Venezuela hoy está muy lejos de ser un estado de derecho, pues el propio gobierno viola, cada minuto, la Constitución
Luis Fuenmayor Toro
Las últimas acciones del gobierno en materia electoral constituyen una clara violación del estado de derecho y de justicia establecido en la Constitución Nacional, enunciado que con alborozo presenta el chavecismo como expresión del “gran avance” habido en Venezuela desde 1999. “Éste es un estado de derecho y de justicia” dicen, y si apareciera contradicción entre ambos se preferirá la justicia al derecho. Pura habladera de paja que ya no se creen ni ellos mismos.
Venezuela hoy está muy lejos de ser un estado de derecho, pues el propio gobierno viola, cada minuto, la Constitución y las leyes de la república. Pero estas violaciones, que se producen desde hace una década, están llegando hoy a un estado de desvergüenza increíble en lo relativo al proceso electoral venidero. Son de tal magnitud las violaciones de todo tipo y el ventajismo gubernamental, que se aproxima peligrosamente al rompimiento incluso de la continuidad democrática venezolana.
El CNE, la Contraloría General de la República y el TSJ, descaradamente han terminado de convertirse sólo en instrumentos del ventajismo electoral oficialista, de manera que todas sus decisiones están al servicio del fraude a instrumentarse en los próximos comicios de diciembre.
El terror a ser derrotados en los comicios parlamentarios debe estar en niveles muy elevados en los dirigentes máximos del Gobierno y del PSUV, razón por la cual están apelando a los chanchullos más groseros en relación con la normativa del proceso electoral, los derechos de los electores, las garantías democráticas a los partidos opositores y la realización limpia de los comicios.
Las maniobras, manipulaciones y componendas están a la orden del día y son ejecutadas por las instituciones señaladas anteriormente. Se persigue presionar a la población para que no vote, para que no se pronuncie en rechazo de la continuidad del grupo de destructores de Venezuela actualmente en el poder.
En el lapso de un día, haciendo gala de una celeridad inexistente en el sistema judicial venezolano, la Sala Electoral del TSJ le quitó el partido Movimiento Electoral del Pueblo a sus dirigentes ordinarios y se lo entregó a un grupo de funcionarios gubernamentales, que se han desempeñado incluso en ministerios, para que postulen los mismos candidatos a diputados que el PSUV inscriba y no exijan, como lo venían haciendo sus directivos anteriores, el derecho de postular uno o dos candidatos a diputados pertenecientes a esa tolda política.
De esta manera trata el Gobierno a quienes le acompañan en el Polo Patriótico: no les acepta que tengan ninguna representación y si se quejan o amenazan con inscribir sus propios candidatos, pues se inventa una división interna y judicialmente se procede a despojar a los dirigentes cuestionadores y a designar directivas complacientes con el Gobierno.
En unos pocos días, el Contralor General de la República inhabilitó por cuestiones intrascendentes a María Corina Machado, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y Pablo Pérez, para el desempeño de cargos públicos por el lapso de un año, tempo suficiente para que no se puedan presentar a las elecciones de diputados de diciembre venidero, pues el Gobierno, en forma inconstitucional, apela a su poder para hacer valer que una sanción administrativa del Contralor impide tener cargos de elección popular, cuando es claro que estas posiciones no pueden ser comparables con cargos públicos corrientes y se requeriría de una decisión judicial firme para impedir el ejercicio de este derecho transcendental. Varios de estos opositores han sido víctimas de destituciones ilegales de sus cargos de elección popular (diputados, alcaldes) y sufren además en la actualidad prisión o sometimiento a medidas cautelares también con acusaciones que dejan muchísimo que desear.
El CNE, violando una disposición expresa de las leyes electorales y de la Constitución, promulgó tardíamente un decreto sobre la paridad de sexo de las candidaturas a diputados que se presenten, pues lo hizo en el período de seis meses previos a la realización de los comicios, cuando hay prohibición absoluta de modificar las normas y las reglas de la elección. Además, el CNE no ha convocado las elecciones de los parlamentos regionales Parlatino y Parlasur, las cuales tendrían que haber sido convocadas junto con las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. El CNE elimina los cuadernos de votación, lo que hace imposible demostrar la existencia de irregularidades durante las votaciones ni controlar efectivamente los asistentes al acto electoral. Actúa sin titubeos ni moderación ninguna y sin explicar absolutamente nada a los venezolanos.
El Gobierno avanza peligrosamente hacia un régimen claramente dictatorial, en el que no exista ningún tipo de oposición. La desesperación lo hace actuar como algunos de sus miembros ya lo han expresado con anterioridad: no están dispuestos a ser derrotados y se jugarán el todo por el todo en este sentido.
