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Sin realizar estudios de impacto ambiental y sin consultar al país y a los pueblos indígenas, se pretende entregar el 12 por ciento del territorio nacional a las transnacionales mineras
Edgardo Agüero Sánchez
El Gobierno que encabeza Nicolás Maduro ha decidido de manera unilateral e inconsulta, es decir, de espaldas al soberano, lo que es decir, de espaldas al interés nacional, poner en manos de las grandes corporaciones mineras transnacionales 112 mil kilómetros del territorio nacional (12%), para el usufructo depredador del mismo, lo que tendría, según los expertos en la materia, devastadoras consecuencias medio ambientales al punto de ser considerado este como un genocidio-ecocidio a gran escala que arrasaría mediante la remoción de la cubierta vegetal a base de cianuro, extensas zonas de extraordinaria y privilegiada diversidad biológica, considerada parte importante de uno de los “pulmones de la tierra” como es la foresta amazónica que absorbe enormes cantidades del dióxido de carbono que circula en la atmósfera, lo cual es fundamental para la preservación de la biodiversidad del planeta, y lo que es peor, afectando no sólo la vida de las diversas comunidades aborígenes que allí habitan, sino que impactaría en las principales fuentes de agua y represas hidroeléctricas que suministran el 70% de la electricidad que se consume en el país, razones por las cuales podría calificarse a este –sin ninguna exageración- como un crimen contra la humanidad, la naturaleza y la vida.
El planteamiento corresponde al ambientalista Santiago Arconada, luchador social de larga data, dirigente sindical, investigador, escritor, asesor de la Gerencia de Gestión Comunitaria de Hidroven, miembro del Consejo Rectoral Provisional de la Universidad Indígena de Venezuela, impulsor de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) y crítico de la gestión de Maduro, desde la óptica siembre de la izquierda y de la lucha social.
“El ‘AMO’ es la negación de la vida sobre el planeta, la reproducción del calentamiento global”
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
¿En que estado se encuentran los recursos de nulidad y el amparo constitucional introducidos por ustedes ante el Tribunal Supremo de “Justicia” en relación con el llamado Arco Minero del Orinoco?
—Todavía sigue sin articularse una respuesta de la Sala Político Administrativa en relación a la solicitud de nulidad de ilegalidad e inconstitucionalidad respecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), una manifestación expresa de la denegación de justicia, en los términos del no te respondo, no te digo, te ignoro, a pesar de que existe el recurso, a pesar que nombró ponentes, a pesar de que negó las medidas cautelares que habíamos solicitado, en relación al fondo de la materia. No contestó porque el TSJ no puede poner en tela de juicio uno de los lugares que son pivotes del Gobierno del presidente Maduro en relación a la obtención de recursos por los cuales apuesta por el AMO como una salida inmediata a la inmensa cantidad de recursos que no percibirá por concepto del petróleo. Es desde esta perspectiva que nosotros decimos que en primer lugar, la conducta de la Sala Político Administrativa del TSJ es inaceptable porque consiste en una denegación de justicia que afecta derechos que en este momento están significando el impedimento de la reproducción de las condiciones de vida de pueblos indígenas como el pueblo E’ñapa, que en la región de Guaniamo está afectado por partida doble por el hecho de que la monetización de las minas de diamante de vieja data, que conocemos todos y los nuevos yacimientos de coltán, están significando la expropiación de sus territorios, porque se van metiendo las instituciones del Estado que representan esa arbitrariedad.
Eso quería preguntarle, ¿qué va a pasar con esas comunidades indígenas?
—Ellos no están considerados, porque si lo estuviesen hubiera operado para ellos lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) sobre la consulta previa y ordenada, es decir, no ha habido la consulta y se está imponiendo un modelo civilizatorio sobre otro, se está desconociendo el preámbulo de la Constitución, que habla de una “sociedad multiétnica y pluricultural”, de “integridad territorial y el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”, y lo que es peor es que se está practicando el más profundo de los rentismos, cuando se revive en el imaginario el rentismo minero al máximo, en nombre de acabar con el rentismo petrolero, lo cual es una falacia por demás indigna, en el sentido de que desconoce la esencia profunda del mal que aqueja a Venezuela y los daños que esto puede acarrearle.
NO CONSULTARON AL PUEBLO INDÍGENA
¿Un vocero del Gobierno dijo que 181 comunidades indígenas fueron incorporadas al proyecto productivo que se desarrolla en la zona, que hay de cierto en eso?
—La información que yo manejo procedente de las asambleas del pueblo E’ñapa, en las que participo en función del recurso de amparo constitucional, de cuyo equipo de apoyo formo parte, es que el Gobierno ha incumplido todos los pasos referidos a la consulta previa de los pueblos, en el caso de la comunidad de Guaniamo, cuando se fue a monetizar la mina no solo no se trató con ningún miembro de esta sino que se impidió que la comunidad estuviese presente en el momento que el Gobierno y la empresa minera estaban haciendo las prospecciones y mediciones de esos espacios. Las especificaciones legales y constitucionales de la consulta previa son precisas, hay que hacerlas en idioma propio y de buena fe, y aquí hay muchas cosa que no se les ha dicho a los pueblos indígenas y mucho también lo que se le ha ocultado a la opinión pública.
“Es una falacia acabar el rentismo petrolero con el rentismo minero»
En marzo de este año Maduro decretó el fin del modelo rentista petrolero y anunció que “estamos transitando un nuevo modelo de una nueva época histórica en la economía”. ¿Qué es lo que tiene de histórico este nuevo modelo?
—Cambiar de mina no significa cambiar de ideología. La mina es el rentismo y no importa si es mina de petróleo o mina de coltán, al fin y al cabo el rentismo es el mismo. El rentismo es eso que yo no he trabajado tiene que rendir para mí. Me parece que desde el punto de vista conceptual, la pretensión de estar terminando la época del rentismo petrolero e inaugurando la época del rentismo minero, aurífero, coltanero, diamantífero o cuprífero, etcétera, no es aceptale desde ninguna perspectiva, y sobre todo desde una perspectiva emancipatoria, desde la cual el movimiento popular tiene que ver todos los asuntos. Estamos ante a una imposición de los dictámenes del capital transnacional sobre los recursos mineros del planeta; estamos en presencia de una ejecución de las políticas que el capital decide sobre el planeta en el ámbito territorial venezolano.
NO HUBO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
¿En lo referente a los estudios de impacto ambiental que se supone debe comprender un desarrollo de esta magnitud, quién realizó esa investigación?
—En primer lugar, remito a la confesión que hizo el ministro de ecosocialismo y aguas, quien dijo que no había habido estudios de impacto ambiental, y el propio ministerio desconoce esos estudios, es decir que el Gobierno actuó de manera violatoria de los preceptos constitucionales, pero más allá de eso, hay expresas prohibiciones en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) para el desarrollo de actuaciones que puedan propender a la puesta en peligro de las condiciones de la reproducción de la vida de esas comunidades; bueno, resulta que ninguna de esas provisiones se ha respetado. Esa ley a la que hago mención fue aprobada por unanimidad de la Asamblea Nacional, por lo tanto, tendría que tener un respeto más profundo que cualquiera otra, y el modo como esa ley se está violando en el caso del AMO, es una manifestación de cómo para lograr hacerse de recursos monetarios, se están violentando todos los preceptos legales y constitucionales.
¿Si hubo un consenso unánime y mayoritario en aquel momento, por qué, una vez cometido el quebrantamiento de la ley, eso no se asumió como una bandera de lucha en defensa de los más débiles, es decir en defensa de los pueblos indígenas?
—Eso tendrías que preguntárselo a la Asamblea Nacional que en ese momento presidía el propio Nicolás Maduro. Evidentemente que la puesta en marcha de ese motor minero no podría pensarse sin la complicidad necesaria de sectores económicos que están en la oposición, y eso es lo que para nosotros explica el hecho de que la AN no le haya dado al problema del AMO la importancia que tendría que haberle dado, lo que hubiera producido la suspensión de inversiones en ese ámbito, por el hecho de que todos los gobiernos saben que las negociaciones que no cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional, el órgano sobre el que, constitucionalmente recae esa atribución, carece de legalidad.
«La puesta en marcha de ese motor minero no podría pensarse sin la complicidad necesaria de sectores económicos»
“MINERÍA ECOLÓGICA”
¿El presidente Maduro habló de “minería ecológica”, es esto posible, digo, cuando se habla de una agresión de esta magnitud?
—Si fuese posible tendría que informar cómo se va a separar el oro de la roca, si en vez de utilizar mercurio se va a utilizar cianuro, que es lo que utilizan y van a utilizar las grandes empresas transnacionales; pero, el presidente Maduro se muestra muy reticente de hablar cuál será el procedimiento para separar el oro de la roca, porque todos sabemos que la gran minería sustituye al mercurio con cianuro que es aún más potente, más contaminante, más venenoso, más volátil y sus efectos son irreversibles.
Entonces, ¿por qué Maduro habla de minería ecológica?
—Estamos en tiempos de la post verdad, Maduro habla de esa minería como Donald Trump habla de que el huracán María no afectó a gravemente Puerto Rico, es decir yo digo lo que me da la gana y lo convierto en una verdad mediática.
¿Con este “desarrollo” a gran escala y a cielo abierto se podría hablar de crimen ecológico, de ecocidio, digo?
—De acuerdo al profesor Esteban Emilio Mosonyi podríamos estar hablando de un nuevo concepto: “geocidio”, que es el asesinato de la Tierra. El caso del AMO reúne todos los elementos para un etnocidio, en el caso de los pueblos indígenas que habitan el ámbito territorial de ese decreto; un biocidio, en el sentido de la afectación de la biodiversidad; un acuicidio, en el sentido de la muerte del agua por cuanto la actividad minera altera y contamina los ríos que alimentan el sistema hidroeléctrico, y todas las combinaciones que podamos hacer con ese sufijo que significa matar, eliminar, exterminar, son aplicables al AMO, porque, en principio y antes que cualquier otra cosa, el AMO, es la muerte de la necesidad que tenemos los venezolanos de buscar los recursos que nos robaron através de Cadivi y de Cencoex, esa es la agresión inicial que, como pretexto, se hace con el AMO, y que no es otra que la de confundir, porque, ¿de dónde tenemos que sacar los recursos necesarios los venezolanos?, ¿de la selva?, ¿de los ríos?, ¿del agua? ¿de la Amazonía profunda?, o tenemos que ir a buscar lo que nos robaron, a repatriar esos capitales; entonces, allí es como el AMO opera como un elemento confusionista; tenemos que salir a buscar esos recursos que nos fueron robados y dejar tranquilos esos minerales bajo la tierra.
¿Por qué cree que el Gobierno no ha demostrado su voluntad, o por lo menos, no ha dado una respuesta clara en el sentido de la recuperación de ese dinero robado a los venezolanos?
—Yo podría cobardemente decirle que le fuera a preguntar al Gobierno, que yo no tengo nada que ver con eso, pero si usted me la preguntara a mí, yo valientemente le respondería que porque me parece que es cómplice de ese robo, alguien entregó esas divisas.
«Lo fundamental es impugnar el modelo rentista que está detrás, y eso tiene que ver con consciencia de pueblo»
¿Se han planteado ustedes acudir a instancias internacionales. Hay convenios con organismos internacionales que estarían siendo violados?
—Hay algunas iniciativas que fueron tomadas por la Plataforma en contra del AMO en el ámbito diplomático referidas a la advertencia que se le hizo a los países de que cualquier intento de inversión en las condiciones en las que el proyecto está planteado es de una evidente ilegalidad por cuanto afecta una norma de orden público y vulnera el interés de toda la sociedad, en razón de lo cual, es nulo, carece de efecto jurídico, razón por la cual, los interesados deben tener conciencia de la peligrosidad que una actuación en ese sentido podría traer como consecuencia. Entre otras cosas el AMO viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es uno de los acuerdos internacionales con rango constitucional firmado por el Gobierno bolivariano, y el cual está siendo violado absolutamente con este decreto presidencial del AMO, por razones que están adicionalmente previstas en el ordenamiento legal venezolano, como es la obligatoriedad de la consulta previa informada, contemplada en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LPCI), allí Venezuela compromete los elementos de consulta previa con los pueblos indígenas. Independientemente de que haya instancias jurídicas que tengan maneras de hacer valer el “imperio de la ley” para enfrentar la Constitución venezolana.
DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA
¿Qué relación guarda este “nuevo modelo” con la lucha reivindicativa de los pueblos?
—Lo que a nosotros nos parece es que el decreto del AMO, no debe desarrollarse por el hecho de que el pueblo de Venezuela está luchando conscientemente por un futuro no rentístico, por un futuro basado en una relación con la naturaleza y no de depredación y exterminio, y que tenga también que ver con un proyecto de vida que no esté como estuvo durante un siglo mantenido por el petróleo, dependiendo de minas que nos resuelvan la existencia y para lo cual debamos destruir el medio ambiente. Lo fundamental es impugnar el modelo rentista que está detrás, y eso tiene que ver con consciencia de pueblo, desde el momento en que el pueblo de Venezuela esté consciente de que no puede envenenar las aguas, contaminar el aire, hipotecar la biodiversidad, a cambio del dinero que pueda percibir por ese concepto para salir de un bache económico causado por un desfalco al país, que se pueda apostar el futuro de una manera tan irresponsable, es una cosa que en lo fundamental depende de la fuerza y el grado de conciencia que el pueblo de Venezuela tenga para imponerse sobre un designio impuesto por el capital transnacional.
¿Si este proyecto del AMO, como está visto, no sólo contraría sin que confronta abiertamente el quinto objetivo del Plan de la Patria, no estaríamos hablando del desplazamiento del legado de Chávez?
—Desde el punto de vista del quinto objetivo del PP, que contempla la preservación de la vida en la Tierra, eso significa negar el legado de Chávez. El AMO es la negación de la vida sobre el planeta Tierra, es la reproducción del calentamiento global, el favorecimiento del efecto invernadero, es entregar el territorio nacional, abandonar los objetivos previstos en el PP.
¿Dónde queda el concepto de “soberanía nacional”, y por qué el silencio cómplice de la militancia chavista que calla y aplaude esta decisiones?
—Yo quisiera referirme en tanto a quienes desde el proceso bolivariano sentimos como una violación de la soberanía lo previsto en el decreto presidencial 2848, sobre el AMO que motivó nuestra comparecencia ante la Sala Político Administrativa del TSJ, pidiendo la nulidad por inconstitucionalidad de ese decreto. Esto no es cualquier tontería, esto significa enfrentar en su base, en su esencia, el decreto desde el momento en que este se produjo; esto es lo más radical que se ha podido hacer desde el punto de vista de la sociedad y sigue siendo la piedra en el zapato, porque, gracias a esa solicitud que se hizo, el decreto sigue siendo cuestionado por la sociedad venezolana. En este momento considero pertinente decir que esa solicitud ante el TSJ está plenamente vigente; que es obvio que no ha habido las inversiones internacionales que el Gobierno esperaba en razón de que ese procedimiento está siendo fuertemente cuestionado, es de esperarse que ese cuestionamiento se profundice con las nuevas situaciones políticas que están por desarrollarse con los procesos electorales que están pendientes.
Disculpe que insista con esto pero no entiendo el discurso revolucionario que, por un lado reivindica vehementemente el concepto de “soberanía nacional” y por el otro privatiza al país, es decir, lo pone en manos del capital transnacional, ¿no le parece que hay una contradicción allí?
—Tienes que precisar cuál es ese discurso, el discurso que preconiza un enfrentamiento a la transformación de la naturaleza en mercancía, no es el principio que licita ni el AMO, ni la faja Petrolífera del Orinoco, hay que precisar los discursos para saber de dónde provienen y a qué objetivos responden, a qué intereses. En el caso de los que respondemos por la Plataforma en Defensa de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, sostenemos que lo fundamental es que en la democracia participativa y protagónica al pueblo se le consulta, y que en el caso de los pueblos indígenas, no es una cosa que yo suponga sino que es una ley expresa (LOPCI), que es el artículo 11 del capítulo segundo, es decir, que eso está debidamente previsto; pero en el caso del mundo criollo, nosotros tenemos una democracia participativa y protagónica para que se nos pregunte si queremos salir del rentismo petrolero y pasar al rentismo coltanero, si es ese el salto que queremos dar, y esa pregunta no solamente no se ha hecho sino que no hay la más mínima intención de hacerla porque se supone su respuesta, cuando no se debería suponer.
«Lo fundamental es que en la democracia participativa y protagónica al pueblo se le consulta»
En tanto que Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución ustedes se han movido por todo el país llevando a las comunidades la preocupación entorno a lo que está ocurriendo con el AMO, ¿han encontrado receptividad, hay preocupación de la población hacia este problema?
—Hay movilización en distintos estados del país, en Mérida, en Zulia, hay manifestaciones de distintas organizaciones culturales, étnicas, colectivos ambientalistas, que como un solo frente luchan contra el AMO, hay el recurso de amparo constitucional introducido por el pueblo E’ñapa ante el TSJ que es con mucho el elemento jurídico de mayor importancia para enfrentarlo y sin embargo, estamos frente al silencio de la justicia como en relación a tantas otras cosas. Es decir que si hay preocupación de la población en relación a este problema, lo que pasa es que ha sido interesadamente desconocida e invisibilizada esa lucha, porque por lo demás esta preocupación es rechazada por muchos sectores sociales y eso no se evidencia, porque el AMO no sólo está en los intereses de Maduro, Cabello, Padrino, sino que también está en los intereses de unos sectores de la oposición que esperan resolver los problemas económicos que en el futuro tendrá Venezuela precisamente con los recursos provenientes del AMO.
EL PAPEL DE LA FUERZA ARMADA
¿Cuál ha sido el papel de la Fuerza Armada? ¿No hay allí una voz disidente en defensa de los intereses de la patria?
—Ese no es un asunto que yo pueda responder con solvencia, porque no dispongo de los elementos necesarios que me permitan opinar responsablemente, sin embargo, siento que hay una creciente comprensión del problema por parte de la colectividad nacional de que al sur del Orinoco hay un negocio inmenso del cual la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que dar cuenta y no la ha dado todavía.
“Párate firme que aquí las órdenes las doy yo”
¿Cómo observa usted el hecho de que los militares, luego de incursionar como dirigentes políticos y funcionarios del Estado, financistas, banqueros, etc, de monopolizar la importación y distribución de alimentos, ahora participan activamente en el sector empresarial a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas) la empresa minera creada por Maduro, y otras 19 empresas más creadas para los militares? ¿A todas estas, dónde queda el concepto de patria?
—La patria está en el JM de los Ríos sin unidad de hemodiálisis, la patria son esos niños desnutridos que están allí, sin poder hacerse la hemodiálisis porque la unidad está fuera de servicio o porque no existe. Que nosotros permitamos que un concepto como el de patria sea coptado por el modo como el estamento militar o el Gobierno de Maduro, Cabello,Padrino están haciendo uso de él, es una cesión que nosotros no tenemos porque hacer. Nosotros podemos tener un concepto de patria muy digno que no dependa de esa visión estúpida que nos pretenden imponer y machacar permanentemente en las cadenas, la patria puede ser otra cosa. Por otra parte a mí me parece que Camimpeg, la empresa militar que tiene como objeto lo relativo a las actividades petroleras, gasíferas y de explotación minera, es un esquema de funcionamiento que revela la existencia del criterio de que si estuviésemos en el ámbito civil, habría que dar información en todos los sentidos, porque es un ámbito supervisable o auditable sometido a contraloría, pero el ámbito militar no, porque allí existe una jerarquía vertical hermética, la obediencia debida, la información al superior de modo que no haya que rendir cuenta de ello. Es un poco como ocurre actualmente en el ámbito del agua, en el ámbito hidrológico, todos los presidentes son militares que no saben nada de agua, y lo reconocen, pero pretenden que la autoridad sea una autoridad impuesta en términos de “párate firme y hazme caso que aquí las órdenes las doy yo”, pero hazme caso en relación a qué. Ha habido por tanto una tergiversación de los tejidos sociales e institucionales en detrimento de la democracia y la participación ciudadana, con miras al fortalecimiento del esquema autoritario, impositivo y desinformativo, que se impone, que no informa que no prevé que la información es un derecho del pueblo consagrado por la Constitución, una suerte de militarización de las instituciones y finalmente de la sociedad.
¿No teme ser estigmatizado, digo, por esta revolución, donde no hay lugar para nadie que se atreva a pensar por sí mismo?
—En principio reivindico la tesis del profesor Roberto López, de la Universidad del Zulia, de acuerdo a la cual, yo estoy haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida; los que dejaron de hacer lo que venían haciendo toda su vida, son otros, y son los que tienen que explicar, los que no robaban y empezaron a robar, tienen que explicar, los que daban la información y dejaron de darla, tienen que explicar, pero quienes hemos vivido haciendo lo mismo y continuamos haciéndolo, no tenemos nada explicar, porque allí está nuestra trayectoria que habla por nosotros.
