Hernan Lugo Galicia
La familia y la comunidad venezolana exige al gobierno chileno respuestas sobre los responsables y que avance la investigación.
Hernán Lugo-Galicia
Desde el 8 de marzo, cuando sepultan al primer teniente Ronald Ojeda, y hasta la fecha, la investigación sobre el secuestro y asesinato del oficial venezolano en Chile entró en una especie de “silencio administrativo”.
No hay informe de nuevas actuaciones. La última tuvo que ver con la revisión de las llamadas hechas por el principal sospechoso, Walter Rodríguez, a Bolivia y Perú, luego que se detectara sus huellas en el ascensor del edificio donde vivía Ojeda y en el celular abandonado en unos de los autos.
El dato es importante, porque -desde Venezuela- fuentes militares reportaron que el jefe de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Gramko Arteaga, voló a Bolivia en febrero con la misión de recibir al primer teniente y traerlo a Caracas.
¿A quiénes llamó Rodríguez, un venezolano, que estaba residenciado en Chile y trabajó en 2015 en el despacho del entonces gobernador Tareck El Aissami, y hoy está desaparecido?
En principio, el expediente fue considerado de “carácter secreto” desde el 22 de febrero, cuando estalló el escándalo sobre la posible intromisión de la inteligencia castrense, junto a grupos delincuenciales, en territorio chileno y se evidenció la carencia de protección de ese país.
A este hecho, se le sumó dos más: El allanamiento a la casa del director de la PDI, acusado de filtrar información judicial a delincuentes; y que el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manrique, asumió la defensa legal del funcionario cuestionado.
Los hechos ocasionaron desconfianza en los familiares de Ojeda, primero, sobre las actuaciones de la PDI, y ahora, con la falta de credibilidad que siente hacia el abogado.
La P DI mantuvo tres tesis sobre el suceso: el autosecuestro de Ojeda; una venganza personal; y su trabajo como operador de una empresa de cambio de divisas, pero luego fueron descartadas por falta de pruebas. Incluso, el abogado calificó de “conjeturas” la intervención de la DGCIM en el secuestro y muerte del oficial.
“Desde el 10 de marzo hay desinterés por la investigación. La familia y la comunidad venezolana exigimos respuestas sobre los responsables y que avance la investigación. A un mes del hecho, tenemos: un oficial de la FANB asesinado; un niño y su madre desamparados; y un retraso en la investigación”, lamentó el primer teniente José Rodríguez Araña, compañero de Ojeda en la promoción 2012, José Antonio Páez, de la Academia Militar.
Miedo de la familia Ojeda
A pesar de que las últimas palabras de Ojeda a su esposa, Josmarghy Castillo, fueron “Quédate tranquila”, ella rompió el silencio y habló al diario La Segunda, de Chile y aseguró: “Está la mano del régimen venezolano, no cabe duda. El régimen maneja al hampa (…) Esto es político, no es hampa común”.
En la entrevista, relata el terror que vivió la madrugada del secuestro, al ser apuntada a la cabeza por el más grande los secuestradores; los gritos de su hijo, y la forma como se llevaron a su esposo:
“El más grande me apunta a la cabeza; me hace así (empuña el arma) y me dice: “Cállate”. Fue su última palabra, porque yo estaba gritando mucho y los vecinos se despertaron, llamaron a la recepción, pero abajo había una persona chilena, que el de la recepción me juró que le mostró una supuesta orden orden. Cuando el tipo me dice: “Cállate”, mi esposo me dice: “Quédate tranquila” y fueron sus últimas palabras que me dijo”, relató.
Durante la conversación, reveló que recibían presiones y amenazas del extranjero, en particular luego de la captura del capitán Anyelo Heredia y que, tras una serie de torturas, incluyera a Ojeda en un supuesto plan desestabilizador. Y que, por ello, se mudaron en enero. “Estoy pensando en salir del país. Aún no tengo nada planificado, pero (ir) a Venezuela sería absurdo. Si ni siquiera estoy segura en Chile. No sé qué pasará mañana conmigo”, afirmó.
Al referirse al convenio de cooperación policial, firmado entre Venezuela y Chile, señaló que el segundo país violó los principios de no devolución y confidencialidad en caso de asilados políticos: “¿Por qué no le piden la información a Interpol, en vez de firmar eso. Quieren atrapar a personas que solamente quieren la libertad del país. No sé si el día de mañana tengan que salir corriendo porque en Chile no estoy segura”.
Exigen protección a familia del militar (r)
La fundación Refugiados Venezolanos en Holanda se reunió el 18 de marzo con la Primera Secretaria, jefa de Cancillería y Encargada de Asuntos Políticos Bilaterales de Chile en el Reino de Países Bajos, María Fernanda Vila, y además de entregarle un dossier sobre la muerte de Ronald Ojeda, le consignaron una comunicación al embajador, Jaime Moscoso Valenzuela.
En el texto, la ONG exige al gobierno chileno; Uno, que se profundicen las investigaciones y que se determinen los autores intelectuales y materiales del asesinato del oficial; y dos, que se decreten medidas de protección a la familia, su hijo, su esposa y hermana, tanto en Chile o si deciden salir a otra nación.
David Cáceres y William Jiménez, coordinadores de RV, emplazaron al Estado de Chile a garantizar la seguridad y protección de la familia Ojeda, como demanda la Convención de Ginebra y estudiar la posibilidad de que apoyen a estos a abandonar el país sureño por razones de seguridad.
El autor es escritor y periodista venezolano, de larga trayectoria en medios impresos, actualmente exiliado en Estados Unidos.
@HLGNapita
