Haber hipotecado el futuro de la nación es un error que debe ser subsanado
EDE
El presidente Maduro puso su firma en la venta del futuro de la nación a las trasnacionales. Él, que se dice obrerista, se hace llamar revolucionario, ha vendido a la República, con el visto bueno de todos los ministros, con el respaldo silencioso del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados.
Todo eso de crear un Ministerio de Minería Ecológica parece una movida insuficiente para tratar de tapar las culpas. Lo que se está jugando en el Arco Minero es el futuro del país, no sólo desde el punto de vista ecológico, que ya es bastante, dada la importancia de los bosques y aguas que serán arrasadas por la fiebre del oro que ha contagiado a los gobernantes.
Desde el punto de vista de a soberanía, de la viabilidad de Venezuela como nación que, visto lo visto, no ha aprendido que el rentismo es un error que se paga caro.
En el Ejecutivo parecen enfermos de renta; mal que también afecta al Banco Central de Venezuela, a su directiva en pleno. A ver si lo entendemos bien: Maduro ha entregado los bienes naturales de la razón a un puñado de empresas mineras.
Ha decretado la muerte de la biodiversidad de la extensa región y ha condenado a los pueblos originarios que hacen vida en esas zonas también a desaparecer, a sufrir las heridas de la minería.
Lo más lamentable de toda esta situación es que la rúbrica del Presidente representa un gran negocio para los grupos de poder vinculados al Ejecutivo, que salivaron como locos cuando se hizo realidad el despropósito que debe ser revertido.
Algunos creen que estos “contratos leoninos” son inviables y allí también existe un negocio: firmar un convenio contrario a las leyes para después demandar a la nación ante el Ciadi por incumplimiento.
Es el daño al país por todos los costados, una verdadera traición a la patria. La Asamblea Nacional aprobó hace semanas un acuerdo en donde “desconoce” y niega la autorización constitucional al Ejecutivo sobre el Arco Minero.
Ahora son los venezolanos los que deben defenderse del Ejecutivo. Los movimientos sociales, las ONG y los ciudadanos conscientes de las consecuencias que la entrega del Arco Minero tendrá para las generaciones por venir, deben hacer sentir su voz, evitar que se ejecute un atropello. La Constitución y las leyes están de su lado.
