Un alto vocero del Gobierno ha dicho pomposamente que la nueva política minera es “profundamente soberana, ecologista y con una visión de desarrollo integral”. ¡Inaudito!
Luis Fuenmayor Toro
Si hay un caso más que claro de la actitud antinacional del Gobierno chaveco es el de sus relaciones con la empresa minera canadiense Gold Reserve.
No voy a perder tiempo argumentando sobre la trayectoria de dicha empresa como destructora del ambiente, que la tiene y mucha. Con seguridad otros se encargarán de hacerlo.
No voy a meterme tampoco con el ecocidio que resulta de la política del Arco Minero del Orinoco, pues si bien es algo totalmente cierto y completamente condenable, mucho mayor ecocidio se ha producido en la Faja Petrolífera del Orinoco y esto parece no importarles a los neo protectores del ambiente, quizás porque el mismo se dio durante la Presidencia de Hugo Chávez Frías.
Para algunos políticos contestatarios es más fácil criticar a Maduro que analizar el desastre ocurrido en vida del “Comandante eterno”.
El caso de la Gold Reserve es emblemático en éste y muchos otros sentidos, como veremos.
La apertura petrolera de Chávez supera con creces la entrega de la soberanía de las aperturas de CAP II y Caldera II
Gold Reserve fue expropiada por Hugo Chávez en 2009, en una de esas “explosiones nacionalistas” del eterno, quien no tomó en cuenta que el reclamo de la empresa ante esta improvisada acción sería dilucidado en un tribunal internacional y no en los tribunales venezolanos, ya que la Constitución bolivariana, precisamente a instancias de Chávez, mantuvo esta posibilidad en su artículo 151, al eliminar el carácter absoluto de la inmunidad de jurisdicción establecido en el artículo 1.
Todas las constituciones de Venezuela, hasta 1947, obligaban a que los reclamos de empresas extranjeras ante el Estado venezolano debían decidirse en los tribunales nacionales y no en comisiones de arbitraje ni en tribunales del exterior.
Como aporte adeco y betancourista, la Constitución de 1947 incorpora la disposición que permite la posibilidad de que sean tribunales extranjeros quienes decidan al respecto.
De allí en adelante, nuestras constituciones, incluida la “revolucionaria y bolivariana” actual, han mantenido esta disposición anti nacional.
Como consecuencia de una decisión contraria al país, Venezuela es condenada a pagar a la empresa Gold Reserve la cantidad de 759 millones de dólares, como compensación por la nacionalización de sus operaciones hecha por Chávez.
Recientemente, otra empresa canadiense (Crystallex), que operaba también en Las Cristinas, ha sido favorecida por otro tribunal arbitral internacional, que ordena a Venezuela el pago de 1.386 millones de dólares, como compensación ante la nacionalización efectuada por Hugo Chávez.
Más de dos mil cien millones de dólares le cuesta al país, en uno de sus peores momentos, las acciones irresponsables de Hugo Chávez Frías; no por efectuar la nacionalización de estas empresas, sino por hacerlo sin el debido estudio, de manera improvisada y politiquera, sin tomar las previsiones necesarias y a sabiendas de que la Constitución, por orden suya, permitía las acciones contra Venezuela de tribunales extranjeros.
Pero el caso de Gold Reserve no se queda en lo que hemos dicho hasta ahora.
Luego de perder y ser condenada Venezuela al pago señalado, el cual deberá hacerse este mismo año, el Gobierno “revolucionario” y “antiimperialista” de Maduro, Cabello, Padrino López, Aristóbulo y otros, decide llamar a quien lo demandó y le ganó el juicio, para proponerle ser socios en la creación de una empresa mixta para explotar oro en el Arco Minero del Orinoco, empresa donde la canadiense tendrá casi la mitad de las acciones (45%).
De expropiada, la transnacional pasa a ser nuestra socia. Esto es parte del legado de Hugo Chávez, quien luego de acabar con los contratos de servicio en la Faja del Orinoco, con el argumento de que las contratistas nos estaban robando (¿?), decide asociarse con las empresas ladronas y crear unas empresas mixtas con las que se comparte la propiedad del petróleo que se encuentra en el subsuelo.
La “apertura petrolera” de Chávez supera con creces la entrega de la soberanía de las aperturas de CAP II y Caldera II.
Pero el amor por la transnacional canadiense no termina aquí.
El profundo antiimperialismo del gobierno chaveco vuelve a aparecer y, además de pagar los intereses acumulados desde la nacionalización chaveca hasta febrero de este año, se decide comprarle a la empresa la “data minera” que posee sobre sus explotaciones en Venezuela por 240 millones de dólares.
Como se ve que no les importa nada hipotecar el país y gastar a diestra y siniestra, favoreciendo nuevamente a la transnacional que nos demandó y ganó el juicio en tribunales nada imparciales.
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez tenían mucha mayor consciencia nacional que cualquiera de estos demagogos entreguistas.
Con todo y lo que hemos señalado, la inversión de la Gold Reserve no está en absoluto asegurada.
La empresa ha señalado que los socios, es decir ellos y Venezuela, están buscando “levantar” 2.100 millones de dólares, que sería el monto de la inversión de empresa mixta recién creada entre ambos.
Para colmo. Un alto vocero del Gobierno ha dicho pomposamente que la nueva política minera es “profundamente soberana, ecologista y con una visión de desarrollo integral”. ¡Inaudito!
Nada sabemos sobre si habrá transferencia tecnológica, nada sobre si la empresa creada efectuará aportes dirigidos al desarrollo científico y tecnológico venezolano y a la recuperación ambiental.
Ni si los descubrimientos o conocimientos que se produzcan con motivo de las actividades mineras serán propiedad del país.
No se conocen las contrataciones que se discuten con las transnacionales, como no se conocieron en el pasado las efectuadas por Hugo Chávez con las transnacionales de la Faja del Orinoco.
Se sigue el nefasto “legado de Chávez”.
