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“Las decisiones que tome esa Constituyente son absolutamente inconstitucionales y nulas, como lo es la propia Constituyente desde su nacimiento”, afirma la jurista y exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia
Enrique Meléndez
La exmagistrada Blanca Rosa Mármol entiende que el Tribunal Supremo de Justicia fue constituyéndose con el paso del tiempo “en la herramienta del régimen” para anular la actividad de los diputados de la Asamblea Nacional. Esa falta de independencia muestra que en Venezuela “no hay autonomía del Poder Judicial”. También asegura que la Asamblea Nacional Constituyente “es nula desde su nacimiento”.
¿Cómo le ha parecido a usted la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que algunos califican de “cubana”?
—Exacto, cubana, así es como se conoce. Otros también la “constituyente comunal”, porque realmente es que de eso se trata. Eso es un punto importante, porque con el doctor Enrique Colmenares Finol hemos venido trabajando durante más de diez años en un proyecto de Venezuela reconciliada a través de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, que es la que se basa en la manifestación de la voluntad de la ciudadanía con el 15 % de las personas que están inscritas en el Registro Electoral.
Esa campaña se vino haciendo durante mucho tiempo, pero lamentablemente no caló y he aquí que nos encontramos con que el régimen, sorpresivamente, echó mano de esta idea de la ANC comunal, que es la que tenemos ahora, que es una manera de gobierno extendido. Así lo llamo yo: una especie de cogobierno junto con el Ejecutivo. La falla fundamental es que esa es una Constituyente que está integrada por personas que fueron elegidas con unas bases comiciales que no tienen representatividad, unas bases comiciales que fueron sectoriales y que no tienen la proporcionalidad en la representación. Esa es la falla de base, de nacimiento. Ahora bien, las decisiones que tome esa Constituyente son absolutamente inconstitucionales y nulas, como lo es la propia Constituyente desde su nacimiento. Esa es una especie de asamblea, como lo podemos comprobar cuando vemos sus sesiones, tumultuaria, donde hay una votación de más de 500 personas a mano alzada y los que deciden son el grupito de siempre, que es el que ha estado siempre con el régimen durante todo este tiempo. Lo que significa que estamos ante un gobierno extendido.
“Las decisiones que tome esa Constituyente son absolutamente inconstitucionales y nulas, como lo es la propia Constituyente desde su nacimiento”
Ellos lograron intervenir el Ministerio Público y destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz. ¿Cómo vio usted ese proceso?
—Sí, eso es absolutamente inconstitucional: Luisa Ortega Díaz, a pesar de toda su actuación previa, apoyando las ejecutorias de este régimen, entre ellas de una manera muy fundamental la criminalización de la disidencia, sin embargo, sigue siendo la fiscal general de la República, porque fue la designada de acuerdo con las exigencias de la Constitución.
Porque se trata de una Constituyente que no tiene validez, que es nula de nacimiento y que no podía tomar esa decisión que tú me estás comentando.
Pero Tarek William Saab sacó a relucir una serie de hechos de corrupción en que estaría incursa Ortega Díaz. ¿Cómo se explica el hecho de que eso vino a surgir posteriormente?
—Ahora él está encontrando esos hechos de corrupción y, para decirlo coloquialmente, se está rasgando las vestiduras con esas investigaciones. No quiero decir con ello que la fiscal haya dejado de incurrir en esas situaciones, porque no tengo los elementos para formar criterios, pero lo que sí es de hacer notar es que durante todo ese tiempo que ella estaba en la Fiscalía, él estaba en la Defensoría del Pueblo. Como defensor del Pueblo, es bueno recordar aquí que la función esencial es defender al ciudadano de los abusos de la administración. Todos sabemos que eso no se hizo, no se hacía, que él cuando estaba en el desempeño de ese cargo no cumplió con eso, porque defendía las ejecutorias del régimen. De hecho, muchas personas lo llamaban “el defensor del Gobierno”.
Por cierto que alguien me preguntaba que si había sido difícil para él o que cómo veía yo el cambio de defensor del Pueblo a fiscal general, puesto que es el que ejerce la acción penal en contra de las personas que delincan, y yo comentaba que no creo que haya sido muy fuerte el cambio para él, porque realmente mientras era defensor del Pueblo no ejerció a cabalidad las funciones inherentes a ese cargo.
Da la impresión de que él está buscando esto con una especie de venganza. Es difícil no verlo de esa manera, pero se aprecia como la “vendetta”, para decirlo en los términos italianos, detrás de estas investigaciones, porque se trata de una fiscal que fue removida por una constituyente comunal, que es defendida por este fiscal.
«Luisa Ortega Díaz, a pesar de toda su actuación previa, sigue siendo la fiscal general de la República»
No obstante, Ortega Díaz venía emitiendo boletas de excarcelación a algunos presos políticos, que eran obviadas por las autoridades policiales, lo cual ya marcaba una diferencia con el oficialismo. ¿No le parece?
—Es bueno que traigas a referencia eso por varias razones: eso es verdad. Ella estaba ordenando boletas de excarcelación y las autoridades policiales se tomaban la licencia de no ejecutarlas, y eso sigue pasando ahora cuando hay boletas de excarcelación, nosotros lo sabemos. Hay boletas que ordenan el arresto domiciliario y se permite la policía no acatarlas. Eso sencillamente no es posible constitucional ni legalmente. Donde hay una orden de un juez la autoridad policial no tiene otra salida, sino que respetarla. Por supuesto que ahí comenzaron las diferencias y la fiscal Ortega Díaz empezó a vivir en carne propia los abusos del régimen.
Cuando ella tuvo ese despertar, que así lo llamo yo, con las decisiones éstas de la Sala Constitucional del TSJ, cuando los magistrados pretendían autoerigirse también como legisladores además de jueces, ella cambió su postura y empezó a empeñarse a hacer respetar los derechos humanos, cosa que recibimos de la mejor manera, porque son las acciones las que cuentan. Si las acciones están ajustadas de derecho, bienvenidas sean.
Pero cuando ella empezó con estas actuaciones ajustadas a derecho, empezó a darse cuenta de que no era eso lo que en la realidad se iba a lograr, porque se permitía la policía, por supuesto, respaldada por el régimen, desobedecer sus órdenes.
Ya ha llegado a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, la denuncia del trato cruel que se le da en las cárceles a los presos políticos. Incluso, acaba de morir un concejal. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
—Eso es de la mayor gravedad. Leía yo en las redes de la esposa de un detenido político que decía que en Venezuela la pena de muerte se aplicaba silenciosamente. Yo creo que esa es una muy buena manera de decirlo. Yo también he dicho en varias oportunidades que en Venezuela no existe la pena de muerte en la Constitución, pero sí hay una pena de muerte aleatoria en las cárceles. En Venezuela, y en términos generales, refiriéndonos a los presos comunes, el que entra a una cárcel no tiene ninguna garantía de conservar la vida, cosa que es de absoluta responsabilidad del Estado, en relación a los detenidos. Retomando eso y yendo al caso del concejal Carlos García, que murió recientemente, entre otras cosas, porque no fue trasladado para la atención médica oportunamente, esa es una manera de aplicar una pena de muerte silenciosa, como te dije, y alternativa.
No deja de llamar la atención que cuando los presos están en las cárceles se enferman y su salud se deteriora de una manera evidente. Eso incluye el suministro de poca comida o de baja calidad y la falta de tratamiento de las enfermedades que puedan presentar, y todo eso va sumando junto con el transcurso del tiempo, y nosotros lo vemos hoy en el caso de muchos detenidos políticos.
“Hay una votación de más de 500 personas a mano alzada y los que deciden son el grupito de siempre, que es el que ha estado siempre con el régimen durante todo este tiempo!”
Usted habló de una extensión de gobierno para el caso de la ANC. ¿Qué papel pasa a jugar, en consecuencia, el TSJ en este tablero de juego?
—El TSJ fue constituyéndose poco a poco en la herramienta del régimen, perdida su mayoría en la AN, para ellos anular la actividad de los diputados, ahora de mayoría democrática. Es así como todas las actuaciones de la AN tendientes al restablecimiento de las instituciones democráticas fueron anuladas en forma sistemática por decisiones, concretamente, de la Sala Constitucional del TSJ y a veces hasta con intervención de la Sala Plena.
¿Eso nos habla entonces de un Estado de hecho y no de derecho?
—Exactamente, un Estado de hecho. Aquí no hay autonomía del Poder Judicial. Aquí no hay independencia de poderes y es bueno recalcar que el régimen ha intentado presentar ante el mundo una apariencia democrática con base a recurrentes elecciones. Aquí durante todos estos años nos las hemos pasado votando, y como yo he dicho muchas veces: nunca habíamos votado más por menos. En una democracia no basta con votar. Tiene también que haber independencia de poderes. El Poder Judicial tiene que ser autónomo, y nosotros no tenemos un Poder Judicial autónomo.
Un tribunal en el exilio
¿Qué sabe usted del destino de los magistrados que fueron nombrados por la Asamblea Nacional y que son perseguidos por el Gobierno?
—Ese es otro hito fundamental en lo que nosotros desgraciadamente estamos viviendo. Los magistrados del TSJ tenían que haber sido elegidos y haberse anulado la elección de aquellos que llamamos “magistrados exprés” en enero de 2016 con la nueva AN, donde había una representación mayoritaria de la oposición democrática, y lo primero que había que corregir era eso.
Unos nombramientos que se habían hecho, para decirlo coloquialmente, entre gallos y medianoche, terminando un 23 de diciembre, sin respetar los lapsos, ni las oportunidades de hacer objeción a los nombramientos de esos magistrados, y eso quedó allí. Se pasó año y medio hasta que llegó el momento en que se anularon esos nombramientos por la AN y se resolvió hacer los nuevos. Esta vez respetando las normas legales y constitucionales para que los magistrados tuvieran los requisitos para hacerlo. Porque debemos recalcar que los que están actualmente en el TSJ no llenan los requisitos para ser magistrados, incluyendo el presidente del TSJ, que no sólo no tiene esa carrera que se exige en el ejercicio del derecho o de la academia, sino que, además, tiene antecedentes penales, lo cual es algo que impediría que fuera magistrado.
Ahora bien, estos magistrados nombrados de una manera legítima con el procedimiento adecuado, llenando los requisitos, son los que están constituyendo, según acabamos de leerlo, un TSJ en el exilio. Sabemos que uno de esos magistrados fue preso: el doctor Ángel Zerpa. Se deterioró bastante su salud. Recientemente salió en libertad con infinitas condiciones, que no es libertad plena, como debería ser y como corresponde a su condición de ciudadano y al cargo que desempeña.
Estos magistrados han logrado la aprobación de este TSJ en el exilio y el reconocimiento, vamos a decirlo así, del Parlamento Europeo, de las Naciones Unidas y piensa constituirse en la Organización de Estados Americanos. Eso demuestra que ellos han obtenido ese reconocimiento por ser autoridades legítimas, nombradas de acuerdo a lo que establece la Constitución.
