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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó en sesión especial, que aquellos partidos que tengan denuncias penales no podrán participar en las elecciones parlamentarias a ser convocadas próximamente por el nuevo Consejo Nacional Electoral.
Esta decisión afectaría al partido Voluntad Popular, el cual es investigado por el Ministerio Público y sobre el cual recae un recurso de interpretación interpuesto por el Fiscal General Tareck William Saab, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de catalogar al partido de la tolda naranja como organización criminal.
Recientemente la Sala Constitucional del TSJ decidió declinar su competencia, dejando la decisión a cargo de los magistrados de la Sala de Casación Penal.
Otras medidas
Asimismo la ANC acordó desaplicar un «decreto constituyente» de diciembre de 2017 por el cual se modificó la Ley de Partidos Políticos, con el aval del TSJ, para obligar a las organizaciones con fines políticos a validarse ante el Consejo Nacional Electoral.
En ese entonces, la ANC alegó que la postulación de candidatos a procesos electorales era una obligación de los partidos para evitar acciones de rechazo y boicot en el ejercicio del derecho al sufragio y al sistema de partidos.
A raíz de esa modificación, los partidos Acción Democrática y Primero Justicia se encontraban ilegalizados hasta el día de hoy, justamente a pocas horas de ser entregada su dirección ejecutiva a diputados de oposición ligados con el gobierno de Nicolás Maduro, mejor conocidos como «Diputados CLAP» por estar relacionados con actos de corrupción a favor del empresario Alex Saab.
El Presidente de la ANC Diosdado Cabello justificó además las recientes decisiones del TSJ, pues según su criterio todo se hizo «en aras de garantizar la participación de la mayor cantidad de venezolanos (…) Si los que dirigían esos partidos por más de 20 años no quieren votar, bien, ese es su derecho. Pero a quienes quieran votar hay que garantizarles ese derecho«.
