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Humberto González Briceño
Para mantenerse el poder en contra de la voluntad nacional, Hugo Chávez no tenía otra alternativa que tomar por asalto las instituciones republicanas y entre ellas las fuerzas armadas.
El asalto a las fuerzas armadas comenzó por el cambio de nombre agregándole el adjetivo de “bolivarianas” e imponiendo alabanzas al socialismo y al propio mesías Hugo Chávez en forma de consignas militares. A esto le seguiría un proceso de desprofesionalización y desmantelamiento para reducirlas a ser el brazo armado del régimen y abandonar su misión fundamental en defensa del territorio y la soberanía.
Esta desnaturalización de las fuerzas armadas venezolanas ha quedado bautizada en la constitución chavista de 1999 y plasmada además en una política sostenida por Nicolás Maduro que consiste en premiar a los oficiales genuflexos y lisonjeros que se arrastran para mantener las prebendas que les da la tiranía.
«En esta orgia de inmoralidad y traición a la patria las fuerzas militares de Venezuela se han puesto al servicio del régimen para reprimir con ferocidad a la población civil»
Para vencer resistencias internas y ablandar a oficiales y tropa el régimen ha promovido la corrupción y el pillaje en todos los niveles de la pirámide militar. Así desde el primer Plan Bolívar 2000 y hasta la fecha queda muy claro para un oficial que al iniciarse debe escoger no solo un componente militar sino también un cartel o pandilla según la preferencia del crimen que quiera perpetrar: Droga, secuestro, robo, malversación, narcolavado. Hay de todo, hasta para ahorrarle a los más agazapados el ratón moral de ensuciarse las manos con billetes malolientes.
Para la tropa solo queda el incentivo de las raterías de menor monta, los cobros de vacuna en las fronteras y la extorsión a quienes compran gasolina.
La política de Hugo Chávez fue propagar masivamente la corrupción en las fuerzas armadas venezolanas para ganarlas a su lado con la premisa de robar y dejar robar.
En esta orgia de inmoralidad y traición a la patria las fuerzas militares de Venezuela se han puesto al servicio del régimen para reprimir con ferocidad a la población civil. Lo que resulta irónico es que para sus tareas represivas estos componentes militares usan las armas que la república les confió para la defensa del territorio. Pero estos militares que despliegan su furia bolivariana contra la población desarmada son incapaces de expulsar de territorio venezolano a guerrilleros y paramilitares que reinan a sus anchas dentro de nuestras fronteras.
Por eso hoy los venezolanos miran a estos uniformados sin respeto y con desprecio. Hasta sus propias familias que tienen que soportar los rigores de vivir en un país donde falta todo sienten vergüenza de ser asociados a estos elementos que decidieron cambiar a su patria por una miserable caja CLAP.
«Desde el primer Plan Bolívar 2000 y hasta la fecha queda muy claro para un oficial que al iniciarse debe escoger no solo un componente militar sino también un cartel o pandilla según la preferencia del crimen que quiera perpetrar»
Pero tampoco podemos ignorar que a pesar de tener varias promociones de oficiales formados bajo la férula doctrinaria del castrismo cubano también hay manifestaciones de descontento, disidencia e insurrección en contra de la corrupción militar. De otra forma no se podría explicar que las cárceles estén abarrotadas de oficiales acusados de rebelión unos y participantes en actos de insurrección otros. Más de mil procesados por delitos militares es la evidencia de la profunda crisis que vive la fuerza armada nacional.
Para salvarse a sí misma y luego salvar la República esta fuerza armada tendría que amputar sus miembros gangrenados, quizás las 3/4 partes de la institución y luego la tercera parte resultante emprender un disciplinado proceso de restauración de principios y valores republicanos, expulsando y castigando sin clemencia a criminales y traidores. Una receta dolorosa pero inevitable para un paciente con un cáncer terminal que aun tenga la inquebrantable voluntad de sobrevivir.
