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En las luchas laborales, la defensa del salario y el incremento del mismo ha sido, junto con la estabilidad laboral, la principal motivación de todos los trabajadores asalariados del mundo, en sus permanentes luchas por mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.
Luis Fuenmayor Toro
Esta motivación no ha estado exenta de la contaminación politiquera y demagógica de sindicatos, gremios, patronos, gobiernos y hasta de intereses individuales bastardos. Las luchas laborales son parte de las luchas permanentes de toda sociedad, por desarrollarse y avanzar de manera de que sus integrantes puedan vivir cada vez mejor. Como lucha social se cruza y entrelaza con la lucha política, y puede llegar a hacerse determinante de la orientación y el resultado de esta última. De ahí, que los intereses políticos puedan eventualmente sobreponerse a los genuinos, justos y universales intereses laborales.
Uno de los obstáculos más serios en el necesario mejoramiento de los salarios deriva de la ideologización, politización y partidización de las luchas laborales y, sobre todo, de las salariales en particular. De todos es conocida la aberración frecuente de considerar, que la justicia social reside en que todos los trabajadores reciban el mismo salario, independientemente de la formación, entrenamiento y experiencia del trabajador, de la complejidad del trabajo y de la importancia social del mismo. Es además una posición que goza de simpatías en quienes menos ganan, que son la mayoría, y se facilita su difusión si esa mayoría es además ignorante. Es curioso que muchos de quienes sostienen esta absurda tesis se digan cercanos o afectos al legado de Marx, pues olvidan o desconocen una afirmación clara y tajante de la escuela del llamado “socialismo científico”: No hay nada más injusto que el reparto por igual.
En Venezuela, el chavecismo ha sido parte de esa concepción que pretende igualar salarialmente a los trabajadores por debajo. La justicia social estaría en que todos ganaran salario mínimo, que en la Venezuela de hoy es equivalente a dos dólares mensuales, el más bajo en el mundo entero. El gobierno chaveco tiene este lamentable record y con ello pasará a la historia. Han logrado igualar a los trabajadores, pero están lejísimo de lograr ni el bienestar de nadie ni la tan cacareada justicia social. Los venezolanos están hoy en las peores condiciones de la historia republicana nacional. Lo insólito es que haya universitarios contrarios al gobierno que practiquen las mismas tesis respecto a la justicia, es decir, que tengan como un gran logro la reducción de sueldos de aquéllos que reciben mayores ingresos por las razones que fuere.
He sido luchador gremial universitario. Me tocó serlo en momentos coyunturales importantes, cuando los sueldos de los docentes y de los trabajadores universitarios en general habían experimentado un deterioro gigantesco, con motivo de la crisis económica desatada el 18 de febrero de 1983, el llamado “viernes negro”, y de la imposición por los gobiernos adecos y copeyanos de los mal llamados “presupuestos equilibrados”. Para quienes fuimos protagonistas de las luchas de esos años, el objetivo era el incremento de sueldos y salarios en las universidades nacionales. Jamás tuvimos como meta la reducción de sueldos de quienes ganaban más: los empleados de PVSA o del Banco Central de Venezuela. Esa no era la justicia que buscábamos. La justicia estaba en que nuestros sueldos alcanzaran los niveles de los de PDVSA o del BCV o de los militares de alta gradación.
Lamentablemente, la miseria en que vivimos ha hecho desencadenar pasiones miserables en alguna gente en relación a las diferencias salariales. En lugar de enfrentar la causa del problema y a sus responsables, se actúa contra quienes tienen mayores ingresos y se los hace culpables de la precariedad salarial existente. Un profesor titular a dedicación exclusiva obtiene hoy entre 20 y 30 dólares mensuales aproximadamente, es decir menos de un dólar diario. Tamaña miseria no será nunca compensada con ninguna prima de nada, y si la tiene porque le fue asignada por una disposición del Consejo Universitario, respaldada presupuestariamente por la OPSU, y además pagada durante meses, es un derecho legalmente adquirido, que no puede ser retirado por ninguna disposición administrativa ministerial. Esa prima, adicionalmente, no es la causa de la miseria de quienes no la reciben.
La lucha salarial correcta no es la de quitarle las primas a quienes las tienen, sino de elevarle los sueldos a niveles decentes tanto a quienes tienen esas primas como a quienes no las tienen. Si se trata del personal jubilado la situación es más delicada todavía.
Son personas que disfrutan de una pensión de jubilación, que en el caso de las universidades es una prestación prepaga, sin importar si el monto descontado de los sueldos es suficiente para garantizar el beneficio. La jubilación universitaria está respaldada legalmente (artículo 102 de la Ley), reglamentariamente (artículo 8 de las Pautas del CNU y los reglamentos universitarios) y en las actas convenio y la Convención Única de los Trabajadores del Sector Universitario.
El monto de la pensión es único e indivisible, por lo que no es desagregable; no puede ser disminuido por cambios en la cuantía de primas, bonos u otros beneficios del personal activo. La pensión de vejez y en nuestro caso la de jubilación es un derecho humano fundamental, que no admite reducciones ni menoscabo de ningún tipo. Sus ajustes tienen que tener carácter progresivo, pues los beneficios sociales jamás pueden ser regresivos.
Lo hecho por el Ministerio de Educación Universitaria con los trabajadores de la UCV es completamente ilegal, inconstitucional e infame, tanto con los jubilados y pensionados como con los activos, y debe merecer el rechazo de todos. Si Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, y propugna la defensa de los DDHH y ciudadanos en general, los laborales entre éstos, debe restituir de inmediato la situación de ilegalidad e inconstitucionalidad infringidas.
