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El principal responsable es el gobierno nacional, que a lo largo de más de 20 años ha permitido la presencia inconstitucional de grupos armados colombianos en nuestro territorio. No hay excusa posible.
Luis Fuenmayor Toro
Es difícil escribir sobre los combates violentos que ocurren desde el 21 de marzo pasado en el estado Apure, que han afectado la población fronteriza de La Victoria y que enfrentaron a la FANB con grupos armados irregulares de origen colombiano.
La ofensiva nacional fue en respuesta a los ataques de puestos militares y otras instalaciones del país, el minado del territorio y su ocupación por parte de los irregulares. Como consecuencia, se han producido heridos y muertes en nuestros soldados y oficiales y la huida hacia Colombia de pobladores civiles, que han abandonado sus viviendas en búsqueda de seguridad personal y familiar.
La dificultad en hacer una aproximación certera al problema radica en la inexistencia de información creíble de las distintas fuentes, pues los intereses de los sectores enfrentados, tanto venezolanos como colombianos, así como los referidos a las relaciones entre ambos países, son muy importantes y están muy relacionados con la política interna de ambos países.
Se trata de una región fronteriza alejada y deshabitada, en la que los gobiernos venezolano y colombiano no ejercen el control debido del territorio, con una población civil cuyas actividades de todo tipo se realizan a ambos lados de la frontera, la cual es casi inexistente para la mayoría de ella.
La oposición violenta extremista de Venezuela no solo sueña sino que impulsa este tipo de enfrentamientos, como lo hizo con el ingreso sí o sí de la ayuda humanitaria»
Y donde actúan a sus anchas distintos grupos armados colombianos: bandas delictivas del narcotráfico y todo tipo de contrabando, efectivos del ELN, organización guerrillera enfrentada al gobierno de Colombia y dedicada en Venezuela, desde hace décadas, a la búsqueda de financiamiento mediante actividades delictivas; grupos para militares colombianos, identificados con el uribismo, al servicio de las políticas agresivas y despiadadas de la oligarquía colombiana; grupos disidentes de las FARC, con distintos intereses y motivaciones, y la GNB que en distintas formas se relaciona y convive con todos ellos.
A lo complejo de la situación se agrega la falta de transparencia con la que el gobierno de Maduro enfrenta el problema, siempre tratando de obtener algún rédito político interno del mismo y desplegando una conducta en la zona, que lejos de beneficiarlo lo perjudica enormemente interna y externamente.
Las detenciones de periodistas que están cubriendo los sucesos y de campesinos residentes, son acciones de fuerza que comprometen enormemente el apoyo de los venezolanos que habitan la zona. Al mismo tiempo, pero en sentido inverso, están los intereses de la oposición violenta extremista de Venezuela, que no solo sueña, sino que impulsa este tipo de enfrentamientos, como lo hizo con el ingreso sí o sí de la ayuda humanitaria, para crear junto con el gobierno colombiano una crisis fronteriza, que permita el escalamiento de las acciones hacia la intervención militar extranjera del país.
Desde principios de este siglo, denuncié a través de la prensa la infiltración y práctica toma del estado Táchira y su reparto consensual entre el ELN y los paramilitares uribistas. Describí su control de pueblos, ciudades y vías de comunicación; el cobro compulsivo de “vacuna”, la complicidad de la GNB y la “extraña” ausencia de enfrentamientos en Venezuela entre enemigos a muerte dentro de Colombia.
Exigimos a la FANB que saque a todos los grupos irregulares colombianos de nuestro territorio, sin importar sus posiciones políticas al interior de Colombia»
Aquella denuncia fue luego confirmada por muchos, pero no derivó en ninguna actuación del gobierno de Hugo Chávez. Se permitió negligentemente que grupos armados extranjeros actuaran libremente dentro de nuestro territorio. Hoy, estos grupos están prácticamente en todo el país y le disputan al Estado venezolano el control territorial. Algo similar a lo que pasó luego con las bandas delictivas nacionales, al aplicar la política tristemente famosa de las zonas de paz, cuyas graves consecuencias las vivimos hoy.
Como ejemplos evidentes tenemos el caso actual de Apure y el ya mencionado del estado Táchira, los archiconocidos casos de la amplia zona minera de Bolívar; la Goajira y el resto del estado Zulia, Sucre desde San Antonio del Golfo y todo el norte de la península de Paria, la Faja petrolera del Orinoco, Amazonas y paro de contar.
De esta situación, el principal responsable es el gobierno nacional, que a lo largo de más de 20 años ha permitido la presencia inconstitucional de grupos armados colombianos en nuestro territorio. No hay excusa posible. Hecho aprovechado hoy por quienes quieren cercar al gobierno externamente, no para liberarnos sino para terminar de desmembrar a nuestro país y anexárselo, un plan muy antiguo de nuestros vecinos, que hoy ha encontrado apoyo en una parte de la oposición venezolana, que no le importa el destino de la nación sino el derrocamiento de Maduro a como dé lugar
Dejamos claro que estamos al lado de la FANB en su lucha contra agresores externos de nuestra nación. Lamentamos la caída en combate de efectivos venezolanos y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y compañeros. Por otra parte, exigimos a la FANB que saque a todos los grupos irregulares colombianos de nuestro territorio, sin importar sus posiciones políticas al interior de Colombia, ni las simpatías declarativas con el gobierno. Quienes se declaren amigos deberían salir del territorio con solo pedírselos.
Que se proteja a la población civil y no se la trate como enemiga, pues se trata de compatriotas que además han sido afectados por el abandono y la desidia gubernamental»
El narcotráfico y el contrabando deben ser eliminados. Pedimos que se enfrente sin vacilación la complicidad con los irregulares de efectivos de la GNB o del ejército. Que se garantice un adecuado control fronterizo y se impida incursiones posteriores apoyadas o no por el ejército colombiano. Que se proteja a la población civil y no se la trate como enemiga, pues se trata de compatriotas que además han sido afectados por el abandono y la desidia gubernamental en las fronteras.
@LFuenmayorToro
EL AUTOR es médico-cirujano, Ph. D., profesor titular y exrector de la UCV, investigador en neuroquímica, neurofisiología, educación universitaria, ciencia y tecnología. Luchador político
