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La detención del colombiano Saab es clave para desmontar la estructura delictiva enquistada en el Estado venezolano. Sería el paso previo para la captura de Maduro. Pelea a cuchillos en el Cártel de los Soles por los ascensos del 5 de Julio. Mesa de Diálogo de la Casa Amarilla prepara “comicios” parlamentarios para este año.
Luis Felipe Colina
Mientras la Fiscalía General de Colombia le aplica medidas cautelares de embargo a un conjunto de inmuebles, propiedad de Alex Naim Saab Morán, empresario de maletín y testaferro del jefe de la narcotiranía venezolana, Nicolás Maduro Moros, la DEA, cumpliendo instrucciones de varios fiscales estadounidenses, adelanta investigaciones que involucran en una serie de crímenes a este sujeto, conjuntamente, con Nicolás Maduro Moros, Cilia Flores de Maduro, Delcy Eloina y Jorge Rodríguez Gómez, Said Naim Saab Certaín, Carlos Alberto Osorio Zambrano, Rodolfo Marco Torres, Wilman Castro Soteldo, Erik Malpica Flores, Hugo Rafael Chávez Colmenares, Nicolás Maduro Guerra, Luis Alberto Medina, Jesús Huidrobo, Elvis Eduardo Huidrobo Amoroso, Haiman El Trudi, Elías Jaua, Américo Mata y José Vicente Rangel Vale.
Como se sabe, el magnate colombiano Alex Naim Saab Morán, el “zar” de la importación de los productos Clap en Venezuela, junto a la familia Maduro-Flores, fue apresado el pasado viernes en Cabo Verde, África, mientras cubría la ruta Venezuela-Irán, con un valioso cargamento de oro proveniente de las arcas del Banco Central de Venezuela. Su detención se convirtió en un asunto de Estado para el régimen de Maduro que de manera clandestina y exprés le había otorgado la nacionalidad venezolana. Miraflores envió al canciller Arreaza al país al país africano a solicitar la entrega de Saab, buscado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico en comandita con Nicolás Maduro y familia. La cancillería publicó un vergonzoso comunicado brindando protección al capo de los negocios del madurismo y al mismo tiempo movió todos los hilos “diplomáticos” para “ablandar” a Cabo Verde, como ya antes ocurrió con la captura y posterior liberación del general Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, en Aruba, también buscado por narcotráfico y lavado de dinero. En el tristemente célebre comunicado la cancillería sostiene que el delincuente capturado en su “agente” internacional, dotado además de pasaporte diplomático. En otras palabras, el Estado venezolano puesto al servicio de la delincuencia organizada internacional, tal como lo prevé la Convención de Palermo que persigue ese tipo de delitos a gran escala. Para las autoridades antinarcóticos, Saab posee valiosa información de la estructura delictiva internacional que opera en el Estado venezolano y es el paso previo para la captura del dictador venezolano.
Recientemente la Fiscalía General de Colombia le aplicó medidas cautelares de embargo a un conjunto de inmuebles, propiedad de Alex Naim Saab Morán, el empresario de maletín y testaferro del jefe de la narcotiranía venezolana, Nicolás Maduro Moros, capturado en Cabo Verde, África. Por su parte la DEA, cumpliendo instrucciones de varios fiscales generales estadounidenses, adelanta investigaciones que involucran en una serie de crímenes a este sujeto, conjuntamente, con Nicolás Maduro Moros, Cilia Flores de Maduro, Delcy Eloina y Jorge Rodríguez Gómez, Said Naim Saab Certaín, Carlos Alberto Osorio Zambrano, Rodolfo Marco Torres, Wilman Castro Soteldo, Erik Malpica Flores, Hugo Rafael Chávez Colmenares, Nicolás Maduro Guerra, Luis Alberto Medina, Jesús Huidrobo, Elvis Eduardo Huidrobo Amoroso, Haiman El Trudi, Elías Jaua, Américo Mata y José Vicente Rangel Vale. Entre las empresas que utilizaban como fachadas figuran Seguros la Vitalicia y una de origen chino denominada Group Grang Limite
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Abogados litigantes y usuarios, que acuden al circuito judicial penal de la circunscripción del estado Lara, denuncian que el juez superior Luis Ramón Díaz forma parte de la Banda de los Enanos, organización hamponil que opera en el sistema de justicia venezolano, vende decisiones al mejor postor, aplica la “operación colchón” y dice contar con el apoyo incondicional del magistrado exprés Maikel José Moreno Pérez y del magnate madurista Raúl Gorrín Belisario, ambos integrantes de la referida agrupación y prófugos de la justicia norteamericana por crímenes de narcoterrorismo. Señalan además, que Díaz representa los intereses dentro de la organización de quien fue su hermano, “Marianito” Agustín Díaz Ramírez, quien falleció el pasado 19 de diciembre en un accidente aéreo ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de Charallave, y cuya aeronave había despegado de la población minera de Guasipati, estado Bolívar, cargada de oro. Como se sabe, dicho siniestro que fue silenciado por el régimen que, ilegítimamente, preside Nicolás Maduro Moros.
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El magnate ítalo venezolano Franco D´Agostino, suegro del secretario general de Acción Democrática, diputado a la Asamblea Nacional y jefe del G-4, Henry Ramos Allup se ha convertido en el constructor de obras favorito del régimen, tal como ya ocurrió en la llamada “Cuarta República”. Diversas investigaciones señalan a D´Agostino como presunto testaferro de varios altos jerarcas del “madurismo”.
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Cada uno de los oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (activos y retirados), que conforman el Cártel de los Soles, se enfrentan por las cuotas de poder de los listados que se están conformando, con motivo de los tradicionales ascensos del 5 de Julio. A lo interno de esa organización que opera a lo interno de la FAN se discute qué hacer con el actual embajador en la República de Irán, el mayor general en situación de retiro Carlos Alcalá Cordones, toda vez que su hermano Clíver Alcalá Cordones, también con el grado de mayor general, en situación de retiro, ha sido declarado traidor del proceso revolucionario castro-chavista y, actualmente, está colaborando como testigo protegido ante las autoridades federales antinarcóticos de Estados Unidos.
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María Iris Varela, ministra de la narcodictadura para Asuntos Penitenciarios, admitió su incapacidad para enfrentar el caos carcelario. Entre tanto, ignora el destino de más de 60 millones de dólares, que le fueron asignados a su despacho, para mejorar el sistema carcelario venezolano.
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Las reuniones para “cocinar” los nombramientos de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, se celebraron en el bunker del exvicepresidente ejecutivo de la República, José Vicente Rangel Vale, ubicado en la urbanización Los Chorros del estado Miranda, bajo la coordinación de los dirigentes Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela), Timoteo Zambrano Guédez (Cambiemos) y el psiquiatra Jorge Rodríguez (PSUV).
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“Opositores” que forman parte de la “Mesita de la Casa Amarilla” en común acuerdo con la narcodictadura, pretenden montar una nueva trama electoral, amparados en el artículo 192 de la Carta Magna, el cual establece que los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional serán elegidos por un período de cinco años. Dicho sea de paso, el partido socialcristiano Copei, definitivamente, se incorporó a la “Mesita de la Casa Amarilla”, también conocida como la “mesita de la narcodictadura”. Detrás de esta jugada está la figura de Eduardo Fernández, ex candidato presidencial por dicha organización política.
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En reclamo de los servicios públicos crecen las protestas pacíficas a nivel nacional.
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Rumores y movimientos de tropas en todas las guarniciones del país. El descontento va en ascenso.
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El presidente de Pdvsa Asdrúbal Chávez Jiménez le será dictada orden de captura por una corte federal estadounidense, por estar incurso en crímenes de narcoterrorismo, por lo que venía siendo, incluso, investigado desde hace unos diez años. Lo mismo ocurrirá con Erik Malpica Flores, sobrino de la “narco-tía” Cilia Flores de Maduro, también conocida como la “primera combatiente”.
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Fuentes castrenses sostiene que el jefe de la narcodictadura y su ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López presentan problemas de salud: razones por las que el equipo médico presidencial cívico-militar los mantienen bajo estricto control.
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La narcodictadura planifica decretar el inicio del año escolar para el venidero mes de enero de 2021.
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Al prófugo de la justicia norteamericana Raúl Antonio Gorrín Belisario, de acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía Sur de La Florida, les serán confiscados once lujosos inmuebles ubicados en 4100 Salzedo Street Coral Gables; por estimar que los mismos fueron adquiridos con dinero, producto de la corrupción en Venezuela y blanqueados, luego, en territorio estadounidense; tal y como lo confesó durante el juicio uno de sus ex socios, teniente Alejandro Andrade Cedeño, un ex oficial del Ejército venezolano, cercano al difunto presidente Hugo Rafael Chávez Frías; quien lo designó Tesorero General de la Nación, y desde donde conformó un tinglado de corrupción que, finalmente, fue descubierto por las autoridades federales estadounidenses, ante quienes se declaró culpables; cantó como el chirulí y fue condenado a cumplir la pena de diez años de prisión y las accesorias de ley.
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Una fuente castrense asegura que la capacidad de fuego real de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su conjunto, ante un conflicto armado no supera los siete días.
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Analistas políticos sostiene que el régimen, que preside Nicolás Maduro Moros, luce enredado en su propia trampa.
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Con Acción Democrática a la cabeza, sectores opositores pretenden entrampar al país en un proceso electoral legislativo, totalmente, viciado; donde el régimen contará con un Consejo Nacional Electoral a su medida; con el resto de los servicios públicos y con el Plan República.
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Una epidemia de consecuencias impredecibles podría desatarse en el estado Bolívar; debido a la carencia de atención sanitaria a los indígenas de la comunidad de los Waraos.
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El empresario Lorenzo Mendoza, líder de Empresas Polar vuelve a sonar como el emergente para asumir la reconstrucción e institucionalización del país.
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En opinión del abogado Alejandro Matos la decisión del TSJ de designar a los nuevos directivos del Consejo Nacional Electoral es ilegítima; toda vez que varios de sus magistrados fueron nombrados de manera exprés, por una Asamblea Nacional, que incumplió con lo preceptuado en el texto constitucional.
