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La Constitución ha sido suplantada por la voluntad autocrática de un gobierno dictatorial que ha secuestrado los poderes públicos y ha hecho elegir, de manera fraudulenta y fascistoide, una constituyente convertida en suprapoder que usurpa competencias constitucionales
Oscar Battaglini
Esta es, sin duda, la figura que mejor define la naturaleza del gobierno que, para desgracia de los venezolanos, detenta el control despótico (dictatorial) del poder en nuestro país. Se trata, como sabemos, de un gobierno ejercido por una camarilla que además de operar al margen de la ley y la Constitución de la República, está compuesta por un populacho de resentidos sociales provenientes en su mayoría de los estratos más bajos y descompuestos de la sociedad venezolana; de escasa preparación profesional y, como lo han demostrado, sumamente ignorantes y torpes en el manejo de los asuntos del Estado y las complejidades de la política en general; pero, aunado a esto, carentes de todo escrúpulo moral; lo que determina su comportamiento abusivo en el ejercicio del poder que, como el de una horda invasora de ocupación ha hecho 1- que aquí todo marche en medio de un gran desorden y precariedad; 2- el quiebre de la institucionalidad democrática con la evidente descoyuntura de los poderes públicos y su articulación servil en torno al ejecutivo, no sólo ha profundizado la desconfianza de los venezolanos, sino que han devenido en mero instrumento para vigilar, amedrentar, perseguir y castigar a los opositores del régimen dictatorial imperante; 3; el colapso de la economía venezolana, que tiene entre sus principales manifestaciones: -una caída de la producción durante los últimos 5 años superior al 40% del PIB; -una hiperinflación que supera el dos mil por ciento, y que se calcula que en el año en curso alcance una cifra superior al trece mil por ciento; -un déficit fiscal de 25% del PIB, que viene siendo enjugado con la emisión de dinero inorgánico por parte del BCV; -la pérdida de capacidad financiera del Estado debido a la caída abrupta de la producción y de los precios del petróleo y además, porque ya no dispone del recurso del crédito internacional debido al impago (default) de su deuda externa, y por efecto de las sanciones que le han sido impuestas por los EE.UU, Canadá y la Unión Europea; -una crisis social sintetizada en el hecho de que más del 85% de la población venezolana ha caído por debajo de la línea de pobreza, dado que el ingreso familiar a duras penas alcanza para medio alimentarse; lo que significa que no dispone de medios para atender los requerimientos de salud. Añádase a ese cuadro, el grave problema de la escasez de alimentos y de medicinas; -la inseguridad personal provocada por la acción criminal de una delincuencia cuyo accionar arroja más de 30 mil muertes violentas por año, resultado directo del inocultable entronizamiento de la marginalidad y el resentimiento social promovidos por el chavismo durante dos décadas através de diferentes modalidades (invasiones, expropiaciones, bachaquerismo, mafias, colectivos, etc), esto sin contar la criminalidad gubernamental que tiene sus máximos exponentes en los asesinatos provocados por los cuerpos represivos del Estado-gobierno, actividad esta que alcanzó una de sus más altas cotas con la masacre El Junquito, hecho que demuestra hasta donde este gobierno está dispuesto a llegar en su obsesión ya no vesánica sino diabólica de perpetuarse en el poder; -el saqueo de los recursos financieros del Estado, cuyas dimensiones son tan descomunales que han obligado al gobierno de Maduro-Padrino López, a reconocer la existencia de esta lacra, en un intento fallido por lavarse la cara ante esa inocultable verdad, de allí la diligencia del fiscal accidental que, según la ex fiscal LOD, tendría también sus manos en el asunto, pantomima ésta que por lo demás nadie cree, puesto que es interpretada como una evidente huida hacia delante; -la actitud retadora, prepotente, y cínica con la que, permanente, el gobierno comete todo tipo de desafueros contra el país, la soberanía nacional, la oposición democrática y los intereses del pueblo y la sociedad. Nos referimos concretamente a la violación recurrente y sistemática de la Constitución de la República, la cual ha sido suplantada por la voluntad autocrática de un gobierno dictatorial que no sólo ha secuestrado los poderes públicos y hecho elegir de manera fraudulenta y fascistoide, en alianza con el CNE y el TSJ, una constituyente convertida en suprapoder que usurpa competencias constitucionales y toma en connivencia con los otros poderes bajo control del ejecutivo, decisiones políticas, legislativas y hasta jurídicas, dirigidas por un lado, a restringir aún más los derechos políticos de la oposición y de los venezolanos en general, y por otro, a favorecer los planes perversos y continuistas del gobierno. Una de ellas es la decisión de adelantar las elecciones presidenciales de este año, maniobra que, sin duda constituye uno de los componentes principales del nuevo fraude electoral que la camarilla en el poder se dispone a realizar. Si a esto se añade la cerrada negativa del gobierno en la mesa de negociación a ceder en materia electoral para que los comicios presidenciales se realicen en condiciones justas y normales; es decir, sin inhabilitaciones de partidos políticos, de candidatos, de tarjetas electorales, de electores de dentro y fuera del país, sin las artimañas que el CNE ha venido poniendo en práctica; sin represión y sin presos políticos, entonces se ve suficientemente claro que toda esa trama se mantiene en procura de un doble propósito: 1- hacer que las negociaciones fracasen para echarle la culpa de ello al Imperio y a la oposición; y 2- forzar a la oposición a abstenerse de participar en estas elecciones. Demás está decir que la dirección de la oposición debe analizar muy bien tal situación a la hora de tomar una decisión política definitiva sobre el qué hacer.
El autor es historiador, co-fundador de la Liga Socialista y ex rector del CNE
