La hipertrofia y la intensificación de este gravísimo problema, tiene mucho que ver con una mayor profundización del proceso de descomposición a que ha estado sometida la sociedad venezolana
Oscar Battaglini
La extrema gravedad que hoy reviste este problema, lo ha convertido –sin exageración alguna- en una de las principales causas de muerte en Venezuela. Por este motivo, la cifra de muertes registrada por el Observatorio Venezolano de la Violencia durante los años 2013 y 2014, (aproximadamente 25.000 homicidios por año) confirma plenamente tal apreciación.
La manera como este problema incide en la vida de los venezolanos en general, ha creado una fuerte sensación de miedo que aparece cada vez que tenemos que afrontar el desafío de salir a la calle a cumplir con nuestras obligaciones habituales.
Se trata de un problema que siempre estuvo allí, pero que no había alcanzado las dimensiones ni la virulencia que exhibe en la actualidad. Esto quiere decir que la hipertrofia y la intensificación de este gravísimo problema, tiene mucho que ver, por un lado con una mayor profundización del proceso de descomposición a que ha estado sometida la sociedad venezolana durante tanto tiempo, y por otro, con las desviaciones de carácter anómico, evidenciadas por un régimen que como el chavista antes que haberse constituido en un factor para la regeneración de nuestra sociedad, lo que ha hecho es contribuir negativamente al incremento exponencial de ese proceso de descomposición; que tiene entre sus manifestaciones más visibles, la marginalización de grandes centros urbanos, la alarmante masificación que dentro de este contexto ha adquirido el fenómeno del hampa, la criminalidad con la que ésta actúa en contra de la población y los altos niveles de violencia implícitos en estos hechos.
El que esto sea así demuestra el rotundo fracaso de la “política social” que el chavismo oficial ha practicado por medio de las numerosas misiones que ha formado con la aparente intención de mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la población; de cuyo ámbito es de donde proviene la mayor incidencia delictiva y el acoso de la criminalidad a la que estamos sometidos permanentemente. Lo señalado indica que los recursos del Estado destinados a la ejecución de esa “política social” (aproximadamente 600 millones de dólares), no se usaron ni bajo un control administrativo que garantizara que esos recursos no se desviaran hacia fines distintos a los previstos; ni de acuerdo a un plan orientado a la creación de condiciones económicas y sociales que sacara a esos sectores de la pobreza y de la delincuencia enraizada en su interior. De ahí el nulo resultado de ese enorme gasto, que como en estos casos, ha estado signado por el peculado, la malversación o simplemente por la percepción de parte de esos recursos por algunos representantes de esos sectores, en calidad de asignación clientelar demagógico–partidista, sin que nada cambiara sustancialmente; es decir, de manera estructural y permanente, y con proyección histórica. En consecuencia, los cambios cuantitativos que haya provocado ese gasto descomunal –del que con tanto afán hablan los distintos voceros del oficialismo chavista y por el que acaban de ser premiados de manera insólita por la FAO- tiene, -no podía ser de otro modo-, un carácter artificial y efímero por su dependencia del ingreso petrolero que, como se sabe, ha caído en aproximadamente un 50% de su valor. Eso explica los síntomas negativos que últimamente se han venido registrando en los indicadores que miden y calibran el estado actual de la cuestión social. Veamos: una mayor precarización del empleo formal y del salario real de los trabajadores por efecto de la hipertrofia inflacionaria; un repunte del desempleo y del trabajo informal, (que en este caso afecta a más de un 40% de la población económicamente activa (PEA); un repunte de la pobreza en todas sus manifestaciones (ver informe sobre esta situación recientemente realizado por investigadores de las universidades Simón Bolívar, UCV y UCAB); un incremento del déficit habitacional, que se produce en medio de la parálisis de la Misión Vivienda, etc. La caída extrema del ingreso petrolero, necesariamente obliga al ejecutivo a restringir al máximo los recursos destinados a mantener su “política social”, lo que hace suponer que estamos a las puertas de una verdadera catástrofe social que pudiera hacer saltar de manera inusitada todos los resortes de la precaria estabilidad que aún existe en el país.
La manera desesperada como el gobierno madurista procura recursos financieros para alimentar el gasto burocrático (la más reciente de esas operaciones consistió en el retiro de 1,8 millardos de dólares del FMI en derechos especiales de giro), lo que, no sólo da cuenta de las serias limitaciones que presenta el flujo de caja de las finanzas públicas, sino que confirma lo que se ha expresado acerca de las graves repercusiones que esos hechos tienen sobre la situación social y política del país.
De suyo se comprende que es en este marco -verdadero “caldo de cultivo”- donde ha proliferado la delincuencia y la criminalidad que nos ha convertido a los venezolanos en víctimas potenciales de su actividad depredadora, incluidos los representantes de los organismos de seguridad del Estado que son asesinados para despojarlos de sus armas de reglamento (en lo que va de año ya se registran más de 70 muertes); funcionarios que, por otra parte deben hacer frente con pistolas calibre 9m.m, a bandas de malandros envalentonados con ametralladoras HK, fusiles AK47, y otros poderosos armamentos de guerra, incluida la nueva modalidad en uso de las granadas).
Pero esta no es la única causa de ese hecho, también lo es –y de manera muy efectiva, la articulación que se ha venido produciendo entre esa delincuencia, los cuerpos represivos del Estado y el partido de gobierno; todo ello como parte de la estrategia política del chavismo oficial dirigida a recabar fuerza social de cualquier espacio o sector de la población-, sin importar lo descompuesto que éste pueda estar –a fin de mantenerse en el poder. Las bandas de motorizados que operan a nivel nacional; los “colectivos” armados que poseen en su interior un fuerte componente delictivo; ( especialistas en la materia estiman que alrededor del 10% de las parroquias del país tienen presencia de uno o más colectivos armados ejerciendo funciones policiales y de autoridad en esos sectores), las “zonas de paz”, concebidas para negociar y procurar el apoyo de los bajos fondos.
Estos son algunos de los mecanismos que el chavismo oficial ha puesto en vigencia con aquel fin
Por otra parte están las organizaciones criminales que actúan por cuenta propia, entre los que se encuentran los “pseudo sindicatos de la construcción” (bandas armados que negocian cupos en las construcciones y además utilizan esos espacios para cometer delitos), los pranes, cuyo ámbito de acción se extiende más allá de las cárceles, las mega bandas criminales cuyo poder rebasa con mucho a las policías municipales y estadales, sin mencionar los grupos vinculados al tráfico de drogas o los que se dedican a la extorsión (cobro de vacuna) y el secuestro.
Ante la gravedad que representa esta situación, todavía mucha gente se pregunta ¿por qué Maduro no convierte el combate contra el hampa en un objetivo prioritario de su gobierno? La respuesta es muy sencilla: porque la lucha contra el hampa y la criminalidad que esta provoca, implica entre otras cosas, reprimir el delito directamente en los barrios de las ciudades del país, que han sido convertidas por la delincuencia de todo cuño en su base de operaciones y en su retaguardia segura. El gobierno no hace eso porque simplemente no quiere exponerse a perder la influencia político-electoral que todavía le queda en esos espacios, y de la que básicamente ha dependido su permanencia en el poder, eso es lo que en definitiva explica el fracaso de los planes que el chavismo oficial ha elaborado e implementado con la aparente intencionalidad de combatir la inseguridad y criminalidad que nos mantiene en permanente zozobra y nos ha enajenado en una gran medida los espacios de desarrollo normal de nuestras vidas. Cuando se piensa que esta situación está unida en la realidad a la espiral inflacionaria en desarrollo, y a la escasez generalizada de bienes que padecemos, inmediatamente se nos aparece el mundo extrañamente hostil e insoportable en el que vivimos en la actualidad. Demás está decir que la sociedad venezolana debe cobrar una clara noción de esta realidad y de la necesidad de cambiarla radicalmente a la brevedad posible. En ello nos va la vida.
