Los embajadores de la OEA se enfrentan por primera vez a un Estado forajido que invoca la legalidad cuando le conviene y que reniega de ella cuando no le beneficia
Humberto González Briceño
Los países miembros de la OEA aún no logran determinar cómo abordar la crisis interna de Venezuela que amenaza con afectar a toda la región. En buena medida se debe a la deliberada manipulación que Venezuela y sus aliados han hecho en los últimos años en la OEA para valerse de la “legalidad” e impedir la lógica aplicación de sanciones correctivas a los abusos que comete un gobierno tirano en contra de su propio pueblo.
En este sentido el Gobierno de Venezuela ha tenido éxito a la hora de “venezolanizar” la dinámica política de la OEA para propiciar un caos que le permita mantenerse un día mas en el poder mientras los países se enredan en tecnicismos y no se ponen de acuerdo en que hacer. Es lo mismo que han hecho aquí en estos 18 años. El Gobierno invoca la pseudo legalidad para tomar por asalto los poderes públicos y mantenerse en el poder en contra de la voluntad de la mayoría. Para esto se valen de la viciada sala Constitucional del TSJ dispuesta a avalar decisiones que van abiertamente en contra del estado de derecho y la Constitución.
Los embajadores de la OEA se enfrentan por primera vez a un Estado forajido que invoca la legalidad cuando le conviene y que reniega de ella cuando no le beneficia. Es la primera vez que estos diplomáticos tienen que lidiar con operadores que insultan, mienten y extorsionan en público a los representantes de otros países que no los acompañan. Estos diplomáticos aún desconcertados e impávidos no parecen entender la naturaleza del monstruo que enfrentan y sus esfuerzos se diluyen en gestiones “diplomáticas” de negociación y mediación mientras el Gobierno venezolano gana tiempo y sigue en el poder.
Al tiempo que Venezuela como país sufre una masacre diaria peor que en la Guerra Federal, los miembros de la OEA parecen entrampados reconociéndole status jurídico y legal a un estado que hace tiempo lo perdió y que hoy se aparta de los principios del derecho internacional y los derechos humanos. Cada reunión suspendida, cada debate que no termine en una condena directa al régimen venezolano, es una victoria clara para un gobierno que se aprovecha de una legalidad que el mismo no le reconoce a sus ciudadanos.
Luego de anunciar su abandono de la OEA, el Gobierno venezolano tuvo que regresar y reintegrarse porque entendió que desde adentro puede hacer mucho más daño valiéndose de formas reglamentaria diseñadas para regular relaciones entre personas honorables y no entre malandros. Para ayudar a resolver el conflicto interno en Venezuela, y además salvar su propia institucionalidad, tarde o temprano, la OEA tendrá que modificar su reglamento interno para detener la manipulación del criterio de mayoría calificada que hoy impide sancionar a Venezuela en complicidad con los países sobornados del CARICOM junto a Nicaragua, Ecuador y Bolivia.
El caos y la extorsión política son las armas predilectas de la pandilla que hoy gobierna a Venezuela. Ya destruyeron la república porque se toparon con una oposición que se auto limitó a confrontar dentro de las rígidas y manipuladas reglas del juego chavista. Si los dejan acabarán también con la OEA y seguiremos en esta discusión los próximos 18 años.
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