Si las Fuerzas Armadas de Venezuela y Guyana actúan en defensa de sus espacios el caso pudiera llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
Patricia Marcano
Guyana respondió oficialmente al Decreto Presidencial 1787, donde Venezuela fija, entre otras áreas, el espacio acuático de la fachada Atlántica que la Armada debe defender. El Ministerio de Relaciones Exteriores guyanés lo califica de ilegal y asegura que cualquier intento de Venezuela por aplicarlo será resistido por esta nación.
El ex embajador de Venezuela ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra, Emilio Figueredo, considera que la situación actual entre ambas naciones muy delicada.
«El decreto es una respuesta ante la inacción de la Cancillería venezolana durante muchos años con respecto a la actuación de Guyana. Pero si bien es un acto de derecho interno, desde el punto de vista del derecho internacional es cuestionable porque deja a Guyana prácticamente sin proyección marítima. Es lo que quiso hacer Guyana con nuestro Delta del Orinoco. Pero además el decreto afecta la proyección marítima de Surinam y de Guyana Francesa».
El abogado considera que Venezuela pudo hacer primero un decreto de extensión de la plataforma continental de Delta Amacuro y parte del estado Sucre, pues esa plataforma es «indiscutiblemente venezolana» al ser generada por el río Orinoco. Y luego reclamarle a Guyana por la entrega de concesiones a empresas petroleras en la zona en reclamación y, peor aún, en aguas venezolanas.
[quote_center]»Hay que actuar con cabeza serena, una cosa son los actos de derecho interno y otra los del derecho internacional»[/quote_center]
«Ahora es muy delicado el problema. Según el decreto, la zona donde Exxon está haciendo la explotación se encuentra dentro de territorio venezolano en reclamación y eso significa que la armada venezolana tendría que ir a desalojar a la Exxon. Si esto ocurre y Guyana actúa, el problema subiría a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya función es prevenir situaciones que atenten contra la paz internacional. De ser así, la reclamación del Esequibo entraría a un órgano político superior cuando bien pudimos manejarlo de manera bilateral», advierte el especialista en Derecho Internacional.
Figueredo además aclara que no está en desacuerdo con que Venezuela reaccione contra los actos emprendidos por Guyana desde hace más de una década, insistiendo en que la Cancillería no puede seguir callada dichas acciones, «pero quizás contestamos de forma muy drástica» con este decreto. Espera que esto obligue a ambos países a sentarse y hacer cumplir el Acuerdo de Ginebra, que claramente establece que no se pueden dar concesiones mientras no se resuelva la reclamación.
«Hay que actuar con cabeza serena, una cosa son los actos de derecho interno y otra los del derecho internacional», agrega el ex embajador.
Otras implicaciones
El abogado Emilio Figueredo hace otra observación sobre el Decreto 1787, y es que además de estar tocando la proyección marítima de Surinam y Guyana Francesa, aparte de la de Guyana y el Esequibo, lo hace también con algunos países del Caricom e incluso con Colombia, a través de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (ZODIMAIN) de Oriente y Occidente, así que pudieran esperarse reacciones de otras naciones.
«Mi experiencia en Derecho Internacional es que uno busca tener aliados y no adversarios, y Venezuela pudiera encontrarse en una situación aislada», indica Figueredo, quien no duda que en el caso de Guyana los países del Caricom le den la espalda a Venezuela.
Hasta ahora, la Cancillería de Venezuela no se ha pronunciado ante el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana ni a las declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de dicha nación, Mark Phillips.
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