Durante 2016 se ha logrado producir entre 30% y 40% del consumo que demandan los venezolanos y las importaciones de alimentos han pasado de 9.300 millones de dólares en 2012 a 6.000 millones en 2015; este año no pasarán de 4.500 millones de dólares
Patricia Marcano
El último trimestre del año empieza con anuncios y advertencias en materia agroalimentaria. Desde el Gobierno se ha informado en los últimos días sobre el inicio de la cosecha de cereales (arroz, maíz blanco y amarillo, sorgo), de la siembra correspondiente al ciclo norte-verano y del éxito de las cosechas obtenidas y por obtener, mientras desde el sector privado, representado por Fedeagro, han alertado sobre tres meses más de carestía no muy distinta a la vivida hasta ahora, y de una disminución aún mayor en la disponibilidad de alimentos para el primer trimestre de 2017.
El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró el 28 de septiembre que a partir de octubre comenzará a “aparecer mucho más arroz en los anaqueles, toda vez que la cosecha ya está en marcha” (precisó que cuentan con 42.000 toneladas de arroz en los centros de acopio del Estado), y señaló que este año esperan rebasar la producción de 2.500.000 toneladas (t) de cereales (1.900.000 t de maíz blanco y amarillo y 600.000 t de arroz); “y tremenda cosecha de café vamos a tener este año, Dios mediante”, acotó el ministro.
Pero a esas cifras, como a otras dadas en alocuciones presidenciales o ministeriales, les ha faltado algo: los números sobre el consumo anual de toneladas de los rubros.
Datos de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) precisan que el consumo anual de arroz es de 1.200.000 t, un promedio de 100.000 t al mes, por lo que la cantidad anunciada como reserva en centros de acopio gubernamentales apenas alcanza para dos semanas.
Aquiles Hopkins, vicepresidente de Fedeagro, no ve posible que se supere la producción de 2.500.000 t de cereales, pues según estimaciones de la organización este año podrán producirse como máximo 1.950.000 t, divididas entre 1.500.000 t de maíz y 450.000 t de arroz.
“Eso es el 30% del consumo nacional porque el consumo anual de maíz está en 4.000.000 de toneladas y el de arroz en 1.200.000 toneladas. Abasteciendo solo a 30% del país nunca vamos a tener seguridad alimentaria”, sentencia el representante de los productores.
En Fedeagro no son optimistas con respecto a este último trimestre del año y más bien extienden su preocupación hacia el primer trimestre de 2017. “No se ha hecho nada para que la situación cambie”, asegura Hopkins, y los últimos anuncios del Gobierno sobre la reducción de cincos puntos del encaje legal (porcentaje de los depósitos totales que un banco debe mantener como reserva obligatoria en el Banco Central, explica el ente en su web) para emplear esos recursos excedentes en el financiamiento, así como la compra del 50% de la cosecha por parte del Estado, tampoco mejorarían la escasez de alimentos; los recursos serán manejados por la banca pública y el Gobierno asumirá un rol que históricamente ha tenido el sector privado.
“El problema es la caída de la producción nacional y cómo recuperarla, pero la solución no es monopolizando ni interviniendo más, ni seguir dependiendo de las importaciones”, recalca Hopkins.
No hay semillas ni tractores
Rodrigo Agudo, ingeniero químico especializado en alimentos, compara la crisis actual con la derivada de un mal diagnóstico médico, que en este caso recibe el nombre de guerra económica cuando lo que se está viviendo es “el resultado estructural de una política equivocada por más de 15 años”.
“Estamos haciendo el diagnóstico de que los alimentos existen pero por una confabulación del sector privado, para dañar al Gobierno, los esconden, así que debe sincerarse la distribución y comercialización de esos alimentos que existen y están escondidos. Esa es la guerra económica. Pero el problema real es que no existen esos alimentos”, señala el especialista.
Agudo, quien trabaja como consultor privado y asesor de organizaciones como Fedenaga, recuerda que durante 15 años el Gobierno apostó por cambiar las relaciones de propiedad, pasando de la privada o individual a la propiedad colectiva, y que mientras ese cambio ocurría se importarían los alimentos y productos necesarios con la renta petrolera.
“El objetivo era que cuando se consolidara esa propiedad colectiva o del pueblo, las importaciones se iban a sustituir con la producción estatal. Pero la destrucción del aparato productivo privado generó la caída de la producción y las empresas que pasaron a manos del Estado se convirtieron en centros de corrupción, ineficiencia, o no pudieron reactivarlas; la producción nacional cayó y el país no lo sintió mientras tenía dólares para importar”.
El Estado llegó a registrar una importación de 11.000 millones de dólares en alimentos pero con la caída de los precios del petróleo, y colapso del modelo, indica Agudo, la cifra ha ido bajando a $ 9.300 millones entre 2012-2013, a $ 8.000 millones en 2014 y a $ 6.000 millones en 2015. “Y en 2016 no van a pasar de 4.500 millones de dólares”, indica.
En ese contexto de reducción de importaciones, que no se limita solo a los alimentos procesados y materias primas para su producción sino a todos los rubros de la economía, en el país actualmente no hay semillas de hortalizas, de girasol ni de sorgo, “y ya no vinieron”, dice de manera tajante el vicepresidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins. Tampoco hay semillas de caraota y ajonjolí.
“La hortaliza se siembra todo el año, si llegan las semillas se siembra pero ya terminó septiembre, ¿cuándo van a llegar? La semilla de papa que no se trajo ya no se va a traer, el maíz y el arroz que se iban a sembrar ya se sembraron. Ya no hay posibilidad de hacer más”.
Hopkins informó que en 2015 se sembró girasol y se cosechó este año, pero en lo que queda de 2016 no habrá siembra. El girasol se necesita para producir aceite comestible pero además el subproducto de la extracción del aceite es un insumo para la alimentación balanceada de pollos, cerdos y bovinos. Eso no se producirá.
El año pasado la zafra de caña de azúcar llegó a 4.700.000 toneladas (t) y en 2016 bajó a 3.500.000 t. De maíz podían sembrarse 700.000 hectáreas (ha) este año pero terminaron siendo 400.000 ha porque no había ni hay agroquímicos, ni suficientes semillas, ni repuestos para maquinarias.
Desde 2014 no entran repuestos formalmente al país, denunció Hopkins, pero además el sector agroalimentario necesita tener 5.000 tractores al año para trabajar, y en los últimos 5 años no han llegado al país 5.000 tractores, ni siquiera 1.000 por año.
“65% de las maquinarias están obsoletas, no tienes repuestos ni capacidad de reacción mínima. Agroisleña era oferente de semillas, agroquímicos, insumos e incluso de tecnología. Hoy eso está monopolizado por Agropatria”, expresa Hopkins.
De arroz fueron sembradas 110.000 ha de 250.000 ha que podían aprovecharse, con lo cual se va a producir aproximadamente el 45% del consumo nacional. “Eso es un desastre, nosotros exportábamos arroz”, acota el vicepresidente de Fedeagro.
En el caso del maíz, en esas 400.000 hectáreas se van a producir máximo 1.400.000 toneladas, equivalentes a 30% del consumo nacional, y en el caso del café, donde Venezuela tenía 200 años de tradición exportadora, hoy se abastece entre el 25% y 30% del consumo. Los productores venezolanos de caña de azúcar generaban 70% del consumo nacional y hoy a duras penas se alcanza el 30%.
“¿Por qué no hay harina para las arepas? Porque no hay maíz. O lo importas o no hay, y ahorita no hay dólares para importar. Así de sencillo”, expresa Hopkins. Lo mismo aplica para el café, arroz, azúcar y otros rubros. En promedio, este año se ha logrado producir entre el 30% y 40% del consumo que demandan los venezolanos.
Pocas hortalizas
La ocupación o expropiación de tierras (el Ministerio de Agricultura y Tierras habla de 6.000.000 ha recuperadas); la competencia desleal de las importaciones, en un país donde se ha importado a Bs 2.15, 4.30, 6 y ahora a Bs 10 y Bs 658, sin saber los productores a cuál tasa producen, y que derivó en que fuese “mucho más barato importar que producir en Venezuela”, lamenta Hopkins; el control de precios, la inseguridad en el campo, la intervención de las cadenas de frío, transporte, supermercados, almacenes, silos y la expropiación de Agroisleña en 2010 (ahora Agropatria) son parte de las medidas que han incidido en la caída de la producción nacional.
Luisa Elena Molina, geógrafo especialista en Desarrollo Agrario, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Agroalimentarias Edgar Abreu Olivo (Ciaal), de la ULA, explica que hasta 2015 los rubros afectados eran aquellos sobres los cuales se aplicó el control de precios, pero este año está pasando algo no visto antes con las hortalizas (tomate, cebolla, pimentón, zanahoria, ajo, coliflor, lechuga, brócoli, entre otras).
“Ha habido una reducción en su producción por la falta de semillas e insumos como consecuencia de la expropiación de Agroisleña. Así como hay colas para comprar alimentos, hay colas para procurarse insumos en Agropatria. Eso la gente no lo sabe”. Molina detalla que tras la expropiación de Agroisleña en 2010 los productores de hortalizas comenzaron a traer semillas de Colombia, pero con el cierre de la frontera comenzó la debacle.
“La superficie sembrada en los páramos ha disminuido en algunos casos hasta 80%, y en algunos municipios como Pueblo Llano, en Mérida, ha bajado mínimo 60%. Eso es inédito”, advierte la investigadora, quien viaja con frecuencia al campo y está en contacto directo con productores agrícolas.
La impericia de quienes están en Agropatria está afectando la producción, entregan pocas semillas bajo el argumento de que antes las acaparaban. Molina relata una experiencia vivida con un productor que fue a comprar semillas de brócoli en un centro de Agropatria, en los Andes. Por la cantidad de hectáreas que tiene solía sembrar una caja de 12 unidades (en total 144 sobres de semillas). El funcionario solo le vendió 12 sobres.
Tres veces menos
En el caso de la carne de res, La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) registra una caída en el consumo y en la producción. En 1982 el consumo llegó a 22 kilos de carne por habitante al año, y toda esa cantidad se producía en el país. En 2012 la cifra llegó a 23 kilos por habitante al año pero 50% de esa carne se importaba. En el primer semestre de 2016 las cifras preliminares se ubican en 8 kilos de carne por habitante al año.
“Eso es dramático, son proteínas que no están consumiendo los niños. Ahorita estamos produciendo el 31% del consumo nacional. Hasta el año 2000 nos autoabastecíamos de carne”, precisa Carlos Odoardo Albornoz, presidente de Fedeagro.
En el caso de la leche, el país llegó a generar entre 60% y 65% del consumo nacional y actualmente la producción está en 30%.
El consumo de carne pasó de 23 kilos por habitante al año en 2012, a 8 kilos por habitante al año en el primer semestre de 2016
La reducción tiene varias causas pero una de las más preocupantes es el aumento de los secuestros y el robo de ganado (abigeato). Albornoz informó que el robo pasó de 1.700 reses al mes en promedio, a 12.000 reses en los primeros cuatro meses de 2016, y a 14.000 reses en el segundo cuatrimestre. “Eso quiere decir que vamos a perder más de 130 mil reses este año”, indicó.
Luis Hernández Guanipa, director de la federación, explicó que en zonas altas de Mérida, en la Sierra de Perijá, Machiques, Villa del Rosario, sectores de Guárico y Barinas se roban las reses para descuartizarlas y luego vender la carne a orilla de carretera, de manera clandestina, más barata y sin ningún control.
El otro factor es el precio de la carne. Albornoz aclara que la carne venezolana es la más barata de Latinoamérica, pues el kilo cuesta entre 0,8 y 09 centavos de dólar, mientras que en Colombia el precio está entre 1,6 y 1,7 dólares. La diferencia de precios promueve el contrabando de extracción de ganado.
“Lo paradójico es que tenemos la carne más barata de Latinoamérica nuestra gente no la puede comprar porque el poder adquisitivo ha caído drásticamente, y hay tantas distorsiones que un kilo de caraotas está más caro que un kilo de carne”, agregó Hernández Guanipa.
Además de la merma acumulada por años, para este último trimestre del año puede ocurrir una caída en la oferta de carne por otra causa adicional. De 9.000.000 ha de pasto cultivado, el fenómeno El Niño causó la pérdida de casi la mitad; no se compraron semillas de pasto para reponer la caída, no recompusieron los potreros ni hay maquinarias, por lo tanto a partir de este mes, cuando el pasto cultivado comience a bajar de calidad, se tendrán menos animales a término, con menos condiciones corporales y en consecuencia menos carne, hecho que puede presionar el precio, informó Albornoz.
Mercancía dolarizada
Los especialistas y productores consultados coinciden al decir que la producción nacional agroalimentaria no aumentará este trimestre ni las importaciones de alimentos tampoco, por lo que seguirá la escasez. La caída se verá en el sector agrícola vegetal y animal, indica Molina, quien considera que lo más grave es que el país no cuenta con reservas estratégicas.
“Todos los países deben tener un mínimo de 3 meses de reservas estratégicas. En este momento no las tenemos, si las tuviéramos la situación no se vería tan grave y este trimestre podría estar salvado, pero el siguiente estaría en riesgo porque no se ha iniciado el ciclo de siembra por falta de semillas e insumos”, comenta Molina.
El economista Alejandro Gutiérrez, investigador del Ciaal de la ULA, tampoco duda de la caída en importación y producción, pero cree que el abastecimiento puede mejorar un poco por algo que ya está ocurriendo en estados fronterizos, y que responde a un acuerdo “ad hoc” entre el Gobierno y los empresarios.
“Los empresarios, con la anuencia del Gobierno y bajo acuerdos verbales, están usando dólares al costo paralelo para hacer algunas importaciones. Como el Gobierno no tiene dólares, lo están haciendo los empresarios”, señala Gutiérrez.
A su juicio, estos acuerdos ya los están tomando como un hecho algunos gobernadores, al menos los de Zulia y Táchira, y se están importando alimentos desde Colombia y Brasil que desde hace varias semanas se están vendiendo a precios muy por encima de los regulados pero por debajo del monto impuesto por los bachaqueros.
“Por esa vía puede haber cierta oferta, el problema es que esa mercancía tiene un precio de mercado internacional, está dolarizada, y nosotros ganamos en bolívares. ¿Quiénes pueden comprar eso? Los ricos y la clase media que tenga algunos ahorros que se esté comiendo. La gente no tiene cómo comprarlos, incluso en Mérida ha pasado que la gente espera que ese producto importado a paralelo se venda regulado y cuando ve que no es así se molesta, y hay conatos de disturbios; no trascienden porque la Guardia Nacional tiene eso muy controlado”, relata Gutiérrez.
El 18 de septiembre el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, informó a medios regionales que había sido designado por el Presidente para importar alimentos y otros productos para Táchira, Mérida, Caracas y Barinas. La mercancía, dijo, vendrá de Colombia, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana.
Y el 30 de septiembre el gobernador Francisco Arias Cárdenas participó en la primera Cumbre Fronteriza Colombia-Venezuela, donde se acordó la compra directa de alimentos a empresarios colombianos para abastecer al estado Zulia.
El abigeato (robo de ganado) pasó de 1.700 reses al mes en promedio, a 12.000 reses en el primer cuatrimestre de 2016 y 14.000 reses en el segundo cuatrimestre
Estas acciones, comenta el investigador, responden a la posibilidad de que el Gobierno enfrente unas elecciones próximamente y por ello intente recuperar la popularidad por la vía del abastecimiento.
“Pero la situación sigue siendo complicada y esto va a deteriorar aún más la seguridad alimentaria en los hogares más pobres del país”, advierte el economista.
Sobre ese deterioro, la profesora Molina detalla que ya las familias venezolanas han pasado por los tres niveles de inseguridad alimentaria descritos por la FAO: leve, moderado y severo, donde el último se refiere a la disminución de la cantidad y frecuencia de las ingestas por parte de todos los miembros de la familia.
Y el ingeniero Rodrigo Agudo describe ese tránsito desde otra visión: “en 2013 empezó el fenómeno del desabastecimiento, conseguías los productos pero no en todas las presentaciones y formatos. En 2014 pasamos a la escasez temporal en algunos rubros, aparecían y desaparecían. En 2015 esa escasez en algunos rubros empezó a ser permanente, y ya nos olvidamos de la existencia de algunos porque no los vimos más, y en 2016 empezó a aparecer el hambre y ha empezado la desnutrición”.
“Las medidas de corto plazo son muy importantes porque si un niño come mal durante un año, eso le va a afectar por el resto de su vida”, agrega Molina.
“A finales de 2017”
El 10 de agosto Fedeagro presentó un plan de urgencia de producción de cultivos de ciclo corto, en rubros que pueden cosecharse en dos o cuatro meses, para mejorar la situación agroalimentaria del país. A la fecha no han recibido respuesta del Gobierno.
Se trataba de hortalizas, raíces y frutales, papa, arroz, caraota, frijol, ajonjolí, girasol, soya y sorgo. “Si no se trabaja desde ya en planificar 2017, va a seguir cayendo la producción y 2017 iniciará grave” sentencia Aquiles Hopkins, vicepresidente de Fedeagro.
La crisis, como está planteada, ameritará en el corto plazo, en una transición política y económica, importar alimentos e insumos, pero también hacer transferencias monetarias directas a la población más necesitada, asegura Alejandro Gutiérrez, economista e investigador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la ULA, quien junto a otros especialistas concuerda en que la solución estaría en cambiar la política económica y agroalimentaria del país.
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“Lo más grave del problema es que no lo puede resolver el Gobierno solo, ni la oposición sola. La única manera en que podemos resolver esta situación es si se negocia una ayuda internacional para reestructurar la economía venezolana y reorientarla hacia el rescate de la productividad y la inversión, pero para que eso suceda hay que generar confianza en un inversor para que vuelva a invertir. Y esa confianza se consigue únicamente si se hace un acuerdo nacional”, sostiene Rodrigo Agudo, ingeniero y asesor agrícola.
Ve muy difícil que ese acuerdo nacional se pueda lograr en 2016 con los niveles de confrontación que existen y con “la espada de Damocles» de un referendo revocatorio.
“Creo que en 2017, después de que el problema no sea si cambia o no el Presidente, sino que haya un cambio real del Presidente y se pueda abrir el diálogo para hacer ese acuerdo nacional, pudiéramos reorientar la economía. Si el acuerdo nacional se logra en el primer trimestre de 2017, los primeros resultados se verían a finales de 2017. Si no se produce ese cambio, tristemente hay que aceptar que siempre se puede estar peor”.
Y con ese acuerdo Agudo estima que en 7 o 10 años el país estará de nuevo produciendo el 70% de las necesidades básicas alimentarias y financiar, con las exportaciones, las importaciones complementarias.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: patricia@larazon.net
