Es ridículo acusar solo a Luisa Ortega Díaz, cuando el descrito Sistema Judicial está enervado por la corrupción cultivada por los agentes del gobierno, el PSUV y sus aliados del Gran Polo Patriótico
Manuel Isidro Molina
El Sistema Judicial de Venezuela está concebido y normado a nivel constitucional e integrado por factores concurrentes desde el Poder Judicial hasta los abogados en ejercicio, el sistema penitenciario, los organismos de investigación penal (Poder Ejecutivo) y el Ministerio Público (Poder Ciudadano, al cual pertenecen también la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo):
“El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio” (Art. 253 CRBV).
En la base del mismo están las universidades públicas y privadas que forman y especializan a profesionales del derecho, aunque sus cuerpos rectorales y consejos de facultades no se quieran dar por enterados de la enorme catástrofe ética y estafa a la nación en la que muchos de sus egresados incurren acarreando gigantescos perjuicios a la sociedad.
Esto es bueno recordarlo para que quienes ejercen las altas magistraturas competentes o activan en la política nacional, asuman integralmente este cáncer que corroe los cimientos de la sociedad venezolana y arrastra a no pocos de ellos y ellas, después de casi 18 años de vigencia del texto constitucional, debajo del cual se estructuró una pestilente red de mafias que sesgadamente han “denunciado” -¡ahora!- el nuevo Fiscal General de la República, Tarek William Saab; el presidente Nicolás Maduro Moros; el mismísimo presidente del TSJ, Maikel Moreno Pérez; y altos voceros de la manopartidista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
EL PROBLEMA DE TAREK
El problema que observo a raíz de la destitución de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz —quien huyó del país con su marido Germán Ferrer, prófugo de la justicia por supuestas actividades extorsivas—, es que el fiscal general Tarek William Saab está haciendo un trabajo con “pinzas” sobre la pudrición en el Ministerio Público y el engavetamiento de centenares de casos de corrupción y delitos concomitantes que los presidentes Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros ampararon y nunca vieron, en esta empobrecida nación saqueada y descapitalizada.
Es ridículo acusar solo a Luisa Ortega Díaz, cuando el descrito Sistema Judicial está enervado por la corrupción cultivada por los agentes del gobierno, el PSUV y sus aliados del Gran Polo Patriótico (GPP), cómplices de la pudrición. Y no es que LOD sea inocente, pues ella ejerció el cargo durante casi una década, electa y reelecta por la mayoría del GPP en la Asamblea Nacional.
Nunca investigaron
Insistentemente, en esta columna, denuncié las mafias extorsivas de fiscales del Ministerio Público en diversas regiones del país; y a Germán Ferrer como cabeza de la mafia central con poderosos fiscales nacionales con competencias en delitos financieros y bancarios, narcotráfico, extorsión y secuestro, etc. Nunca investigaron nada, hasta que LOD se les alzó contra las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ; y más, cuando se opuso a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sin referendo consultivo.
PUDRICIÓN ENQUISTADA
La realidad es que la pudrición está también enquistada en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), el sistema carcelario y el Poder Judicial desde los tribunales penales hasta la Sala de Casación Penal del TSJ. No es que todos los funcionarios y magistrados extorsionen a los procesados y negocien con abogados vagabundos, sino que en todos los niveles permea la pudrición.
Este drama es producto delictivo de 18 años de corrupción, irresponsabilidad, codicia y complicidad a todo nivel, desde dentro y fuera de la institucionalidad del Estado venezolano, muchos de cuyos magistrados traicionaron el juramento de reconstruir moralmente nuestra sociedad, que ya venía horadada por prácticas delictivas e inmorales que pudrieron la experiencia democrática iniciada en 1958.
VENDIDOS Y TRAIDORES
Desde 1999, son cómplices los delincuentes procesados y sus abogados corrupto-corruptores, las mafias de burócratas corrompidos y empresarios-testaferros que han saqueado a la nación, y por supuesto los funcionarios públicos que dentro del Sistema Judicial se han vendido al mejor postor, traicionando la moral pública, la ética profesional y hasta el decoro personal y familiar. ¡Y no les da vergüenza, hasta pendencieros son!
Por eso y más, no me engañan Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Tarek William Saab ni, mucho menos, personajes como Disodado Cabello y Elvis Amoroso, por mucho que quieran “cantar como gallos”. Pocos les creen que este capítulo de “lucha contra la corrupción” sea algo transparente: no es más que parte de la “Operación Rabo de Paja” contra corrompidos adversarios viejos y nuevos o contrincantes del mundo mafioso que entorpecen el dominio de los espacios alcanzados mediante zarpazos autoritarios, vía gobierno o ANC.
Lo peor de todo es que esa cínica “lucha contra la corrupción” es desplegada con ribetes épicos por quienes carecen de autoridad moral ante la nación y el mundo, mientras el pueblo sufre las duras consecuencias del colapso económico, escasez, carestía de la vida, subalimentación y caos en la salud pública.
EL CONFESIONARIO
EX “COMACATES” PUDRIMILLONARIOS: Jesús A. García Rojas, Alejandro Andrade, Rafael Isea, Antonio Rivero Hurtado (CITGO), Manuel Barroso (CADIVI) y Carlos Aguilera Borjas (CAMETRO), entre otros. La lista es larguísima, todos impunes bajo el amparo del extinto presidente Hugo Chávez Frías y la complicidad de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz y el presidente Nicolás Maduro Moros. Varios se radicaron en EEUU, en condición de “sapos protegidos”. ¿Quién investiga?
GRAN MISTERIO HA RODEADO LA VENTA DEL DIARIO “VEA”. Esta experiencia editorial de Guillermo García Ponce, fallecido, comenzó con un expolio a la nación consistente en la destrucción y remodelación de la Sala 8 de Parque Central (Sótano 1, Edf. Mohedano), con autorización del entonces presidente del Centro Simón Bolívar, Juan Vicente Cabezas.
REALIZADA LA NEGOCIACIÓN, se acabó la “revolución” para sus tres editoras-propietarias (herederas de la familia García-Guerrero). Las hijas se fueron al exterior a vivir placenteramente: Tania Alejandra, a EEUU; y Tania Vanessa, a España; mientras que Tania Guerrero de García-Ponce mantiene su residencia en Caracas y frecuenta Miami y Madrid. ¿Cómo fue la venta de “VEA”, quién compró, cuánto, cómo y a quiénes depositó bolívares y dólares?
CORRE SECRETO A VOCES sobre los guisos de María Belén Vielma y Luis Colmenares con Seguros Pirámide y Gredos Construcciones sobre recursos del Fondo de Lluvias y Fondo de Responsabilidad Social del Banco Central de Venezuela.
EL “FONDO DE LLUVIAS” fue creado “para atender los refugiados de la vaguada de Vargas en 2010, para quienes el BCV construyó refugios con equipos de primera, que no se utilizaron porque las locaciones nunca se ocuparon, pero… los equipos desaparecieron y nadie sabe dónde están… Un mismo proveedor para todo… sobreprecios, facturas chimbas”.
MBV, LC Y JOSÉ ALBERTO MEJÍAS, asesor ejecutivo de la Vicepresidencia de Administración, también tienen bajo su conducción el Fondo de Responsabilidad Social. “Aquí hacen la triangulación perfecta… ya están cuadrando todo para jubilarse y la familia bancentralista no quiere que estos personajes, aparte de haber estafado a la nación, sean premiados con una ‘jubilación feliz’… están presionando a sus subalternos para cuadrar las cuentas”.
RICARDO SANGUINO, presidente del BCV, institución vórtice de la crisis financiera, cambiaria y económica nacional desde los tiempos del impune clan Merentes, tiene que lidiar con piezas renuentes de mafias salientes: Kemberllys Ostos Osorio, asesora del Directorio con oscuros antecedentes en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Llamada “la jefa del piso 3”, asegura que “ni Adriana, ni Sanguino la sacarán de su oficina”.
SEIS MESES “SIN GERENTE” EN EL SENIAT lleva la oficina de Contribuyentes Especiales, en plaza Venezuela, Caracas. “La que manda y cobra por todo es la secretaria… El Gerente nunca está en su puesto”. Claro, todo coordinado por ambos: José Miguel Villanueva y Norelis Ascanio.
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