El prestigio del presidente Nicolás Maduro sigue cayendo al ritmo del agravamiento de los problemas nacionales
Manuel Isidro Molina Peñaloza
Venezuela sufre un estancamiento general sin precedentes, en un mar de corrupción, agresiva delincuencia, desconcierto social y caos económico, que la dirigencia política polarizada no comprende ni está en capacidad de asumir con responsabilidad histórica. Pareciera que la consigna es “todos contra Venezuela”, y las víctimas son el pueblo llano y la empobrecida clase media, severamente golpeados por la escasez de alimentos y medicamentos, el monstruoso dislocamiento inflacionario y el brutal ataque de los mafiosos del acaparamiento y la especulación.
Lo peor de todo, es que los responsables de esta inmerecida macro crisis, se lavan las manos, evaden sus competencias y desconocen culpas evidentes: poderes públicos nacionales, regionales y municipales, empresarios, políticos, militares, policías, jueces, fiscales, al unísono, hacen el ridículo con sus mentiras, omisiones, insensateces y prácticas delictivas. No es cuestión de “chavistas” y “antichavistas”, este drama nacional debemos asumirlo responsable y valientemente todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad, con ética política, empresarial y ciudadana.
Aparentemente, estamos en un “punto muerto”, pero no es así: (1) el prestigio del presidente Nicolás Maduro sigue cayendo al ritmo del agravamiento de los problemas nacionales y de la indignación que causa en el pueblo-víctima la asquerosa corrupción de los civiles y militares que han aprovechado sus cargos para enriquecerse con recursos públicos; (2) trabajadores y trabajadoras comenzaron a reaccionar, luchan por sus derechos y acusan vigorosamente a la burocracia chavista que asfixia los derechos sindicales y profundiza la pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones; (3) el desprestigio de las opciones políticas polarizadas (PSUV-MUD) abre posibilidades de erupción de movimientos alternativos; (4) la conciencia de la mayoría independiente del país, se fortalece y cada día es más capaz de hacerse sentir y superar las miserias del bipartidismo del siglo XXI.
Está en marcha una rebelión civil frente al estancamiento general que sufre la sociedad venezolana, por culpa de los factores irracionales e irresponsables del poder político, económico e institucional. Inteligencia, sosiego, valentía, honestidad y dignidad son indispensables, hoy en Venezuela. El futuro depende de esa gente buena, capaz, responsable y luchadora que abunda en el corazón de nuestro pueblo.
EL CONFESIONARIO
TARECK EL AISSAMI, vicepresidente ejecutivo de la República, habría iniciado silenciosamente su defensa legal ante la OFAC (Office of Foreign Assets Control / Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita a la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del ministerio de Hacienda) de Estados Unidos, mediante la contratación de un bufete especializado en materia de legitimación de capitales. El funcionario ha negado públicamente cualquier vinculación con ambas presunciones de las autoridades financieras estadounidenses: legitimación de capitales y financiación del narcotráfico.
IGUAL ESTRATEGIA HA DESPLEGADO Samark López Bello, quien fue sometido a prohibición de enajenación de bienes y embargo de cuentas bancarias en Estados Unidos, bajo sospecha de legitimación de capitales, financiación de operaciones de narcotráfico, y supuestamente ser “testaferro” de El Aissami. Este contratista de PDVSA, con empresas en Venezuela, Estados Unidos y México, reconoce ser amigo de El Aissami pero niega los cargos administrativos de actos ilegales en EEUU, donde reside con su familia. “Puedo demostrar la legalidad de mis empresas y la procedencia legal del dinero que poseo”, me comentó en conversación privada; y para ello contrató especialistas estadounidenses que ya trabajan en el caso. Lo escuché atentamente y le recomendé exponer ante los medios de comunicación sus alegatos. Es su decisión, y dijo que lo hará en la oportunidad que considere conveniente con sus abogados. TEA y SLB tienen la palabra.
AL RESPECTO, ESCRIBÍ EL 17.02.2017: “La temeraria acusación de EEUU contra Tareck El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, no es un acto aislado ni repentino. Forma parte de la hostilización persistente de la maquinaria imperialista de Washington… No sorprendió, preocupa… Enriquecimiento ilícito, corrupción y abuso de poder son constantes impuestas en Venezuela por el autocratismo de Hugo Chávez, teñido de militarismo y abolengo soviético-cubano. Las mafias chavistas son las peores de nuestra historia, sin duda, las más ladronas y asquerosas. Sin embargo, no creo que el narcotráfico sea la piedra angular del Gobierno, acusación temeraria imperialista que no solo no aplaudo sino que rechazo con firmeza”.
COBROS EXCESIVOS DE DIGITEL por sus servicios de telefonía celular y las conexiones con Internet y redes sociales, reportan los usuarios de esa empresa. Un agresivo cambio de planes y nueva facturación sin discriminar servicios, hacen de Digitel una empresa-sicario contra las personas y el presupuesto familiar. ¿Lo autorizan Conatel y la Superintendencia de Precios y Costos? Irrespetando los derechos de los usuarios, dicha telefónica ha “desaparecido” del mercado el ban conector de Internet, cuyo último costo era de Bs. 80.000 por unidad, para introducir —también agresivamente— un multi-ban para cinco receptores a un precio loco de Bs. 370.000, solo accesible a personas ricas, bachaqueros hambreadores del pueblo, corruptos y narcotraficantes.
LA RECLUSIÓN PSIQUIÁTRICA de Alejandro De Armas Dávila (62) durante más de quince años en la clínica El Cedral, Caracas, vuelve a la palestra judicial, en medio de una saga familiar que involucra al médico cirujano estético Ricardo De Armas Dávila, quien se hizo tutor del enclaustrado; y a su otro hermano, Álvaro, quien reside en España y trata de resolver lo que considera un despojo de la fortuna familiar por parte de Ricardo, a quien inculpa de haber aislado a sus padres hasta la muerte, valiéndose de su condición de médico y de artimañas legales con sus hijos para el vaciado accionario de empresas, edificios y otras propiedades de sus padres Salvador Armas Hernández y Marina Dávila de Armas.
ESTA SITUACIÓN NO HA VARIADO, según resumen legal: “Ricardo solicitó a espaldas de sus padres y hermano la interdicción civil de Alejandro… Lo internó de por vida en una clínica (El Cedral) y le impide el acceso a cualquier visitante que no cuente con su visto bueno. Sin autorización judicial expresa, Alejandro De Armas es mantenido allí por su hermano médico tutor, Ricardo De Armas Dávila, en complicidad con su médico tratante, Dr. Héctor Aguilera Rosal”.
EN CARÚPANO HA HABIDO PROTESTAS de las comunidades organizadas en Claps y consejos comunales por la falta de suministros de alimentos. “Más de tres meses sin bolsas o cajas Clap”, exasperó a los vecinos que decidieron trancar calles de esa ciudad sucrense, con sillas y otros muebles sacados de sus viviendas. Esta forma pacífica de protesta emplaza a las autoridades comprometidas con esa política asistencial de emergencia, que no solo es insuficiente una vez al mes, sin proteínas ni variedad de productos, sino que en ninguna zona del país ha logrado regularizarse, muy al contrario de lo que intenta infructuosamente divulgar la propaganda gubernamental.
CONTINÚAN LAS ARBITRARIEDADES del rector de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber Ramírez (UPTM), Ángel Antúnez, contra la nueva directiva del sindicato de profesores SIPROIUTE, encabezada por su presidenta Nora Patricia Rojas. El rector se apoya en un escrito de la consultora jurídica de la UPTM, Loren Arocha Hernández, a todas luces no vinculante, pues los comicios profesorales fueron debidamente supervisados por la Comisión Electoral y el Consejo Nacional Electoral, delegación Mérida, según actas de totalización y adjudicación de cargos. El martes 21.03 el Consejo Universitario de la UPTM conocerá la apelación que presentará la directiva sindical.
