Edwin Sambrano Vidal
Las tarifas tienen que ser proporcionales y la contratación y utilización del servicio debe ser voluntaria.
Edwin Sambrano Vidal
Tenemos muy malos servicios públicos. Deficientes en la continuidad de su prestación, de baja calidad en cuanto a la satisfacción de la necesidad de la población, incluso, son perniciosos porque producen daños tanto a las personas como a los bienes domésticos.
El agua, por ejemplo, no es potable y enferma a la población, especialmente a niños y otras personas vulnerables, además por su alta composición de barro ferroso diluido que daña las tuberías y demás implementos para su suministro corriente.
La energía eléctrica es intermitente y sin la potencia adecuada para mantener los equipos, dañándolos y obligando a gastos extras en reguladores y protectores, así como en reinstalación y reparaciones. De igual forma el servicio telefónico y el internet.
Todo ello origina perjuicios a la salud y al patrimonio familiar, y perturba la actividad laboral y económica en general.
Los entes públicos pretenden «regularizar» el pago de estos servicios y como dicen ellos, buscan «crear conciencia en la población para que cumpla con sus responsabilidades», pero esos entes no cumplen con sus responsabilidades en materia del suministro, la calidad, continuidad y expansión de la prestación de esos servicios y, algo fundamental, no se discuten públicamente los planes, medidas, tarifas y políticas sobre los servicios públicos, los cuales son decididos dictatorialmente por funcionarios que tienen la obligación de someterlos al examen de órganos deliberantes plurales, instancias técnicas independientes y de los ciudadanos y sus organizaciones para poder ponerlos en práctica.
Además, previamente los entes públicos y sus concesionarios en los servicios, deben realizar los estudios técnicos, sociales, urbanísticos y geográficos, así como todas las obras necesarias y adquirir las maquinarias y equipos adecuados para una prestación óptima del servicio respectivo, con planes de mejoras, ampliación, mantenimiento y la correspondiente previsión presupuestaria y financiera para acometerlos, sin interrupción, disminución de la calidad y sin aumentos súbitos ni desproporcionados de las tarifas.
EL INSOLITO CASO DEL ASEO URBANO
El caso del servicio de aseo urbano que involucra a una empresa privada (la tristemente célebre Fospuca) es la más grosera muestra del desprecio y la exclusión que los ocupantes del poder ejecutivo tienen contra la sociedad civil.
Los cobros son excesivos y sin control, no se pueden llamar tarifas, sino cobros arbitrarios, en todos los servicios, no existen instancias dónde los ciudadanos puedan realizar sus quejas y reclamos, enterarse sobre lo que se pretende aprobar y hacer sus alegatos. La factura por servicio de aseo es más alta que por electricidad, por ejemplo. Hay miles de viviendas o inmuebles desocupados o sin actividad que, sin producir basura alguna, son pechados por la factura de aseo.
Es decir, pretenden cobrar por un servicio que no se presta o se presta muy deficiente o con tarifas desproporcionadas, lo cual constituye, claramente, un abuso de poder y un delito.
Estamos de acuerdo en que los servicios deben pagarse, pero primero deben cumplirse los estándares técnicos y sociales, las tarifas tienen que ser proporcionales y la contratación y utilización del servicio debe ser voluntaria. Eso es lo que establecen la Constitución y el ordenamiento jurídico venezolano.
EXCLUSION CIUDADANA
Finalmente, debe cesar la marginación de los ciudadanos al estudio y al control de todo lo concerniente a la prestación de esos servicios: quién los presta, cómo se prestan, qué calidad y cuáles tarifas, así como la existencia de oficinas físicas para la realización de trámites y presentación de quejas, reclamos, alegatos y propuestas.
Tampoco puede anclarse las tarifas al dólar ya que los ingresos y salarios no lo están. Así que, de este modo arbitrario cómo están actuando, los entes oficiales y sus concesionarios, están provocando múltiples molestias a la ciudadanía, lo cual es una falta grave a sus obligaciones, y por ello, pueden verse envueltos problemas legales y en una situación de abstención de pago con posibles estallidos masivos de desobediencia civil en defensa de los derechos ciudadanos.
DIÁLOGO Y CONSULTA CIUDADANA
Mi recomendación es que se de apertura inmediata de un compás de diálogo y consulta ciudadana para buscar las soluciones reales, justas y duraderas a estos graves problemas que causan malestar, angustia y ruina en la ciudadanía.
