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Gustavo Márquez: “Vamos a una fragmentación del Estado”

Gustavo Márquez

“La ANC nunca tendrá legitimidad porque no cuenta con el respaldo de la mayoría”, asegura el exministro de Estado para la Integración y Comercio Exterior (2005-2007)


Carlos Díaz

Gustavo Márquez, ministro de Industria y Comercio en 1999 y de Estado para la Integración y Comercio Exterior (2005-2007), afirma en entrevista con “La Razón” que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por iniciativa del presidente Nicolás Maduro, es inconstitucional y nace ilegítima.

“Es necesario hacer el referendo, es decir, el pueblo debe ser consultado, y con más razón si la intención es cambiar a toda la Constitución”, explica Márquez quien integra la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. “Es absurdo pretender pasar por encima de la voluntad popular”, sentencia.

Analiza que la Constitución de 1999, a diferencia de la Carta Magna de 1961, promueve la construcción de la democracia participativa y protagónica, y abre puertas para que el pueblo participe en las decisiones fundamentales de la República y de forma permanente a través de diversos mecanismos.

“Este es el logro fundamental de la ‘revolución bolivariana’, es uno de los más importantes. Es por ello que resulta absolutamente contradictorio que ellos [el Gobierno] se erijan en defensores del legado de Chávez cuando en realidad están haciendo todo lo contrario”, agrega.

“Hay que auditar la deuda”

BASES COMICIALES VICIADAS

¿Qué opina de las bases comiciales que acompañaron esta convocatoria?

—Sus bases comiciales son violatorias de la Constitución, porque en el caso de las candidaturas territoriales no respeta el principio de la proporcionalidad del voto tal y como está consagrado en los Artículos 63 y 293 de la Constitución. Tampoco respeta el derecho de que todos los ciudadanos sean tratados igual y tengan el mismo derecho al sufragio. Por ejemplo, los 10 municipios que tienen mayor población en el país, es decir, Distrito Capital, Valencia, Barquisimeto, Sucre, Maturín, Girardot, entre otros, representan aproximadamente el 32 % de la población, sin embargo, tendrán menos representantes que los 212 municipios que tienen menos de 50 mil habitantes. Estos municipios tendrán 212 representantes, mientras que los 10 municipios con mayor población solo tendrán 22. Es decir, se trata de una proporción totalmente asimétrica: Táchira y Falcón, que son los estados que tienen más municipios, van a tener más representantes que Zulia o Distrito Capital juntos, lo cual es inconstitucional y violatorio del principio de la no discriminación y de la igualdad.

¿El voto sectorial está previsto en la Constitución?

—Es una figura corporativa no prevista en la Constitución que coloca en minusvalía a un importante segmento de ciudadanos venezolanos que no van a participar en este evento. Es decir, unos van a tener el doble voto mientras que otros uno solo, y eso es absolutamente contrario al respeto al derecho de la universalidad e igualdad en el sufragio. Desde el punto de vista constitucional, las bases comiciales están totalmente viciadas y lo cual hacen ilegítima a esta Constituyente.

¿Son válidas las razones por las cuales el presidente Maduro ha convocado este proceso?

—Las razones que ha planteado Maduro son totalmente absurdas. Por ejemplo, se ha dicho que es para incorporar a las misiones sociales, a los Clap, es decir, una especie de lista de mercado a la cual se van agregando elementos como si la Constitución fuese una colcha de retazos. La Constitución es la ley fundamental de la República para establecer preceptos, principios, competencias y la organización de Estado, y no las políticas públicas como en el caso de las misiones y los CLAP, y sobre los cuales, además, existen observaciones sobre su poca eficiencia y por ser muy proclive a la corrupción. Estos programas sociales son hechos circunstanciales que no tienen por qué estar en la Constitución.

“Debemos encontrar la ruta de la Constitución y el diálogo tiene que conducirnos a eso, y ello significa suspender la Constituyente”

MADURO EVITA LA CONSULTA POPULAR

¿Cuáles son las verdaderas razones de fondos para reformar la Constitución?

—Es evidente que la razón de fondo es una especie de huida hacia adelante ante el hecho cierto de que [Maduro] ha perdido su base política, de que no cuenta con el respaldo de las grandes mayorías del país. Entonces, está intentando, a través de la Constituyente, eludir a los procesos electorales establecidos en la Constitución. Al respecto, me refiero a las elecciones a gobernadores y alcaldes que debieron realizarse el año pasado, y la solicitud de referendo revocatorio que, lamentablemente, no se realizó porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le dio curso. Por ende, la ANC intenta ser un mecanismo para evitar la consulta popular y, además, adelantar un gobierno autoritario que asuma una presunta supraconstitucionalidad para hacer figuras que no existen, tales como leyes constituyentes y tomar decisiones punitivas. Esto nunca tendrá legitimidad porque no cuenta con el respaldo de la mayoría.

La instalación de la ANC contribuirá a atizar más la violencia, generará un conflicto mayor, y expondrá a la República frente a la agresividad del Imperio estadounidense y de otras potencias que están esperando una situación como esta para intervenir y tomar posesión de nuestros recursos naturales tales como petróleo y minerales estratégicos.

¿El CNE garantiza el voto directo, secreto y universal, así como la transparencia?

—Soy de quienes ha defendido el sistema electoral venezolano porque significó un avance gigantesco el haber logrado un mecanismo auditable, seguro, automatizado, con todas las ventajas que ha demostrado tener. Inclusive, ha desmentido reiteradamente a la oposición cuando ha dicho que se ha cometido fraude. Sin embargo, luego del triunfo de la oposición en diciembre de 2015 entramos en una etapa en la cual el CNE dejó de tener esa estatura para convertirse en un instrumento político, tal y como lo demostró con la decisión de haber suspendido el referendo revocatorio. Ese sistema ya no funciona como antes porque, precisamente, aquello que lo había hecho seguro a través de la auditoría y la participación de la contraparte en la mesa electoral ya no está garantizado. Estoy de acuerdo con la afirmación del expresidente Jimmy Carter quien dijo que este era el mejor sistema electoral del mundo, pero para ello es necesario que participe la contraparte y así sea totalmente seguro. Estamos ante un problema de la perdida de las instituciones del Estado y las cuales ya no están operando como tales, y una de ellas es el CNE.

“Vamos a una fragmentación del Estado y eso representa el preámbulo para una guerra civil”

LA OPOSICIÓN NO SE DESLINDA DE LA VIOLENCIA

¿Fracasó la estrategia de resistencia de la oposición?, ¿qué opina sobre las manifestaciones en zonas populares que se han realizado desde abril?

—No toda la oposición está expresada a través de la MUD (Mesa de Unidad Democrática), y las manifestaciones pacíficas están plenamente garantizadas y justificadas en el marco de la Constitución, es un derecho ejercer presión sobre el Estado para que cumpla con la ley y la Constitución, y en función de las demandas sociales a partir de la crisis que sufrimos de desabastecimiento alimentario, de medicinas, el problema de la inseguridad personal, hiperinflación que nos están corroyendo.

¿Por qué ha operado la violencia en las manifestaciones de la oposición?

—La MUD no se ha deslindado de los hechos de violencia, por el contrario, ha habido un aval tácito a eso que llaman resistencia, y que es la acción de grupos que usando armas artesanales convierten a las manifestaciones en campos de batalla, alejando así a la gran mayoría de las personas que no comparten la violencia y que no están dispuestos a seguir grupos supuestamente anárquicos —pero que no son tales porque están muy bien organizados para lanzar granadas caseras, utilizar morteros, incendiar a personas—.

¿Qué piensa de los llamados a trancazos de las calles? ¿Esa estrategia da resultados efectivos?

—Esos trancazos implican no solo impedir el paso en las arterias viales sino, además, una connotación de toque de queda donde, prácticamente, conmina al ciudadano a no salir de su casa porque puede sufrir alguna agresión por quienes están trancando las calles. Es lo que llaman guarimbas. Esto tiene mucho que ver con la cultura paramilitar y que se ha vivido en Colombia y en zonas fronterizas en donde conminan a la ciudadanía a no salir de sus casas ejerciendo una especie de autoridad paralela y de poder por encima de la gente, y en el caso de Venezuela ese tipo de llamado es violatorio de la Constitución y del derecho al tránsito, a la movilización y de la libertad de las personas.

Las manifestaciones pacíficas implican que tienen que ser voluntarias, no obligadas. Eso no es democracia y lo peligroso es que podría estar prefigurando un gobierno que aplique este tipo de métodos: porque si estos grupos asumen esa conducta ahora que están en ese proceso de captura del poder, ¿cómo será cuando estén gobernando? Allí hay rasgos dictatoriales, fascistas y que deben ser rechazados. En esa ambigüedad ha habido un desgaste en la cúpula de la MUD. Tampoco es verdad que los 100 muertos ha sido consecuencia solo de la acción del Gobierno, también ha sido resultado de este tipo de irresponsabilidad y donde también ha habido financiamiento.

La lucha del pueblo para restituir los mecanismos constitucionales y lograr una vía electoral tiene que ser pacífica y debe ser a partir de un proceso de acumulación de fuerzas para que, efectivamente, podamos decidir sobre nuestro propio destino y conjurando cualquier intervención extranjera. Además, hay que señalar que esa cúpula de la oposición aparece vinculada a intereses externos: no es casual que inmediatamente después de la consulta del 16 de julio surgió la vocería del Departamento de Estado y de Donald Trump con las amenazas para aplicar sanciones económicas si el presidente Maduro no retiraba la Constituyente. Hay detrás grandes intereses económicos y corporativos, con la fachada del Imperio estadounidense y la Unión Europea, que intentan el control sobre los recursos naturales y energéticos del país.

“La ANC nunca tendrá legitimidad porque no cuenta con el respaldo de la mayoría”

“EL DIÁLOGO HA SIDO DEMONIZADO”

¿Qué opina sobre la propuesta de un gobierno de unidad nacional que ha presentado la MUD en un escenario posterior a la salida de Maduro del Gobierno?

—No creo en ese gobierno de unidad nacional al cual llama la oposición. Cuando hablamos de un gobierno amplio, tiene que incorporar a todos los factores del país para que haya un consenso alrededor de un programa mínimo, que permita rechazar cualquier injerencia extranjera y reafirme nuestra Constitución.

¿Qué opina sobre el papel de mediador que ha tenido el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero?

—Toda mediación que conduzca al diálogo transparente e incluyente, y que no solo se quede en las cúpulas, es positiva. Creo que Unasur venía aplicando un mecanismo en ese sentido. Sin embargo, el diálogo ha sido demonizado y eso es inconveniente porque estamos avanzando sobre la dinámica de una Constituyente que usurpa la soberanía nacional y un gobierno paralelo que se estructura desde la Asamblea Nacional. Vamos a una fragmentación del Estado institucional y eso representa el preámbulo para una guerra civil. Además, hay componentes externos que se están alineando en ese proceso: por un lado vemos a Estados Unidos y la Unión Europea asumiendo prácticamente la vocería de la oposición —y no lo ocultan—, y por el otro Rusia asumiendo la defensa del Gobierno aunque en términos de que es un asunto que debemos resolver los venezolanos. En todo caso, lo que debemos encontrar es la ruta de la Constitución y el diálogo tiene que conducirnos a eso, y ello significa suspender la Constituyente.

“El CNE dejó de tener estatura para convertirse en un instrumento político”

DESECHAR EL ARCO MINERO

¿Qué medidas deben implementarse para superar la crisis económica?

—Tiene que debatirse un programa de emergencia para salir de la crisis, que promueva la necesidad de conformar un gobierno que así lo permita porque, definitivamente, la actuación del presidente Nicolás Maduro no lo permite. Aquí hay que abrir espacios para debatir el tema del desabastecimiento alimentario, de medicinas, sobre la producción, la necesidad de ejecutar una auditoria pública y ciudadana de la deuda porque no es posible que estemos pagándola cuando consume prácticamente todos los ingresos por la venta del petróleo; y siendo, además, una deuda sospechosamente ilegítima. Como sabemos, mucho de la misma fue contraída para financiar dólares preferenciales a empresas de maletín.

¿Las concesiones del Gobierno a empresa multinacionales para la explotación del Arco Minero en Guayana deben ser revisadas?

—Hay que desechar completamente el proyecto del Arco Minero del Orinoco porque no es otra cosa que la profundización del extractivismo rentista y depredador que acabará con nuestros sistemas hídricos y que en la práctica significa la entrega de un vasto territorio de 12.000 kilómetros cuadrados, y que además acabará con la integración de pueblos que habitan estas zonas, y que tampoco resolverá los problemas de nuestra economía.

“La MUD no se ha deslindado de los hechos de violencia, por el contrario, ha habido un aval tácito”


“Debemos producir insumos”

Gustavo Márquez Marín es carabobeño, nacido en Valencia, ingeniero egresado de la Universidad de Carabobo donde también ejerció la docencia. Durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez se desempeñó como ministro de Industria y Comercio (1999) y ministro de Estado para la Integración y Comercio Exterior (2005-2007).

Asimismo, fue embajador en Austria y Representante Permanente ante los Organismos de Naciones Unidas en Viena (2001-2004), Comisario General del Pabellón de Venezuela en la Expo 2000 Hannover (1999-2001) y Miembro de la Comisión de Negociación con Colombia de las Áreas Marinas y Submarinas (1999-2001).

¿La escasez de alimentos e inflación se deben a la guerra económica tal y como ha argumentado el Gobierno?

—Cada vez que cae el precio del petróleo también desciende la capacidad importadora y, por ende, del consumo, creando así escasez e inflación. La respuesta frente a ello ha sido cubrir el déficit con endeudamiento sin que haya una política que garantice el desarrollo de una economía productiva y que no dependa de la importación de los insumos. Por ejemplo, aquí las semillas son importadas y esta es una de las razones por las cuales no hay producción, es decir, si no hay dólares tampoco semillas: si las produjéramos no pasaría eso. También cae la producción de pollo y otros animales porque, igualmente, los insumos y alimentos vienen de afuera. Es por ello que la dinámica debe cambiar y la tarea fundamental debe ser una economía productiva y endógena. La causa no es la guerra económica sino la crisis estructural, es decir, errores de políticas públicas que, si no son corregidos, la economía seguirá cayendo.

¿Debe continuar o suprimirse el control de cambio?

—Haber mantenido este modelo diferencial por todo este tiempo ha generado un mercado paralelo que al final terminó convirtiéndose en el mercado real. El control de cambio se justificaba en 2002 y 2003 pero luego se volvió en un mecanismo para impulsar la corrupción, la fuga de capitales y la inflación. Tampoco quiero decir que no hay factores externos interesados en atacar a Venezuela desde el plano económico: por ejemplo, el paralelismo de la moneda no nace en Venezuela sino en Colombia, en el año 2000, a través de una resolución que creó en la frontera un mercado paralelo del bolívar frente al peso. Este fue uno de los factores de presión en la devaluación de la moneda venezolana, y fue resultado de un mercado fronterizo muy influenciado por el lavado de dinero por parte del narcotráfico y el contrabando. Es necesario ponerse de acuerdo sobre un programa mínimo que nos permita ir hacia una estabilización de la economía que nos permita superar el modelo rentístico petrolero que se agotó totalmente.

¿Cuál es la capacidad productiva actual del parque industrial venezolano?

—Lamentablemente, desde hace mucho tiempo no se cuentan con cifras oficiales para conocer el estado actual del parque industrial venezolano. Se han realizado algunas mediciones que hablan de una capacidad productiva del 12 %, pero no son indicadores transparentes. Evidentemente, hay una caída de la productividad. Hay, asimismo, una capacidad ociosa y un mercado potencial inmenso porque ha caído el consumo, por tanto, hay que darle prioridad a la producción de insumos para la industria y la agricultura. Sí existen enormes posibilidades de impulsar a la economía pero se requiere de una claridad, condiciones y políticas públicas que no afecten al pueblo venezolano. No podemos avanzar en ajustes necesarios a costa de sacrificar más al pueblo porque ya ha sufrido bastante.