Con la resolución 8.610 se evidencia el enorme temor que tiene este gobierno de que la grave crisis que afecta al país provoque estallidos sociales
Por Oscar Battaglini
En Venezuela, como sabemos, no es la primera vez que se imparte esa orden que de hecho ha terminado imponiendo la pena de muerte en el país en una abierta y flagrante violación de lo establecido constitucionalmente en materia de derechos humanos, en general, y del derecho a la vida, en particular.
Así fue (para referirnos sólo a lo ocurrido a partir del siglo XX) después de la muerte de Gómez, cuando el designado por este para sucederlo en el poder (López Contreras) le ordenó al ejército disparar contra las multitudes que en Caracas y en otros lugares del país salieron a las calles a manifestar su repudio contra el gomecismo en crisis, y contra su pretensión de mantenerse en el poder y de persistir en el propósito de continuar restringiendo el libre ejercicio de los derechos civiles. Los muertos de la Plaza Bolívar del 14 de febrero de 1936 son parte de las consecuencias de esa orden dada por López Contreras al ejército en aquel momento.
Así fue, cuando Rómulo Betancourt en el ejercicio de su segunda presidencia (1959-64) le ordenó a las FAN y a los cuerpos policiales de entonces, “disparen primero y averiguar después” frente a cualquier forma o acción opositora que pusiera, efectivamente, en cuestión su mandato o que fuera considerado por él como un factor que incidiera en el debilitamiento del mismo. Esto hizo de la segunda presidencia de Betancourt un régimen extremadamente represivo que no sólo conculcó casi todos los derechos democráticos de la sociedad sino que impuso un orden político altamente autoritario y militarizado, que dio pie para que durante este gobierno y el de Leoni se produjeran numerosas muertes de venezolanos (estudiantes y jóvenes sobre todo), y para que tuviera lugar esa pantomima de “guerra de guerrillas” sin fundamento y sin sentido.
Así fue cuando Carlos Andrés Pérez y su ministro de la defensa Alliegro le dieron la orden a las FAN de disparar contra la población que movida por el hambre, la desesperación y el engaño salió a la calle el 27 de febrero de 1989 a buscarle una solución a su problemática existencial.
Lo único que se sabe de lo que pasó ese día es que hubo muchos muertos pero todavía no se conoce con exactitud a cuánto asciende su número.
Así fue cuando el golpe de Estado de Chávez el 4 de febrero de 1992 con un sector de la FAN; hecho sobre el que existen muchas cosas por aclarar.
Así fue cuando el Presidente de Fedecámaras, el señor Carmona y la FAN dan el golpe de Estado que provoca el derrocamiento de Chávez por espacio de 48 horas.
Y así fue cuando el actual gobierno dio la orden a sus cuerpos policiales, a la Guardia Nacional y a sus “colectivos” de reprimir a los sectores sociales y políticos que el año pasado (febrero-julio) salieron a la calle a manifestar su oposición frente al “actual estado de cosas”. Estas acciones, como se sabe, provocaron más de 40 muertes que presuntamente comprometen la responsabilidad de los cuerpos de seguridad gubernamentales que participaron directamente en la represión de tales acciones.
No deja de sorprender que habiéndose ratificado en la Constitución vigente la prohibición de armas de fuego en el control en las manifestaciones públicas pacíficas y de existir en el imaginario político de la sociedad la idea compartida de que eso debe ser así, el gobierno haya escogido este momento para aprobar por intermedio del Ministerio de la Defensa Nacional una resolución que le confiere definitivamente a la FAN el cumplimiento de una función para la que no está facultada ni constitucional, ni legal, ni técnicamente, quiérase o no coloca al estamento castrense no como una institución del Estado, que es lo que efectivamente es, de acuerdo a la Constitución, sino como una instancia ejecutiva del presente gobierno y con la competencia para tomar decisiones gubernamentales como la resolución en cuestión.
El que la FAN se haya arrogado la prerrogativa de elaborar y poner en ejecución una resolución en materia de orden público, contra la cual se intenta amedrentar a la población para que no manifieste su malestar y descontento creciente ante la crisis general por la que atraviesa el país, evidencia varias cosas de gran importancia política:
En primer lugar, el papel preponderante que ha pasado a desempeñar la “FAN chavista” en la dirección del poder político que rige en Venezuela.
En segundo lugar, la creciente militarización y autoritarismo que caracterizan a ese poder.
En tercer lugar, el inevitable debilitamiento y declinación que ha venido experimentando el gobierno debido a lo descomunal y complejo de la crisis general que lo asedia; pero sobre todo, por su incapacidad congénita para elaborar e implementar políticas que lo ayuden a encontrarle una salida a dicha crisis.
En cuarto lugar, imponer una mayor restricción en el ejercicio de los derechos democráticos por parte de la población; todo ello en una perfecta correspondencia con lo que no sólo la tradición autoritaria y dictatorial que nuestro país ha padecido en el curso de su historia “republicana”.
Y en quinto lugar, el enorme temor que tiene este gobierno de que la grave crisis que afecta al país provoque estallidos sociales que terminen comprometiendo su estabilidad política.
De lo expresado hasta aquí se deduce muy claramente que el “chavismo oficial” no posee, en las circunstancias actuales, otro recurso distinto al de la represión en ascenso para tratar de mantenerse en el poder. Esta es la razón básica, queremos reiterarlo, que “justifica” la puesta en vigencia de una resolución que echa por tierra definitivamente el ya precario ordenamiento constitucional existente en el país, y que deja al conjunto de los venezolanos en la más total indefensión frente a un Estado y un gobierno que cierran toda la posibilidad de intercambio político-democrático en nuestra sociedad.
Confía el gobierno en que el terror generado por la amenaza de ser abaleado en una manifestación política termine paralizando la voluntad ciudadana de protestar públicamente por la grave crisis económica, social y política que padecemos y por la necesidad urgente de un cambio de gobierno. Se olvida, igualmente, de la historia, de las luchas que aquí se han dado por la conquista y defensa de la democracia política; en mucha de las cuales la gente se sobrepuso al temor de perder la vida, dada la naturaleza criminal de los gobiernos de turno. El 23 de Enero y las grandes manifestaciones populares que uno recuerda de la época de Betancourt-Leoni (en defensa de los derechos democráticos conculcados por sus respectivos gobiernos) son un buen ejemplo de lo que estamos diciendo.
De todas maneras, el tiempo y los acontecimientos por venir en lo inmediato, dirán, como siempre, la última palabra.
El autor es historiador y cofundador de la Liga Socialista
