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Esa frase acuñada por la filósofa Hannah Arendt para definir la actitud cínica asumida por el nazi Adolf Eichman en el juicio al que fuera sometido por crímenes de guerra (Jerusalén, 1960) viene a ser muy apropiada para caracterizar la posición adoptada por la camarilla civil-militar en el poder, en relación a la problemática nacional y, particularmente ante el calvario que de un tiempo a esta parte atravesamos los venezolanos.
Oscar Battaglini
La analogía que existe entre ambas posiciones, radica en que, así como Eichman no asume su responsabilidad por los crímenes de los que se le acusa (acusaciones que tenían una base ostensible) se muestra indiferente e insensible frente a lo ocurrido bajo su mando, y trata de ocultarse tras el argumento de que él sólo era parte de un sistema, y que por lo tanto actuaba en el cumplimiento de órdenes (con lo cual pretende endilgarle su responsabilidad a otros), la camarilla chávezmadurista busca hacer lo mismo; sobre todo en el intento de evadir su responsabilidad por la catástrofe en la sumieron a la sociedad venezolana, el descaro de atribuirle a otros la culpabilidad o la autoría de la misma, así como la indiferencia y el desprecio que muestra por los males causados al país y a la sociedad venezolana en su conjunto. Esta actitud de la dictadura madurista es tan evidente, que su demagogia patriotera, antiimperialista, pseudosocialista y populista, no ha podido ocultar la escandalosa banalización que hace de los males que ella misma ha provocado. La demostración de esto radica, por un lado, en el hecho que, ni Maduro ni ningún representante de su entorno palaciego se refieren a esos males con la seriedad del caso y asumiendo la enorme responsabilidad que le corresponde por ello; y cuando, por alguna razón se refieren a esa situación, lo hacen como restándole importancia y de manera tangencial, para luego echarle toda la culpa al Imperio y a la oposición apátrida; y por otro, en la desidia o la determinación de no adelantar ninguna política (planes , medidas, etc,) que le ponga término o que, por lo menos, alivie el malestar generalizado en la sociedad venezolana, que ellos han hipertrofiado con la desidia, con la indiferencia a los grandes problemas del país y con el uso perverso que hacen del poder.
Esta orientación nefasta en el accionar del control omnímodo del poder y la banalización que el chávezmadurismo hace de sus resultados, explica la debacle casi absoluta en la que actualmente está sumida nuestra sociedad. En términos concretos, esto es lo que explica:
- La quiebra de la economía nacional (de la producción petrolera, gasolina y otros derivados, de la producción industrial, de la agricultura, del comercio, de las finanzas públicas, etc.
- El caos de los servicios públicos (de salud, educación, agua, electricidad, gas, transporte, etc).
- La expansión y desarrollo exponencial de la pobreza en todas sus expresiones, en particular de la pobreza de ingreso, provocada por la hiperinflación que padece el país desde hace casi 4 años, la cual se calcula en un 96%, y tiene entre sus consecuencias más terribles la huida del país de más de 5 millones de venezolanos.
- La conversión del Estado venezolano en una maquinaria dictatorial al servicio de una camarilla burocrática (civil-militar), que ha liquidado la autonomía de los poderes, el orden constitucional y el estado de derecho (en una palabra, de la democracia) y ha hecho de los bienes públicos una industria o hacienda privada.
- La pretensión mediante el poder absoluto que la camarilla cívico-militar en el poder ejerce sobre los poderes decorativos de la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, pero por sobre todo, el picadero político en que se ha convertido el TSJ y el servicial CNE, al momento de imponernos otro simulacro electoral, con el inocultable propósito de echar mano de la Asamblea Nacional, para, entre otras cosas, prolongar su permanencia en el poder.
Cuando se considera esa pretensión a la luz de los catastróficos resultados arrojados por el paso del chavezmadurismo por el poder, se llega a la conclusión de que eso sólo se le puede ocurrir a una gente que ha hecho de la banalización de mal, su guía política e ideológica; sobre todo si se tiene en cuenta que el simulacro electoral en marcha se intenta llevar a cabo en medio de la crisis humanitaria compleja y la fase exponencial del Covid -19, que pone en riesgo la vida de los venezolanos.
Si a esto se le añade:
1-el hecho de que la camarilla en el poder no tiene nada que proponerle al pueblo venezolano como solución de los grandes y graves problemas que padece, cosa que confirma la certidumbre que se tiene de que la dictadura madurista, ni ha puesto ni tiene en ejecución ningún plan de medidas dirigido a solucionar esos problemas o por lo menos a mitigar sus consecuencias;
2- la convicción de que se trata de más “elecciones” amañadas que la dictadura intenta imponer sin que existan condiciones razonables que garanticen un ejercicio libre del voto, y un resultado justo, confiable y creible; entonces se disipa cualquier duda que pueda existir acerca de los verdaderos objetivos que persigue alcanzar la dictadura madurista con la realización fraudulenta de estas “elecciones” parlamentarias: incorporar a la Asamblea Nacional a su estructura de poder omnímoda (dictatorial); exhibir cínicamente ante el país y el mundo un resultado electoral “victorioso” como muestra (como prueba) de su “legalidad” y “legitimidad” política. Valerse de ese resultado -conseguido mediante el fraude, y por lo tanto, írrito-, como un medio para seguir prolongando su permanencia en el poder, como hemos señalado.
Si finalmente la dictadura logra imponer su determinación de ejecutar el simulacro electoral, esa acción no será considerada ni reconocida política y judicialmente como un acto realizado, por lo tanto tendrá un carácter írrito, o como dicen los juristas: nulo de toda nulidad. Lo que quiere decir que la situación política existente en el país quedará en pie hasta tanto se elija un nuevo presidente de la república y una nueva Asamblea Nacional conforme al derecho constitucional vigente.
Un elemento que viene a confirmar la banalización del mal practicada por el régimen madurista, es el Informe (2014-2020), realizado por la comisión ad hoc del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se describe con lujo de detalles, y con fuentes y testimonios incontrovertibles, la violación sistemática de los derechos humanos y civiles que permanentemente se cometen en nuestro país, y en cuya autoría aparece seriamente comprometida la responsabilidad de los actuales gobernantes venezolanos al más alto nivel.
En relación con esto, concluye el Informe afirmando … “que los actos y conductas descritos … constituyen una violación de las obligaciones internacionales de Venezuela … que son reconocidas como crímenes por el derecho nacional o internacional”; y que, de acuerdo al Estatuto de Roma (Art. 7), son considerados crímenes de lesa humanidad.
