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En un comunicado, el Comité de Familiares y Víctimas del Caracazo exige al Gobierno acabar con la violencia e impunidad que existen actualmente y efectuar una investigación despolitizada de los hechos de 1989
Cofavic considera que a 26 años del Caracazo, la impunidad, represión y violencia política deben cesar y que la sociedad venezolana debe aprender de las lecciones del pasado para no repetirlas en la actualidad. «El Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir a la escalada de violencia política que está en desarrollo en el país en la actualidad«, dice el texto.
Reclaman la ausencia de justicia sobre los hechos registrados el 27 y 28 de febrero de 1989, y días siguientes, pues aún no hay responsables ni condenas. No se sabe la cantidad total de afectados ni los nombres de las víctimas. Consideran que ha habido una falta de voluntad política para esclarecer los hechos, al punto de que aún no hay resultados de las exhumaciones que comenzaron en 2009.
A continuación el comunicado:
A 26 años del Caracazo COFAVIC se pronuncia sobre la impunidad que ha prevalecido en los casos de los sucesos de febrero y marzo de 1989 y solicita el cese de la represión, la violencia política y de la impunidad que existe hoy en Venezuela.
Como sociedad estamos obligados a tomar lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir a la escalada de violencia política que está en desarrollo en el país en la actualidad.
Luego del Caracazo, el país tuvo la oportunidad de analizar en profundidad los hechos que le dieron origen y de ampliar la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos, por ello no es aceptable, que hoy día, la represión y las victimas vayan en ascenso al igual que la violencia.
A 26 años del Caracazo nuestras fuerzas de seguridad deben tener muy presente aquellos hechos donde sus actuaciones dejaron centenares de hogares rotos. Las instituciones quedaron impactadas negativamente por décadas en nuestra memoria colectiva. Por más difíciles que sean las circunstancias actuales, los derechos humanos no deben transarse.
Cabe recordar que en el Caracazo existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos.
La historia de los jóvenes de nuestras fuerzas de seguridad que dispararon hace 26 años contra el pueblo, no puede seguir repitiéndose con los jóvenes policías o militares de hoy reprimiendo a otros jóvenes de nuestro pueblo. Nuestro país merece que a 26 años del Caracazo no se repita la historia de violencia y de impunidad y esa tarea principalmente está ahora en manos del Gobierno y de las autoridades con competencia en materia de derechos humanos. A esa tarea debemos sumarnos todos sin dilaciones.
Por todo lo anterior, exhortamos al Estado venezolano a:
1. Cesar la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas.
2. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
3. Instamos al Poder Ejecutivo a derogar la Resolución 008610 que autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas. Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establecen, los artículos 68 y 332 de nuestra Constitución.
4. Tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole.
5. La justicia no puede convertirse en una herramienta de venganza política, porque deja de ser justicia y resulta un potenciador de la violencia y la exclusión. Las personas sometidas a juicio deben contar con todas las garantías judiciales y el debido proceso en todo estado de su investigación.
6. Cumplir con el Informe del Comité contra la Tortura de la ONU, las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y dar seguimiento y atender las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado al respecto, en los casos de Leopoldo López, Daniel Ceballos y del Alcalde Antonio Ledezma.
7. También, vemos con profunda preocupación el aumento del riesgo y la vulnerabilidad de la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Debe cesar por parte del Estado la sistemática política de criminalización en contra de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Las ONGs son críticas por esencia y los Estados deben respetar su actuación y su independencia como parte de las garantías mínimas de todo sistema democrático.
Con relación al caso del Caracazo:
1. Luego de 26 años del Caracazo, el Estado venezolano, en los últimos 11 años, durante cada aniversario intenta generar una matriz de opinión en la que predomina la idea de que se está haciendo justicia en estos hechos, invisibilizando una vez más lo que viven las víctimas y la impunidad que ha prevalecido.
2. Altos funcionarios del Estado durante cada aniversario, señalan una cifra diferente de asesinatos y heridos correspondientes a esa época. Las autoridades indican de manera indistinta de 3000 a 6000 personas asesinadas. Sin embargo, luego de 26 años, no se ha publicado una lista oficial de fallecidos, desaparecidos y heridos. Como parte del establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de la ejecución de garantías de no repetición de estos hechos, el Estado está obligado a hacer públicos los nombres de las víctimas del Caracazo y no hay motivos para seguir ocultando esto.
3. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, que irrefutablemente demuestra que luego de 26 años, no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega en contra de humildes viviendas, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.
4. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de seis años, no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en la fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Seis años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.
COFAVIC ratifica su firme voluntad de continuar trabajando al lado de las víctimas y fortaleciendo las capacidades de mujeres y hombres en Venezuela en el ejercicio de sus derechos humanos, promoviendo el Estado de Derecho y a favor de los principios de la democracia.
