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Los millones de venezolanos que luchan por la libertad no están armados y no necesitan estarlo para derrocar la dictadura
Humberto González Briceño
Parece que fue ya hace muchos años cuando las contradicciones naturales en el seno de la oposición dividían las posiciones entre quienes proponen una salida exclusivamente electoral y quienes exigían un enfoque más radical para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Los más radicales encontraron en el texto de los artículos 333 y 350 de la Constitución la consagración al derecho constitucional a la rebelión bien sea civil o militar cuando el régimen atente contra las garantías democráticas o atente contra los derechos humanos.
Los presupuestos del artículo 350 de la Constitución se han confirmado hasta la saciedad bajo el actual régimen. Por cualquier ángulo que se le vea el Gobierno de Nicolás Maduro ha tomado cientos de acciones que han ultrajado las garantías democráticas y el estado derecho. Además es público y notorio que el Gobierno y sus fuerzas policiales han incurrido en actos genocidas y violaciones a los derechos humanos calificados como delitos de lesa humanidad por el derecho internacional. Bajo el imperio de los artículos 333 y 350 es legítimo y constitucional que cualquier ciudadano civil o militar, investido de autoridad o no, se rebele en contra de ese Gobierno y luche por la restitución del orden jurídico vulnerado.
Quienes han defendido la vía electoral como la única forma para salir de esta dictadura trataron de desmeritar el alcance práctico del artículo 350 preguntando “¿cómo se come el 350?” para remarcar la idea que aunque la protección constitucional al derecho a rebelión existe no habría forma práctica de ejecutarla. Pero el deterioro de la situación política y social de Venezuela ha llevado a millones de venezolanos a llenar las calles para desconocer al actual régimen. Esas protestas a lo largo y ancho de Venezuela le han dado forma y contenido concretos a las premisas establecidas en el artículo 350 de la actual Constitución.
La protesta en la calle debe evolucionar a un nivel superior de organización de la resistencia para operativizar el ejercicio de las garantías consagradas en los artículos 333 y 350. Desde esta óptica es esencial que en las próximas semanas los ciudadanos se agrupen en comités del 350 para planificar y ejecutar diversas acciones de protesta que acumulen la energía de la calle, cambien la correlación de fuerzas en las FANB y derroquen la dictadura.
No hace falta copiar formas organizativas burocráticas para operativizar el 350. Bastaría con que un grupo de ciudadanos, dispuestos a restablecer el estado de derecho, se organice para realizar acciones de protesta y defenderse de los ataques de las fuerzas del régimen. Los millones de venezolanos que luchan por la libertad no están armados y no necesitan estarlo para derrocar la dictadura. La presión ciudadana sostenida en la calle y en otros escenarios bajo amparo de la misma Constitución es la única vía para confrontar exitosamente a la dictadura. En la actual coyuntura política el 350 más que una bandera es una agenda de lucha por la libertad.
@humbertotweets
