El abogado y exparlamentario Rafael Narváez señala que propósito del gobierno es callar el sufrimiento de las víctimas de la hambruna, la deficiencia de los servicios públicos, la crisis sanitaria y una dolarización que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
El coordinador de la ONG Derechos Civiles, abogado Rafael Narváez, condena que el Estado arrecie la persecución contra los medios de comunicación independientes, periodistas y el libre ejercicio del periodismo.
“La política de amedrentamiento y amenazas contra la información veraz y oportuna no se detiene. La intención del Estado es ocultar la verdad que vive cada día la sociedad venezolana”, asevera el exparlamentario.
Añade que el propósito del gobierno es callar el sufrimiento de las víctimas de la hambruna, la deficiencia de los servicios públicos, la crisis sanitaria y una dolarización que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
“La hiperinflación aniquiló e hizo desaparecer a los salarios, los cuales se convirtieron en sal y agua, profundizando así la desigualdad social en el país”, enfatiza Narváez.
Agregó que el Estado persiste en su plan de imponer censura a la prensa libre y seguir imponiendo una hegemonía comunicacional para generar indefensión en el pueblo al coartarle los canales de información.
Enfatiza que el Estado sigue imponiendo su política de hegemonía comunicacional sin importarle la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, establecidos como derechos en la Constitución Nacional, pactos internacionales y derechos humanos ratificados.
El coordinador de la ONG indica que es equivocada la guerra del Estado contra la libertad de expresión, al cerrar medios de comunicación social, incautar equipos y amenazar a los periodistas con diversas restricciones.
El coordinador de la ONG Derechos Civiles destaca que estas violaciones contra los derechos humanos de la ciudadanía deben ser investigadas por los Poderes Públicos. Al respecto, lamenta que estos hayan perdido su autonomía, independencia y atribuciones establecidas en la Constitución Nacional.
“Estamos en presencia de un Estado indolente y prepotente, que le incomoda la libertad de expresión, y que permanece abrazado al poder sin límites”, señala Rafael Narváez, coordinador de la ON Derechos Civiles.