado porque no cuenta con los insumos básicos, equipos fundamentales tales como tomógrafos presentan fallas, es decir, no está dando respuesta a pesar de los cuantiosos recursos que el Gobierno ha invertido en ese sistema. Es también un tema de corrupción que debe investigarse.

«Forman parte de un sistema fragmentado que no brinda la atención que se necesita»

Si el objetivo de las misiones sociales no hubiese sido político-electoral para el referendo contra el presidente Chávez sino reforzar el sistema institucional de salud yo creo que habría brindado una mejor respuesta. Hoy los módulos de Barrio Adentro y los CDI forman parte de un sistema fragmentado que no brinda la atención que necesita la gente.

En Acción Solidaria hemos tenido la colaboración de 40 médicos especializados en distintas áreas y más de 20 ya se han ido de Venezuela. La mayoría está ejerciendo su profesión en España, Suecia, Chile y Estados Unidos. En Venezuela se ha maltratado mucho a los médicos y ahora se agrava con las dificultades para comer y sobrevivir. Es una grave pérdida para el país que todos esos grandes médicos se vayan.

Si en julio el Gobierno no firma la orden para la adquisición de antirretrovirales con la Organización Panamericana de la Salud, más de 60 mil personas se estarán enfrentando a una situación crítica. Este tratamiento no debe interrumpirse porque, de lo contrario, el virus se hará resistente y entonces las personas necesitarán de dosis más altas para combatir la enfermedad.

El 75% son hombres, 25% mujeres y también hay un porcentaje de niños. Tienen diversas edades, estratos sociales y profesiones. Anualmente, en Acción Solidaria diagnosticamos 70 casos y la mitad tienen menos de 25 años de edad. En la medida que los tratamientos resultan efectivos entonces podemos encontrar a adultos mayores con VIH cuya situación de salud se agrava por el tema alimentario.

Estoy absolutamente de acuerdo. La Constitución Nacional establece que todas las personas son iguales ante el Estado y que tienen los mismos derechos. Es momento que la AN asuma su responsabilidad para que haya garantía de igualdad entre todos los venezolanos. Dos personas del mismo sexo tienen el derecho de casarse por lo civil y bajo la legislación venezolana, inclusive con la posibilidad de adoptar, es decir, con todo lo que significa la unión entre dos personas.

La posición del defensor del Pueblo, Tarek William Saab –y ocurrió lo mismo con Gabriela Ramírez-, es defender los intereses del Gobierno y estar de espaldas a la población venezolana. En 2013 y 2014 hubo violaciones graves a los derechos humanos y fueron invisibilizadas por la Defensoría del Pueblo. El resultado de esta institución, después de tanta ilusión y expectativa a partir de su creación, ha sido muy decepcionante.

Es grave la proliferación de armas en manos de la población y que se hayan cedido espacios a grupos delincuentes. Las OLP, por su parte, han terminado siendo operaciones militares que violentan las comunidades y producen detenciones masivas.

Ha habido cierre de espacios de opinión y participación, sin embargo, lo más preocupante es la represión que pudiese ir en contra de la gente.

Esa propuesta de diálogo no suena sincera pero todo esfuerzo de cualquier mediador es absolutamente bienvenido. Hay que dar muestras que el diálogo no solo es una palabra sino que es el camino para lograr avances en la salida de una situación crítica.

Hasta ahora solo en Caracas aunque contamos con la alianza de organizaciones regionales. Nos preocupa mucho no poder enviar los medicamentos a través de los servicios privados de correo. Esto es algo absurdo. En 1998 creamos un servicio de atención telefónica a través del número 9522009 que inicialmente solo atendía casos de VIH pero que en los recientes años se ha ampliado a otras enfermedades. Hemos atendido 25 mil llamadas desde 1998.

Hacemos campañas informativas para que las personas analicen si han estado bajo riesgo de contraer el virus del VIH. Quien considere que ha sido así puede venir a Acción Solidaria en donde realizamos la prueba de detección y cuyo costo es de 300 bolívares. De todas las pruebas realizadas el 15% resulta reactivo y la mitad tiene menos de 25 años de edad. Ninguna asesoría tiene costo, también ofrecemos consultas médicas y su costo es de 800 bolívares.

«Entre 2009 y 2011 realizamos un estudio en siete estados del país que determinó que un alto porcentaje de personas con VIH considera que es discriminada»

Sigue habiendo discriminación. Entre 2009 y 2011 realizamos un estudio en siete estados del país que determinó que un alto porcentaje de personas con VIH considera que es discriminada. Supimos, por ejemplo, sobre el caso de una doctora con VIH que acudió a un centro médico para efectuarse una gastroscopia y la dejaron en el último turno cuando se enteraron que tenía el virus. Esto es discriminación porque esos implementos médicos deben ser desinfectados de la misma manera con todos los pacientes. También hay mucha discriminación con las personas transgéneros.

En 1995 mi pareja murió por sida. En 1981 yo trabajaba como arquitecto en Nueva York y durante esa época se comenzaron a conocer los primeros casos de la enfermedad. Comencé a investigar sobre el tema, a leer, a establecer contactos con médicos, es decir, me involucré de manera fortuita. En octubre de 1995 tomamos la decisión de fundar Acción Solidaria con la finalidad de facilitar el acceso a los tratamientos para el VIH.

A través de los servicios que brindamos, donaciones de empresas, donaciones individuales y subastas de obras de arte.

Es una experiencia que agradezco mucho a la vida porque me ha permitido conocer a gente extraordinaria. A veces recibimos ataques de personajes del Gobierno como Diosdado Cabello, quien intenta desacreditar nuestra labor, pero nosotros sabemos que estamos haciendo el bien y lo correcto.

Hace años que dejamos a un lado arquitectura para dedicarnos a esta misión y a la gente.