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Pretenden imponer a los venezolanos una Constituyente fraudulenta con la desesperada finalidad de perpetuarse en el ejercicio del poder
Oscar Battaglini
Lo único que puede “explicar” el contenido de la respuesta de Padrino López a la fiscal general de la República, es la licencia que éste y el conjunto de la oficialidad de la Fuerza Armada chavista (FACH) se han arrogado para intervenir abiertamente y en forma prepotente en la actividad política nacional, a sabiendas de que con ello incurren en una violación flagrante de los artículos 328 y 330 de la Constitución de la República.
Un aspecto que en dicha respuesta llama especialmente la atención y que pone de manifiesto el poco respeto que tiene por el orden institucional y constitucional del país la camarilla civil-militar en el poder, es el hecho de que, por un lado, la información vertida por la fiscal a la opinión pública ha sido el resultado de serias investigaciones realizadas con el mayor rigor por los especialistas en criminalística al servicio del Ministerio Público (incluidos los del CICPC) y teniendo en su poder los elementos de convicción que demuestran la comisión de los hechos y la responsabilidad de los sujetos según la doctrina del Ministerio Público que señala: “…los elementos de convicción a que se refiere el ordinal 3 del artículo 326 del Código Procesal Penal, lo integran los resultados de las diligencias practicadas conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores y partícipes, sirviendo de basamento para solicitar el enjuiciamiento de una persona”, lo que demuestra fehacientemente la seriedad de sus aseveraciones sobre los sucesos criminales objeto de investigación de su ministerio; y por otro lado, cumpliendo estricta y rigurosamente con la imparcialidad institucional que necesariamente debe asumir un órgano del poder público como el que tiene a su cargo.
De esta manera queda evidenciado que ese no es el comportamiento o la conducta que la camarilla que usurpa el poder en Venezuela quiere para sus instituciones, sino el uso torcido y envilecido que hoy exhiben el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial (particularmente el TSJ), el Poder Electoral (CNE) y la (ique) Defensoría del Pueblo, etcétera. Se trata, dicho sea de paso, de unas instituciones que debido al proceso de descomposición al que han sido sometidas por el régimen chavista, no sólo es que han perdido toda su legitimidad, sino también, en las que nadie cree, por cuanto se han transformado en simples instrumentos al servicio de esa camarilla que las utiliza, —como es harto conocido— para vigilar y castigar, para convalidar todas las trapacerías políticas que se adelantan desde Miraflores y Fuerte Tiuna, y en última instancia, como ha quedado totalmente evidenciado con la maniobra burda de pretender imponer a los venezolanos una Constituyente fraudulenta con la desesperada finalidad de perpetuarse en el ejercicio del poder.
Eso es lo que explica —entre otras cosas— el rol cada vez más intrusivo del militarismo chavista en la dirección del Estado, del gobierno y en la actividad política en general, lo cual es una consecuencia además, de la incapacidad e ineptitud de quien ejerce nominalmente la presidencia de la República. Esto es tan evidente que Padrino López se ha convertido, de hecho, en una especie de súper poder (de poder detrás del trono) con competencia para intervenir en todos los asuntos del Estado, del gobierno y de la vida política. Por tal razón, no resulta casual ni azarosa la declaración escrita en la que este conspicuo representante de nuestro de nuestro militarismo vernáculo intenta refutar de manera caprichosa e infundada el informe en que la fiscal general de la República demuestra de manera convincente la responsabilidad directa de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y de la parte del Ejército bajo su mando en las muertes provocadas por la desproporcionada y brutal represión gubernamental que el país ha experimentado en carne propia en los últimos días.
En otra parte de su respuesta al informe de la FGR, sobre las muertes producidas por la represión oficial de las manifestaciones populares de protesta, el ministro Padrino López afirma —movido por el completo desconocimiento que tiene de los hechos históricos y por el fanatismo militarista que lo caracteriza— que la Fuerza Armada que él comanda (FACH), posee “una rica y honrosa historia republicana” y que esa fuerza armada ha desempeñado un papel protagónico en la “edificación de la democracia venezolana”. Lo primero que debe decirse a este respecto y en riguroso sentido histórico, es que no existe ninguna relación o vinculación directa entre la Fuerza Armada Nacional y la Fuerza Armada creada por Bolívar y el conjunto de los libertadores venezolanos en el proceso de desarrollo de la Guerra de Independencia y su materialización.
La explicación es muy sencilla: esta fuerza armada pasó por un proceso de disolución que se inicia con el logro formal de la Independencia en Carabobo; se continúa cuando Bolívar se lo lleva en su mayor parte a la campaña del sur, sobre todo para ser empleado en el curso de la guerra contra los españoles en el Perú, país colonial que había sido convertido por estos, en el bastión o baluarte de su dominación en Suramérica; situación que cesaría definitivamente con el triunfo de las armas republicanas comandadas por Bolívar y Sucre en la Batalla de Ayacucho.
Después de eso, en Venezuela no hubo más ejército profesional. En segundo lugar, la actual Fuerza Armada profesional venezolana es una creación de la dictadura compartida entre Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez, particularmente de este último. quien mediante la reforma militar de 1910-1913, no sólo avanzar considerablemente su proceso de modernización sino que la convierte en el soporte político fundamental de su primitiva y bestial dictadura militar por espacio de 27 años.
De allí proviene la actual Fuerza Armada. Cabe señalar que ese mismo rol ha sido cumplido por esa institución bajo los gobiernos —con la sola excepción del gobierno de Medina Angarita— que se han sucedido en el poder desde aquel entonces hasta la fecha, como hemos podido comprobar los venezolanos y el mundo que sigue expectante los acontecimientos que tienen lugar en el país. Así fue, para decirlo en términos concretos, durante el gobierno “gomecista sin Gómez” de López Contreras; el gobierno betancurista del trienio 45-48; la dictadura militar de Pérez Jiménez, los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, en particular los de Betancourt-Leoni-Carlos Andrés Pérez.
En cuanto a la participación que según Padrino López ha tenido la institución armada en el establecimiento de la democracia en Venezuela, nos vemos una vez más en la imperiosa obligación histórica, ética y política de afirmar que esa es una materia que dicha institución tiene pendiente por aprobar. La inmensa mayoría del pueblo venezolano espera con sumo interés e impaciencia que la apruebe para bien del país y de ella misma. Entonces veremos.
