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El abogado Rafael Narváez criticó que mientras reprimen a la población, el hampa hace de las suyas
El defensor de Derechos Humanos y director de la ONG Derechos Civiles, abogado Rafael Narváez, rechazó la represión que el Estado, a través de los cuerpos de seguridad, ha ejercido en contra de las manifestaciones de los ciudadanos que han protestado por la falta de servicios públicos básicos.
“El Estado ha arremetido contra los ciudadanos que, cansados de ser víctimas del desprecio y del engaño, han alzado su voz por la falta de agua, electricidad, gas, alimentos, medicinas y transporte”, afirmó. “En lugar de buscar soluciones a los problemas de la población, responde con balas de goma, sustancias tóxicas y golpes a garrotazo limpio contra los manifestantes”, expresó.
Recordó que la Constitución garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y que además prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, así como el uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestaciones.
“Es el colapso de los servicios básicos, tales como agua, energía eléctrica, gas doméstico y la escasez de combustible, así como la matraca sin escrúpulos de algunos efectivos de los cuerpos de seguridad, es lo que ha generado más de setenta protestas diarias en los pueblos más humildes del país”, indicó.
Bandas delictivas toman diversas zonas de Caracas y el interior del país
El profesional del derecho explicó que la respuesta del Estado ha sido lanzar a los cuerpos de seguridad más represivos. Mencionó a la Guardia Nacional, el FAES, y la Policía Nacional Bolivariana como cuerpos que sin piedad han reprimido con balas de gomas y bombas lacrimógenas, y han efectuado detenciones arbitrarias contra el reclamo justo de los manifestantes.
Criticó que, mientras a la población indefensa le descargan toda la potencia de la represión, el hampa hace de las suyas sin que nada la detenga. Al respecto, hizo referencia a la situación de diversas zonas de Caracas, como la Cota 905, que, al igual que otras del interior del país, han sido tomadas por bandas delictivas.
“Al pueblo le responden con balas de goma, gases lacrimógenos y garrotazos ¿Por qué protesta?: porque no tiene agua ni para lavarse las manos para evitar el Covid-19, ni energía eléctrica para trabajar o estudiar o gas para cocinar los pocos alimentos que puede conseguir. Pero, el Coqui hace de las suyas y ante sus acciones, los organismos de seguridad salen corriendo”, aseguró.
El abogado fustigó que se permitan actos como el que sucedió hace unos días en la localidad de Cabudare, estado Lara, donde los cuerpos de seguridad infligieron tratos crueles, degradantes e inhumanos contra un ciudadano que protestaba y clamaba por agua y luz.
“El Estado se declaró enemigo de los derechos humanos”
Añadió que además se permite que los colectivos armados presten juramento en el obelisco de Barquisimeto y emitan un decreto, prácticamente de guerra, contra los que se encuentren en la calle protestando. Inclusive, el gobernador del estado Zulia, no conforme con la grave e insostenible crisis que padecen los zulianos, se atreve a dictar un decreto para no permitir las manifestaciones.
A juicio de Narváez, todos estos elementos reafirman la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado que, adicionalmente, descalifica el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos, y la cual calificó los abusos cometidos en Venezuela como crímenes de lesa humanidad.
“Estamos en presencia de un Estado que se ha declarado enemigo de los derechos humanos y garantías constitucionales y eso es muy grave para una población que luce indefensa y sin esperanzas”, puntualizó.
