“Convierten en legales aquellas actividades que son ilegales en la minería”, sostiene Vladimir Aguilar, abogado, politólogo y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (Gtai)
Carlos Díaz
El 24 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto 2.248 donde se informa sobre la creación de la Zona de Desarrollo Estratégica Nacional, Arco Minero del Orinoco, con la finalidad de extraer oro y coltán. Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena, politólogo y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (Gtai) de la Universidad de los Andes, señala en entrevista con “La Razón”, que el Ejecutivo tomó esta decisión sin medir las consecuencias que ocasionará en contra del medio ambiente y la población que habita esta región.
“Es una política extractivista que pretende sustituir el petróleo basada en estimaciones que no son reales ni tampoco suficientemente fundamentadas”, asevera. “Quieren hacer ver que el país tendrá un salto de una política petrolera a una política minera. Esos estudios no son suficientes ni adecuados. Ha faltado precisión sobre esta posibilidad”, explica.
“Guayana y Amazonas son procuradas por el capital internacional y lo está logrando a través de grupos gangsteriles”
Aguilar se refiere, asimismo, a la profundización del extractivismo por parte del Estado venezolano y lo aplica mediante la expoliación de los recursos naturales. “Recordemos que en América Latina, Venezuela es el país más contaminante de CO2. Por tanto, se está apostando a la profundización de un modelo basado en la energía fósil. Durante estos últimos 180 años de capitalismo global se ha demostrado que los modelos extractivista y de hidrocarburos no son amigables con el medio ambiente ni tampoco con la diversidad cultural”, afirma.
Señala que el Arco Minero es una zona de Guayana extremadamente frágil y donde se concentra la mayor región protegida bajo el régimen de administración especial. “Bolívar y Amazonas son territorios que tienen la mayor concentración de reservas de agua, parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales y zonas especiales donde se encuentra, por ejemplo, el embalse del Guri que cuenta con un ordenamiento jurídico especial para su protección”.
Y agrega que, por tanto, la protección legal constituida alrededor del Arco Minero no ha sido tomada en cuenta ni tampoco se realizaron procesos de consulta sobre el impacto que generará.
“El Ministerio de Minería Ecológica es una gran farsa”
LA MINERÍA PROFUNDIZA EL RENTISMO
¿Cómo serán afectadas las comunidades que habitan en la región?
La mayor concentración de pueblos indígenas de Venezuela se encuentran en Amazonas y Bolívar. En el país existen 51 pueblos indígenas, organizados y distribuidos en 3 mil comunidades. Más de la mitad de esos pueblos habitan en estos dos estados. Esto obliga necesariamente a producir un proceso de consulta previa tal y como lo establece el Artículo120 de la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos humanos e indígenas.
Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo favorece a los pueblos indígenas y el cual fue ratificado por Venezuela en el año 2001. Todos los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos son leyes de la República. Por tanto, Venezuela está obligada a abrir un proceso de consulta sobre esta materia.
¿El Arco Minero puede contribuir al desarrollo del país y garantizar un ingreso adicional de divisas en esta coyuntura de caída de los precios del petróleo?
Esa es una posibilidad que no ha sido realmente estudiada. Quienes plantean eso no tienen fundamentación sobre los costos y alcances de este proyecto ni cómo podría ayudarnos para salir de la actual crisis económica. No debemos sacrificar nuestras principales fuentes de agua y oxígeno, ni tampoco amenazar a las comunidades ancestrales de nuestro país. El desarrollismo no garantiza la superación de la crisis económica.
“Arco minero ocasionará daños contra del medio ambiente y la población indígena”
¿Qué tipo de empresas participarán en este proyecto?
Son empresas chinas, rusas, canadienses, cubanas, y las cuales no podrían participar en sus países en proyectos similares sin antes realizar los debidos procesos de consulta. Son empresas que vienen de países donde tienen códigos de conductas y legislaciones que las obligan a seguir normas con rigurosidad. En Venezuela tenemos legislaciones muy importantes en este sentido, por ejemplo, en la Constitución se garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Sin embargo, el gobierno se olvida que tiene limitaciones legislativas para desarrollar este tipo de actividades.
¿La explotación minera puede contribuir con el fin del rentismo petrolero?
Es un extractivismo dentro del mismo extractivismo, es decir, es la profundización del rentismo. La minería no permite la superación del rentismo, tampoco la extracción del gas. Es todo lo contrario: la profundización de un modelo que sigue estando basado en la sobreutilización del combustible fósil. Recordemos que toda esta actividad minera tiene como punto de partida la utilización del combustible fósil.
“Convierten en legales aquellas actividades que son ilegales en la minería”
FALTA DE CONTROL MINERO
¿Qué opina sobre la creación del Ministerio de Minería Ecológica?
Eso es una gran farsa y una contradicción en sí misma. Pretender superar el rentismo a través de la minería es algo incongruente. No existe la minería ecológica salvo la artesanal porque se realiza a muy pequeña escala que inclusive es la que practican algunas comunidades aborígenes.
¿Tiene información sobre la tecnología que emplearán estas empresas?
El peor escenario es la profundización de los daños ocasionados por la minería ilegal aunque a mayor escala y cuyo impacto comienzan a verse en ríos tan importantes como el Caroní, Carrao, Paragua, Caura y Orinoco. Desde las alturas se pueden apreciar los manchones marrones que nos advierten sobre una devastación en contra de una región tan importante para el mundo como la Amazonía. Recordemos que aquí existe la mayor concentración de bosques, agua y de vida animal. Todos estos son elementos fundamentales para evitar el cambio climático que amenaza a todas las especies del planeta.
“Estamos reproduciendo esquemas que están en marcha en Oriente Medio”
¿Cuál es la situación de la minería ilegal?
La falta de control sobre la minería legal es proporcional al aumento de la minería ilegal. No hay ningún tipo de vigilancia ni control, todo lo contrario, se pretende crear las condiciones para convertir a legales aquellas actividades que son ilegales. Lo que se está haciendo es entregar mayores cantidades de nuestro territorio al capital transnacional que siempre ha estado interesado en apoderarse de nuestros recursos naturales. Debo destacar que todo lo relacionado con el Decreto 2.248 comenzó a través de la minería ilegal.
¿Cuál es el poder que tienen las mafias en esa región?
La presencia de grupos gangsteriles es una tendencia en la geopolítica global. Por ejemplo, el Estado Islámico (EI) –que ha sido promovido por Occidente- ha promovido con sus acciones terroristas que se produzca la caída de los precios del petróleo. No ha sido la política del fracking sino la presencia de fuerzas irregulares en ciertas regiones del Medio Oriente donde han controlado la producción petrolera en Iraq y Libia.
El EI ha permitido en Siria el paso a Turkía de combustible que llega muy barato a Europa. Es decir, esto forma parte de una estrategia del capital financiero internacional. Muchas veces se negocia más con los grupos gangsteriles que con los Estados nación. Y esta es la amenaza que enfrentamos en el arco minero con la presencia de grupos irregulares que no son controlados por el Estado venezolano, por el contrario, se ha entendido con estos. Guayana y Amazonas son procuradas por el capital internacional y lo está logrando a través de grupos gangsteriles. Estamos reproduciendo esquemas que están en marcha en Oriente Medio y eso es muy peligroso.
“No debemos sacrificar nuestras fuentes de agua y oxígeno”
“Ha habido complicidad de la FANB”
¿La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) incursiona en actividades ilícitas en esa región?
Ha habido mucha complicidad de la FANB con la minería ilegal. Además, recordemos que se creó una empresa para la explotación minera que es dirigida por los militares. Esto es muy grave y delicado porque prácticamente la FANB renuncia a su deber constitucional de defender nuestras fronteras para formar ahora parte de un conjunto de empresas que buscan el negocio minero. Es decir, se está revistiendo de legalidad a una actividad que venían haciendo los militares de manera ilegal.
¿Cuáles instancias del poder público deben pronunciarse?
Todos los órganos deben pronunciarse, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia debería saldar su deuda pendiente con los pueblos indígenas si declara inconstitucional ese decreto.
