Toda una secuencia de agravios han sido cometidos por el régimen chavista en una flagrante, permanente y escandalosa violación de las leyes
Oscar Battaglini
Cómo es bien conocido, la OEA es una organización multilateral que nace (1948) en pleno desarrollo de la Guerra Fría y bajo el control omnímodo de los EE.UU. Lo mismo puede decirse de la Organización de las Naciones Unidas que había sido creada tres años antes en la ciudad de San Francisco de California. Es la época en la que los Estados Unidos en su nuevo rol de superpotencia imperial, se inmiscuye en la Guerra de Corea (1952) escudándose en esta organización, y en la que América Latina termina plagada de dictaduras militares promovidas por esa superpotencia, las cuales en todo momento se mantuvieron plegadas a los dictados políticos de ésta, impartidos a través del Pentágono y el Departamento de Estado. Ese fue, por ejemplo, el caso de la dictadura militar de Pérez Jiménez, quien gobernó al país con mano de hierro desde el 24 de noviembre de 1948 (derrocamiento de Rómulo Gallegos) hasta el 23 de enero de 1958.
Es también el tiempo de los regímenes social-demócratas y social-cristianos combinados con dictaduras militares del tipo de las de Pinochet y los gorilas argentinos que en su conjunto funcionaron articuladamente, cada uno a su manera, a los intereses geopolíticos del imperio norteamericano.
La situación de hoy después de vivida toda esa experiencia, es otra. Ahora no es sólo que han desaparecido por completo los regímenes dictatoriales clásicos en América Latina, sino que de los 34 países que forman parte de la OEA, la mayoría ya no practica la subordinación y la incondicionalidad que los caracterizó en el pasado con respecto a los Estados Unidos. A eso se debe en lo fundamental que en el año 2001, todos esos países se hayan puesto de acuerdo para firmar al Carta Democrática Interamericana que tiene como fin supremo impedir, por un lado, la restauración de las dictaduras militares en la región mediante el golpe de Estado o cualquier otra variante de fuerza, y, por otro lado, reforzar y establecer definitivamente el principio de que “la democracia es un derecho de los pueblos, que los gobiernos deben asegurar” (Luis Almagro, Secretario General de la OEA, El Nacional, 21/3/17).
El mismo hecho de que Miguel Insulsa y Luis Almagro, provenientes el uno de la izquierda chilena y el otro de la izquierda uruguaya, hayan sido designados en su momento secretarios generales de la OEA, confirma o demuestra el cambio de la orientación política que se ha producido en esta organización multilateral americana. En este caso también se cumple lo planteado por Moisés Naím en su libro El fin del poder, en el que afirma: “El poder se está degradando. En pocas palabras, el poder ya no es lo que era en el siglo XXI, el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder” (P.10).
«En el caso venezolano, aunque aún no procede el golpe de Estado clásico como la causa que promueve su instrumentación»
En relación a la aplicación de la Carta Democrática, disponemos de un precedente reciente en el caso hondureño, con ocasión del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya. En el caso venezolano, aunque aún no procede el golpe de Estado clásico como la causa que promueve su instrumentación, sí existen suficientes razones que justifican su aplicación.
En primer lugar, el grave quebrantamiento que ha venido experimentando de forma acelerada la vida democrática del país, y que tiene como sus principales manifestaciones el carácter cada vez más autoritario y totalitario (dictatorial) que hoy exhibe el actual gobierno.
En segundo lugar, el resquebrajamiento o desarticulación sufrida por la estructura institucional del Estado, así como la subordinación autocrática de la que ha sido objeto esa estructura por parte del Poder Ejecutivo con la sola excepción de la Asamblea Nacional, que permanece bajo control de la oposición, pero sometida a un permanente hostigamiento jurídico y político ejecutado por el gobierno desde el TSJ. Esa situación ha convertido a los organismos del poder público bajo el control del Ejecutivo, en simples apéndices de éste.
En tercer lugar el envilecimiento de la justicia, al ser utilizada como un mero mecanismo para la vigilancia y castigo de los adversarios políticos del régimen.
En cuarto lugar, la creciente militarización que se ha apoderado del país; hecho que … “se ha ido convirtiendo en una especie de partido militar que actúa abiertamente y se involucra en el debate político, favoreciendo siempre el patrón del partido único, líder único y pensamiento único, al margen de la Constitución”. (Carlos Tablante y Marcos Tarre, El gran saqueo, La hoja del norte, Caracas, 2015, P.260).
En quinto lugar, las serias imitaciones que el régimen político imperante le ha impuesto al ejercicio del derecho de expresión e información, lo que ha determinado que en el país se haya constituido una hegemonía comunicacional que no sólo perturba el libre desempeño de esos derechos, sino que mantiene a los medios independientes bajo la amenaza de sacarlos de circulación mediante el chantaje de no otorgamiento del papel necesario o el ofrecimiento coercitivo de compra de los mismos.
En sexto lugar, la represión militar, policial y de los “colectivos” armados, brazo ejecutor del partido de gobierno, que permanentemente se ejerce en contra de cualquier sector de la población que manifieste su descontento en la calle. No pocos son los casos de personas agredidas con inusitada violencia.
En séptimo lugar, la existencia de presos políticos, la mayoría de los cuales son “presos de conciencia”, es decir que están presos por suposición e ideas políticas. En este particular se da el caso inclusive de que algunos de ellos les ha sido expedida orden de excarcelación que no se ha podido hacer efectiva porque la policía política del régimen se ha negado a ello, seguramente por instrucciones gubernamentales.
En octavo lugar, la existencia en el país de una crisis humanitaria, como consecuencia de la grave escasez de alimentos y medicinas, situación que ha condenado a millones de venezolanos a padecer hambre y a morir de enfermedades curables.
En noveno lugar, el despojo del que ha sido objeto el pueblo venezolano del derecho del voto, acción que tiene en la suspensión autoritaria del referendo revocatorio presidencial promovido por la oposición, y de las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en el mes de diciembre del pasado año, sus primeras manifestaciones.
En décimo lugar, la diáspora a la que se han visto forzados más de 2 millones y medio de venezolanos (en su mayoría profesionales de las más diversas disciplinas), los cuales se han ido del país presionados sobretodo, por el malestar socioeconómico que cada vez se hace más insoportable y por la inseguridad personal que se ha desatado bajo el mandato chavezmadurista.
De más está decir que toda esa secuencia de agravios han sido cometidos por el régimen chavista en una flagrante, permanente y escandalosa violación de la Constitución de la República, la cual ha sido convertida por la camarilla gobernante en un trozo de papel casi sin ninguna importancia, puesto que “gobierna” completamente al margen o en abierta violación, como se ha dicho, de la regulación que se establece en su ordenamiento jurídico político.
«Una secuencia de agravios han sido cometidos por el régimen chavista en una permanente violación de la Constitución»
Lo que Almagro le ha pedido a la OEA en su informe sobre la situación venezolana actual, no es, fundamentalmente la suspensión de Venezuela de esa organización, ni mucho menos la intervención extranjera de nuestro país como maliciosamente ha planteado Maduro y el chavismo oficial en su conjunto, sino el cumplimiento acordado en las reuniones iniciales de la mesa de diálogo del mes de octubre del año pasado, cuestión que el gobierno se negó a ejecutar, y que posteriormente le fue exigido a este por el Vaticano en la carta que le hiciera llegar por intermedio de su canciller el cardenal Pietro Parolin. Por eso, está completamente fuera de lugar la sarta de insultos y descalificaciones que el oficialismo madurista ha proferido en contra de Almagro. Lo propio puede decirse sobre la acusación de “traición a la patria” que le hacen a los diputados de la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional por su acuerdo de la adhesión de la Cámara al Informe Almagro.
“He hecho –asevera éste- un llamado a una salida electoral, transparente y equitativa, con los presos fuera de las cárceles, con libertades individuales aseguradas y con un canal de asistencia humanitaria funcionando. Restaurarle al pueblo sus derechos, es lo básico y lo único que puede permitir que Venezuela vuelva a ser parte del conjunto de naciones democráticas del continente” (“El Nacional”, 21/3/17).
