Luis Fuenmayor Toro
La criminalización y judicialización de las protestas populares, son ahora política permanente del gobierno, mejorada con la perversa Ley contra el Odio
Luis Fuenmayor Toro
Desde hace mucho tiempo, desde los inicios incluso del gobierno de Chávez, me preocupaban las disonancias que se deslizaban entre el discurso del gobierno y sus prácticas sociales, políticas y económicas, para no referirme a las éticas y morales que siempre son más difíciles de juzgar. Lamentaba las coincidencias en el lenguaje entre los gobiernos adecocopeyanos y el gobierno que había ganado como una opción positiva de cambio cualitativo, y había prometido eliminar, o por lo menos enfrentar, las graves lacras existentes hasta ese momento. Entiendo, pero no justifico, que esos primeros años de gestión estuvieron muy marcados por las acciones subversivas, muchas veces violentas, de una oposición que, al no resignarse a perder el poder mantenido por 40 años, recurrió a todos los medios posibles para derrocar a un gobierno elegido en comicios democráticos, bajo el control de sus adversarios.
Llamados a huelga general en 2001, el paro temporal de PDVSA ese mismo año, el golpe de 2002, el “lockout” petrolero 2002-2003, el nuevo llamado a huelga general y la convocatoria al revocatorio de 2004, junto con toda la acompañante vocinglería, acusaciones, insultos y descalificaciones opositoras, generaron una respuesta coyuntural verbalmente agresiva, que pasó a convertirse en conducta permanente y estructural en el chavecismo gobernante, y que se mantiene como único legado restante en el régimen de Maduro. Aparecieron los “colectivos” armados, grupos para policiales organizados, entrenados y dotados, equivalentes, aunque más “eficaces”, a los cabilleros de AD, dirigidos por el sindicato de la construcción. Algo que se suponía tenía que desaparecer, revivía fortalecido dentro del gobierno de la “revolución”.
Recuerdo mis enfrentamientos, en aquellos primeros años de Chávez, con quienes querían dejar de lado los méritos de trabajadores y empleados públicos, para tomar sólo en cuenta sus posiciones políticas o ideológicas, a la hora de las contrataciones, los ascensos y los altos nombramientos del personal de carrera. También mi negativa a designar en puestos de confianza a cualquiera que se identificara con “el proyecto”, como se le llamaba entonces, sin tomar en cuenta preparación, experiencia, honestidad y compromiso. O a convocar con carácter obligatorio a los funcionarios bajo mis órdenes, a reuniones y manifestaciones político partidistas, o a desatender las justas solicitudes de quienes no apoyaran claramente al gobierno. Eran todas formas de comportarse de los gobiernos anteriores, supuestamente a ser erradicadas, pero que estaban presentes y claramente se imponían paulatina y en forma permanente.
Hoy, 20 años después, sigo oyendo que quienes luchan por reconquistar unas condiciones de vida que les fueron arrebatadas, son unos conspiradores, desestabilizadores y golpistas. Que son terroristas y, si no lo fueran, “le hacen el juego” a quienes sí lo son. Que deben aguantar hambre y miseria y esperar que Maduro, con su Rólex y anillos de esmeraldas, algún día resuelva los problemas. Resistimos en ese pasado la criminalización y judicialización de las protestas populares, para ahora tenerlas como política permanente del gobierno, muy mejorada por cierto con la perversa Ley contra el Odio. Irrita ver las coincidencias en la caracterización de las protestas, entre la golpista Boluarte de Perú, con más de 50 asesinatos a cuesta, y el gobierno de Maduro en el caso de los obreros de Guayana. Da grima que la presión policial y miliar nuestra contra las protestas populares, se asemeje a la de Boluarte, quien por lo menos tiene la “excusa” de que las manifestaciones peruanas son para sacarla.
Centenas de miles, mayoritariamente mujeres, han tomado las calles en todas las grandes y pequeñas ciudades del país, con exigencias reivindicativas sociales y sin banderas de 7 estrellas ni colocadas al revés. En estas protestas han estado presentes, como lo estuvieron el año pasado, numerosos seguidores del gobierno. Los reclamos han sido hechos dentro de la Constitución y las leyes, y pese a las aisladas provocaciones, los manifestantes no se han desviado de sus objetivos. Es lógico que grupos opositores se hagan presentes para apoyar o pescar en río revuelto, pero estas últimas actitudes han sido rechazadas por los manifestantes, cuyo reclamo pacífico fundamental son los salarios. Es inentendible e inaceptable que se afirme que existe una cierta recuperación económica, que se manifiesta en un crecimiento del PIB, sin que la misma se extienda a los sueldos y salarios en la misma proporción.
@LFuenmayorToro
