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Los artículos 27 y 28 del proyecto de ley antibloqueo se convierten en el sustento legal del gobierno de Nicolás Maduro para evadir importar gasolina y evadir las sanciones del gobierno de los Estados Unidos mediante la delegación de esta actividad a empresas privadas, lo que implica una manera de derogar o dejar sin efecto temporalmente la reserva que tiene el Estado en el suministro de combustibles líquidos.
“Con este legislación se deroga la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, aprobada durante el gobierno de Hugo Chávez en 2008, la cual impide la participación de particulares en la actividad de intermediación y transporte de combustibles líquidos”, advierte Ramón Castro Pimentel, ex vicepresidente de Deltaven, la filial de PDVSA encargada del negocio de las estaciones de servicio. “Con la ley antibloqueo, el régimen de Nicolás Maduro puede pretender hacer lo que quiera, pero difícilmente logre en el exterior alguna empresa que le de validez jurídica y aquellas que lo hagan corren el riesgo de ser sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.”, acotó.
El artículo 27 del proyecto legal le otorga al Ejecutivo Nacional la facultad para autorizar e implementar medidas a favor de privados en operaciones o activos que estén bajo el control del Estado como es el de la distribución al mayor de los combustibles y para ello plantea la firma de “alianzas o acuerdos” entre organismos públicos y empresas privadas para la importación de gasolina.
El artículo 28 de la propuesta legal antibloqueo señala que “cuando resulte necesario para proteger sectores productivos fundamentales del país”, el Gobierno podrá levantar las restricciones que existen para determinados productos o servicios como es también el de los combustibles, cuyo monopolio lo tiene Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El cuarto oscuro
El abogado experto en derecho constitucional, Juan Manuel Raffalli, cuestionó los artículos del proyecto de ley porque facultad al régimen de Maduro a otorgar contratos incluso en actividades reservadas al Estado, obviando el marco legal que rija cada área así como el Régimen de Concesiones y la de Contrataciones Públicas, al tiempo que alertó que se trata de un instrumento jurídico que legaliza la confidencialidad o el secreto; aspecto que ha sido defendidos por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, con el argumento de facilitar las contrataciones y agilizar la inversión extranjera.
“El proyecto de ley antibloqueo confiere enormes poderes a Nicolás Maduro y crea un mecanismo de reserva confidencial de documentos, archivos y expedientes. Un cuarto oscuro que limita el derecho a la información y fomenta la autocensura”, dijo Rafaelli. ”Algo positivo pero discrecional, sería la posibilidad de reversar expropiaciones y ocupaciones de empresas privadas e incluir cláusulas contractuales de protección de inversiones, como por ejemplo la solución alternativa de conflictos que incluye el arbitraje”, añadió.
