Mónica Duarte
Menos unidades funcionando y más usuarios en la calle han hecho colapsar el servicio de transporte nacional, un sector golpeado por la falta de insumos para su mantenimiento y la paralización de los autos privados
Mónica Duarte
Hacinados, inseguros y expuestos. Así viajan los venezolanos cuando tienen que abordar una unidad de transporte público, un servicio que ha colapsado de a poco y amenaza con dejar a la deriva a miles de usuarios a nivel nacional.
Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de usuarios del Transporte Público explica que la magnitud de la crisis ha dejado a un 85 % de la flota de autobuses paralizada, según sus cálculos de 5 mil unidades que atravesaban el país en rutas largas extraurbanas hoy solo se movilizan unas 300.
Pero esta escasez de autobuses circulando y la carestía de su mantenimiento también ha obligado a los transportistas a aumentar la tarifa del pasaje hasta en 3000 % en los pasados 6 meses, una cantidad que llega a alcanzar los 30 mil bolívares diarios para los habitantes de ciudades dormitorios, que deben buscar este monto en efectivo entre largas horas de espera en los bancos.
En rutas extraurbanas largas solo funcionan 300 autobuses de unas 5000 unidades que estaban operativas anteriormente
Y mientras el sector está a las puertas de un paro forzado, el Gobierno da luz verde para la circulación de camiones de ganado como nuevas alternativas para la movilidad urbana. Las llamadas “perreras” han proliferado en 2018 y ya son una constante en varias ciudades del país. “Se tenían al inicio solo en el estado Bolívar ahora están en Monagas, el Junquito o en cualquier punto de Venezuela porque no hay forma de suplir la movilidad de los ciudadanos”, explica Salazar, quien además denuncia el cobro excesivo en estas unidades y la proliferación de autobuses “piratas” con prácticas como las rutas incompletas y el irrespeto al pasaje preferencial.
“La responsabilidad es del Defensor del Pueblo, quien según el artículo 281 de la Constitucional nacional tiene como una de sus atribuciones velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y proteger a las personas de las arbitrariedades y errores en la prestación de los mismos”, sentencia.
¿Cuál es su mayor preocupación con respecto al transporte público en el 2018?
En las rutas extraurbanas solo hay operativas 300 de 5000 unidades para destinos lejanos como Caracas-Maracaibo o Caracas-Puerto La Cruz. Esto está generando un paro técnico de transporte, no porque los transportistas quieran, sino porque no hay suficiente logística para el mantenimiento.
Además, las autorizaciones que se están haciendo del aumento de tarifas están violando lo que está contenido en la ley de transporte y en la gacetas oficiales, donde dice que tienen que estar las tres partes consensuando el incremento, que son los usuarios, el Gobierno nacional y los transportistas. Pero los transportistas se han reunido con el Gobierno llegando a aumento muy importantes, de 13 mil bolívares a 900 mil para San Cristóbal, Maracaibo y Güiria. Se ha generado como una rosca en la que hay una tarifa única para todos los destinos del país en las rutas extraurbanas.
¿Estos aumentos se justifican? ¿Con ellos se puede garantizar el buen funcionamiento de las unidades?
Ellos señalan que estos aumentos son para cubrir con el mantenimiento debido de las unidades porque decir que son eso se hace la parte de repuestos es imposible. No existe dólar en el mercado que permita comprar piezas en el exterior y todos ya sabemos cuánto cuesta el dólar libre que es inalcanzable.
«No puede trasladarse al usuario la crisis económica del país porque una persona con un sueldo mínimo no puede moverse con tarifas que van de 3 mil a 6 mil en rutas urbanas»
Es decir, las unidades que requieren repuestos van seguir paradas…
Sí. Esto demuestra cómo la mala política económica del Gobierno nacional se ve reflejada en este servicio público tan sensible y como el usuario es el débil jurídico se ve obligado a pagar los acuerdos a los que se llegan porque la gaceta quedó totalmente anulada.
¿Cómo puede sobrevivir el sector si ni con el aumento del pasaje se pueden cubrir todos los gastos?
No puede trasladarse al usuario la crisis económica del país porque una persona con un sueldo mínimo no puede moverse con tarifas que van de 3 mil a 6 mil en rutas urbanas. Hoy no se tiene capacidad de pago, la gente está dejando de trabajar porque no puede. Incluso, hemos detectado que el 80 % de los usuarios de rutas suburbanas a ciudades dormitorio pueden pagar sus pasajes porque sus familiares del exterior que envían dinero. Con ello es que se suple las necesidades básicas y entre ellas el pago del transporte. Esa es la realidad que el Gobierno intenta ocultar diciendo que en Semana Santa se movieron 11 millones de personas cuando, según nuestros cálculos, si acaso en todo el país solo se movieron 380 mil personas en toda la semana en rutas extraurbanas.
¿Qué otras dimensiones tiene este problema? Ya se ven muestras de que las personas comienzan a trabajar menos días o a dejar de llevar a los niños a la escuela por la dificultad de conseguir dinero para pagar el transporte
El pasaje está subiendo tanto que no hay forma de que los usuarios tengan el efectivo para poder pagarlo, las personas que tienen que moverse por rutas suburbanas deben tener no menos de 30 mil bolívares diarios. Nosotros hemos propuesto al Gobierno una política de subsidios directo al transportista para poder enfrentar esa situación, de lo contrario estamos a las puertas de un paro nacional de transporte.
«Se han generado cementerio de autobuses con las unidades del Gobierno Yutong y Sitsa»
¿Nos podríamos quedar sin transporte público?
Ya es un hecho, cuando se ven las perreras, esos camiones que trasladan ganado, usándose para personas vemos la involución del transporte. Estas perreras se tenían al inicio solo en el estado Bolívar, ahora están en Monagas, el Junquito o en cualquier punto de Venezuela porque no hay forma de suplir la movilidad de los ciudadanos.
¿Y qué sucede con las unidades de transporte que provienen del Gobierno?
Las rutas abastecidas por unidades del Gobierno que son las Yutong y Sitsa tienen el mismo problema porque al no existir mantenimiento preventivo o correctivo se han generado cementerio de autobuses que con contenedor de repuestos tratan de sacarlos a la calle. Pero esto es imposible porque las personas del transporte público saben que debe haber una planificación de mantenimiento para que la unidad esté rodando.
¿Y qué ocurre con los usuarios preferenciales, como los estudiantes, personas con discapacidad o personas de la tercera edad?
El problema es que las leyes han quedado como letra muerta y los transportistas al ver que nadie los sanciona, atropellan, humillan, maltratan y someten al escarnio público a estas personas que tienen un derecho. Solo en Mérida los estudiantes han hecho valer sus derechos en una lucha que ha terminado hasta con quema de unidades, pero en Caracas y en otros lugares se les obliga pagar la mitad o solo permiten 3 estudiantes por autobús y si ellos se niegan incluso los bajan de la unidad.
