Humberto González Briceño
Poco importa que la cesión de territorio nacional esté prohibida por la propia Constitución chavista. estamos frente a un hecho amparado por la pseudo legalidad del Estado Chavista.
Humberto González Briceño
Políticos y analistas muchas veces se enredan tratando de caracterizar o explicar la naturaleza del régimen chavista. Más allá de las etiquetas más comunes usadas para identificar al Estado chavista basta con examinar su morfología y su praxis para entender que no estamos frente a un régimen populista, socialista, fascista o militarista aunque en su desarrollo combine elementos de estas y otras formulaciones políticas. El régimen chavista opera como un ecosistema criminal donde interactúan mafias, grupos y pandillas de la más variada índole articulados como un Estado aceptado por la mayoría de los países por su supuesta legalidad aunque sus orígenes sean bastardos.
La caracterización de criminal adjudicada al régimen chavista no es gratuita. Es la constatación de acciones que van en contra del bien común de la sociedad y en contra de la nación venezolana pero que son ejecutadas por estos grupos gansteriles disfrazados de autoridad pública. Cualquier modelo político sea socialista o fascista (menos el anarquismo) busca la replicación del Estado y la integridad de su territorio, menos el chavismo que como ya hemos explicado no es un modelo político sino más bien criminal.
Solo la naturaleza criminal del Estado chavista podría explicar las acciones que se emprenden desde sus gobiernos para destruir la moneda, entregarle el control de las calles a las megabandas, y hasta desmembrar materialmente el territorio para cederlo a grupos guerrilleros, corporaciones transnacionales o potencias extranjeras. Abundan las evidencias sobre el carácter criminal y no político del régimen chavista.
El saqueo y desmantelamiento de PDVSA, que antes de Hugo Chávez era una empresa pilar del antiguo Estado nacional, se perpetró deliberadamente para financiar la corrupción de los primeros años del chavismo. Los dineros de la primera empresa petrolera nacional fueron robados para engordar los bolsillos de chavistas corruptos y pagar a la clientela chavista por su labor proselitista. El resultado es una empresa inoperante e inútil para servirle a la Nación.
El caso del Arco Minero refleja la asociación directa de mafias militares locales con grupos guerrilleros y narcotraficantes que están extrayendo oro y otras piedras preciosas que van directo a los mercados negros internacionales y no al tesoro nacional.
La única forma de asegurarse la fidelidad perruna de las bandas que operan dentro de las fuerzas armadas chavistas es reconocerles territorios y permitirles todo tipo de actividad criminal para su beneficio. La corrupción es un cáncer que se reproduce sin cesar dentro del cuerpo militar como una condición normal para poder operar. Las rebeliones militares que pudieran ocurrir no buscarán cambiar la estructura del régimen político sino más bien a los jerarcas de su gobierno para quitar unos y poner otros.
El Estado chavista como complejo ecosistema criminal carece de políticas para preservar al propio Estado y menos aún a la nación venezolana. En lugar de políticas de Estado el régimen chavista ejecuta acciones improvisadas y espasmódicas para sobrevivir día a día. La política se reduce al empeño obstinado en aferrarse al poder por la fuerza militar para seguir robando y saqueando, aunque esto sea al precio de sacrificar la sociedad, los recursos y el territorio donde opera tal Estado.
Precisamente para seguir en el poder al precio que sea el chavismo ha buscado alianzas contrarias a los intereses de la nación venezolana. Por ejemplo, desde tiempos de Hugo Chávez el régimen chavista emprendió alianzas con grupos narcotraficantes y guerrilleros colombianos a quienes prácticamente les entregó el control de la frontera venezolana. Aun hoy productores agropecuarios del Zulia, Táchira y Apure reportan que grupos guerrilleros operan libremente en las narices de las fuerzas armadas y hasta bajo protección de estas.
Tratando de ponerse a la sombra de potencias que puedan eventualmente ayudarle el chavismo se ha entregado a los gobiernos de Cuba, China, Rusia e Irán.
A Irán se le acaban de ceder un millón de hectáreas para cultivos desconocidos. Poco importa que la cesión de territorio nacional esté prohibida por la propia Constitución chavista. Ya Nicolás Maduro firmó los acuerdos y estamos frente a un hecho amparado por la pseudo legalidad del Estado Chavista.
El régimen chavista se presenta como un Estado socialista con validación electoral, poderes públicos y fuerzas armadas. Pero no podemos llamarnos a engaño ni alentar la confusión. El Estado chavista no es un Estado en el sentido político. Resulta más preciso caracterizarlo como un ecosistema de mafias y bandas que interactúan entre sí con claros fines criminales. Esto debería estar muy claro para los venezolanos y más aún para aquellos que aún no terminan de entender que con criminales no se negocia, se les combate.-
