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El sistema de justicia está al servicio de la persecución por motivos políticos, asegura Provea. “Defender derechos no es delito”, agrega
La detención de defensores de derechos humanos es parte de una política de Estado generalizada y sistemática de persecución, denuncia la ONG Provea a propósito del encarcelamiento contra los activistas de Fundaredes.
En tal sentido, recuerda que la Corte Penal Internacional ha establecido que estas acciones puede constituir un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, los responsables de este tipo de hechos deben rendir cuentas ante la justicia.
Denuncia que el sistema de justicia está al servicio de la persecución por motivos políticos, en referencia a las declaraciones del fiscal de facto, Tarek William Saab, ofrecidas sobre la detención de los voceros de Fundaredes.
“El sistema de justicia está al servicio de la persecución por motivos políticos en una contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas contra la población. Defender derechos no es delito”, indica en un tuit en la red Twitter.
Provea recuerda que la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, manifiesta sus preocupaciones y recomendaciones a los más altos niveles del Gobierno venezolano sobre las detenciones de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, de FundaRedes.
Por su parte, Julie Chung, subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, afirma este miércoles: “La acusación contra los activistas de @FundaREDES_ criminaliza el trabajo de las ONG para informar la verdad, defender los DD HH y hacer que los líderes rindan cuentas».
“Una sociedad civil libre y vibrante es un pilar clave de la democracia. La acusación de @FundaREDES_. Los persistentes ataques del régimen de Maduro contra la sociedad civil deben terminar”, agrega.
Provea destaca que Argentina reiteró su preocupación por los derechos humanos en Venezuela, durante su intervención en el Consejo DDHH-ONU. Agrega la grave crisis política, económica, social y humanitaria que padece el país ha sido exacerbada por el Covid-19 y las sanciones.
Asimismo, Argentina exhorta a llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar una reparación a las víctimas. Exige poner fin a los ataques contra miembros de la oposición, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.
