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Lo que de lejos parecía, de cerca lo fue, y es por eso que todas las consideraciones, que se han hecho, a propósito de la arbitrariedad, que acaba de suceder con el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, comienzan señalando que a nadie ha tomado por sorpresa esta situación.
De hecho, días antes rodaban por las redes sociales los nombres de los posibles candidatos, y los que encabezaba quien quedó electa presidenta, Indira Alfonzo; aun cuando semanas atrás se hablaba del colega Vladimir Villegas; sobre todo, a raíz de su salida brusca de Globovisión; que nadie creyó esa versión, de que había sido solicitada por Nicolás Maduro; partiendo del hecho de que ambos han sido amigos desde la adolescencia, a propósito de sus afinidades electivas, en especial, en materia ideológica; aparte de que se trataba del hombre del equilibrio en el cuerpo rectoral, si se toma en cuenta que constituye una figura con muy buenas relaciones, tanto en el oficialismo, como en la oposición, y no la señora Alfonzo; que, de acuerdo a lo que se ha especulado, está vinculada con Francisco Ameliach y Cilia Flores; además de haber sido hasta entonces presidenta de la Sala Electoral del TSJ; es decir, siendo una magistrada exprés, como diría un cronista político; cuando lo que estaba planteado en términos de negociación, para el nombramiento del nuevo árbitro electoral era que allí se acordara la fórmula 2 – 2 y 1; esto es, dos de la oposición, dos del oficialismo y una figura independiente del estilo de Villegas, y esto para ofrecer unas condiciones electorales, digamos, imparciales; de modo que se garantizara el derecho al sufragio; razón por la que ha cundido el escepticismo en el elector venezolano, con respecto a la posibilidad de lograr un cambio político por esta vía; tanto más que siempre se ha dicho que el oficialismo ha propiciado el abstencionismo en los procesos comiciales por razones de conveniencia, y que es lo que explica el hecho de que la señora Tibisay Lucena haya permanecido por muchos años al frente del CNE.
Porque es falso que con ese CNE se pudo ganar la elección del referéndum aprobatorio de 2007; lo mismo que otras elecciones de gobernaciones y alcaldías y, sobre todo, la elección de 2015 a la Asamblea Nacional; que, como diría un lógico, la excepción confirma la regla; siendo que la regla es que el chavismo o el chavomadurismo nunca ha perdido una elección a lo largo de veinte años, y cuando ha sucedido, ha sido porque ha fallado el ventajismo electoral, digamos así; como en el caso de 2007, y que Chávez por lo demás, la calificó como una victoria de “merde”, para suavizar los términos, que empleó en aquel momento, la que obtuvo la oposición en ese momento, esto es, una victoria con una diferencia mínima a su favor; en cuanto a triunfos en gobernaciones y alcaldías la verdad es que tampoco han sido arrolladores; quedando en entredicho lo que ocurrió con Andrés Velásquez en el último proceso de las elecciones regionales, y quien demostró con actas en la mano que había ganado, sólo que le fue desconocido ese resultado; aunque ya esa es materia para otro análisis, y, luego, la elección de 2015, sí lo fue en términos de arrollamiento; pero es que aquí también eso, que hemos denominado ventajismo electoral, se puso a favor de la oposición, con motivo del modelo que rigió para la elección de los candidatos, y caracterizado por la circunstancia, de que el que gana, por una cuestión de correlación de números, lo obtiene todo, y modelo que venía favoreciendo al oficialismo hasta el último momento.
Incluso, los expertos electorales siempre han dicho que la única elección, que ganó Hugo Chávez, para hablar sólo del padre de la criatura, fue la de 1998; cuando se impuso contra aquel sistema comicial, basado en lo que se conoció como la delincuencia electoral; cuyo caso más patético fue, precisamente, el de Andrés Velásquez, con motivo de las elecciones de 1993, y el que, según se sospecha, fue víctima en ese entonces de un escamoteo en dicho proceso; pues lo que se dice es que el llamado Plan República, a la cabeza de Radamés Muñoz León, entonces ministro de la Defensa, le arrebató el triunfo; por supuesto, sin que lo pudiera demostrar; aun cuando quedó la duda; el hecho es que toda victoria electoral de Hugo Chávez; como las de Nicolás Maduro, han quedado en entredicho, y esto porque nunca han permitido llevar a cabo una auditoría, tanto a la tinta, supuestamente, indeleble, como a las firmas en los respectivos cuadernos electorales; pues de hacerse, según los expertos, otra historia cantaría. Pero lo más grave de todo, a propósito de esta arbitrariedad, es que de nuevo se pone de manifiesto una aberración institucional, signada por la circunstancia de que un poder, que no es originario, como es el caso de TSJ, asume la condición de supremo, para arrogarse una de las funciones de otro poder que sí es originario; aparte de que siempre se ha considerado que el susodicho TSJ es ilegítimo, sobre todo, por la forma como fue electo un 30 de diciembre entre gallos y medianoche, y sin las credenciales que hacían aptos a los magistrados para optar a sus respectivos cargos, y de allí el calificativo de exprés, como se les llama, entre ellos, la señora Alfonzo. He allí lo que se conoce como el derecho natural, signado por la ley del más fuerte; razón por la que se habla de un CNE nombrado por Nicolás Maduro a su medida, y la aberración salta a la vista desde el mismo momento, en que el TSJ le dio un plazo de 72 horas a la AN de Juan Guaidó, para que procediera a nombrar dicho árbitro electoral, a propósito del proceso que entonces venía llevando a cabo, so pena de declarar la omisión legislativa, y para lo cual incluso se había nombrado un comité de postulaciones, encargado de estudiar el caso de sus posibles integrantes; desconociendo, de paso, la AN de Luis Parra; quedando así demostrado que las instituciones para esta gente existen de acuerdo a su conveniencia. melendezo.enrique@gmail.com
