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Solicitan a la CIDH medidas cautelares urgentes para exigir elecciones presidenciales

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Leonardo Prieto, coordinador de Vente Venezuela en Washington, también solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la liberación de presos políticos y protección a migrantes venezolanos.

Entre los puntos clave de la solicitud, respaldada por la organización no gubernamental “Redes por la vida”,  destaca en primer lugar el restablecimiento constitucional, la exigencia de inmediata convocatoria a elecciones generales, universales y directas bajo un árbitro independiente tras la falta absoluta sobrevenida de la Presidencia.

En segundo término, Prieto destaca la protección a víctimas, medidas urgentes para salvaguardar vida, salud e integridad de los presos políticos, garantizando debido proceso y acceso a defensa.

Seguidamente solicitó resguardo de la diáspora: protección a los derechos políticos y migratorios de venezolanos en el exterior frente a los derechos humanos y política

persecución transnacional.

La solicitud, que contó con la asistencia jurídica del abogado Franklin Rojas, fue presentada formalmente en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, incluyendo la petición de medidas cautelares de carácter preventivo para frenar daños irreparables en Venezuela.

En su petición el también coordinador internacional de Vente Venezuela hizo especial hincapié en tres pilares fundamentales:

  • La exigencia de convocar de manera inmediata a votaciones presidenciales libres, transparentes y verificables con un árbitro independiente.
  • La protección prioritaria y la liberación de los presos políticos que enfrentan condiciones de reclusión críticas, incomunicación y graves riesgos para su vida, y
  • La salvaguarda integral de los derechos humanos y políticos de los migrantes venezolanos en el exterior, asegurando su derecho a la participación ciudadana, protegiéndolos frente a cualquier forma de persecución transnacional o vulneración de sus garantías migratorias.

El recurso jurídico, fundamentado en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, busca la intervención urgente del organismo interamericano frente a la vulneración de los derechos políticos y la falta de certeza institucional en el país.

La iniciativa cobra especial relevancia en el contexto actual, advirtiendo la omisión de un calendario electoral claro, público y verificable constituye una amenaza latente contra la estabilidad social, el derecho a la participación política y la integridad de millones de venezolanos tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Con esta acción, se pone de relieve que la adopción de medidas cautelares por parte de la CIDH, es un paso indispensable y urgente ante riesgos de convulsión social, prevenir violaciones para mitigar los irreparables a los derechos humanos y trazar una ruta pacífica y democrática respaldada por la comunidad internacional, concluyó.