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Mediante un írrito contrato, la estatal petrolera constituyó la sociedad “PDVSA US Litigation Trust”, con la finalidad de entregarle el 75% de sus derechos litigiosos al bufete neoyorquino “Bioes & Schiller”
Santiago Alcalá
Leemos la polémica entre José Ignacio Hernández, Procurador Especial de la República, designado por el presidente (e) Juan Guaidó y el abogado litigante, Carlos Ramírez López o el “Dr. Ley” como se le conoce por un programa de televisión, en las redes sociales, que se transmitió por varios años.
Wilmer Ruperti, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, sedicentes petroleros -no son petroleros, sino vulgares traficantes- armaron en 2004, un impúdico entramado de información privilegiada para que Pdvsa, adquiriese con sobreprecios, todos los bienes y servicios que demandaba. Algún reparto de botín, transformó a los compinches en enemigos. Ruperti, por un lado y por el otro bando Baquero y Morillo, dueños de la demandada Helsinge Enterprise, empresa a la que estaría vinculada un hijo de Henry Ramos Allup, según el Panam Post , aunque que según el portal «El Cooperante», el joven Ricardo Ramos D´Agostino «solo realizó pasantías» en la empresa de Morillo & Barquero. A la conflagración se sumó Vanessa Acosta Fridman, exexposa de Morillo, vinculada hace algún tiempo al partido Acción Democrática y sentimentalmente relacionada con el magnate petrolero Wilmer Ruperti, quien logró extraerle del hogar común, varios discos duros contentivos de las trazas del expolio.
No hay nada peor que una mujer celosa. Doña Vanessa, se fue hasta las oficinas de Ruperti con los discos duros y este último, con sus contactos en Pdvsa, urdió la farsa según la cual “Bioes & Schiller” -los mismos abogados que pagó “de su bolsillo” para defender a los narcosobrinos- habían hecho investigación “desinteresada” durante 14 años que descubrió fraude de US $ 10.000 millones en perjuicio de Pdvsa. Esta última, para retribuirle tanta “generosidad” contrata a “Bioes & Schiller” para demandar a las empresas que la defraudaron y en pago por honorarios legales, les cede el 75% – sí, amables lectores, leyeron bien ¡el 75%!- de los US $ 10.000 mencionados. Una remuneración, excesiva, escandalosa. En el foro de EE UU no se recuerda pago tan exagerado por servicios de abogacía. “Boies & Schiller” intentó la demanda de los 10 mil millones ante un juez de Miami, pero el reclamo fue desechado porque el trust o cuota litis, “Boies-Pdvsa” no cumplió con la previa autorización de la Asamblea Nacional, tal como lo había denunciado, Ramírez López, quien como simple ciudadano venezolano, se había hecho parte en el juicio de Florida.
Ahora, Reinaldo Muñoz Pedroza, Procurador General nombrado por Maduro ha intentado una nueva demanda en representación de Pdvsa, esta vez, ante los tribunales suizos. Ramírez López, de nuevo se ha hecho parte, como simple ciudadano venezolano en la demanda suiza, advirtiendo que con ella se persigue, maliciosamente, consolidar el fraude del contrato “Boies-Pdvsa” al no solicitarse de manera expresa, la nulidad de tal contrato. Si con la demanda suiza se ordena resarcir a Pdvsa – sostiene Ramírez- el 75% de tal resarcimiento irá a parar a los bolsillos de Ruperti y sus compinches, de “Boies & Schiller”.
¿Y por qué polemizan el Procurador de Juan Guaidó y el litigante Ramírez López? Porque éste ha emplazado al primero a denunciar la nulidad del contrato “Boies-Pdvsa”. Pero el Procurador de Guaidó se niega a adoptar tal acción. A lo que se agregan las dudas sobre la buena praxis o quizás, lealtad con Venezuela, del referido funcionario del gobierno interino, atendidos sus antecedentes de haber testificado a favor de Chrystalex en otro juicio cursante en Estados Unidos contra la petrolera venezolana Citgo. Quedamos comprometidos a seguirle la pista a este affaire.
