La presencia castrense en las instituciones del Estado ajenas a la defensa de la nación ha dejado de ser una excepción para transformarse en algo rutinario
José Rafael López Padrino
El régimen militarista que se inicia con el arribo al poder del ya fallecido teniente coronel en el año 1998, no es una experiencia aislada, sino la expresión más álgida de una sucesión de intervenciones militares a lo largo de nuestra historia republicana caracterizada por un juego pendular entre el autoritarismo y la democracia como expresión del proyecto de dominación.
El pretorianismo bolivariano responde a la necesidad de la militarización de la sociedad y de la politización de las fuerzas armadas como parte de una cultura política e ideológica que institucionalizó el recurso a la violencia como forma eficaz y legítima de dirimir los conflictos sociales y además como una herramienta eficiente para imponer un control social firme. La presencia castrense en las instituciones del Estado ajenas a la defensa de la nación, su constante y sistemática intervención en la vida política ha dejado de ser una excepción para transformarse en algo rutinario. La militarización de la sociedad venezolana ha sido un elemento clave en la ejecución de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” impulsada desde los inicios del gobierno del ya desaparecido charlatán de feria de Sabaneta. Doctrina que fue concebida originalmente por los dictadores del Cono Sur en el siglo pasado a fin de justificar sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La misma asume la existencia de un enemigo interno (entiéndase disidencia política, trabajadores, movimiento estudiantil) a quienes tildan de villanos, apátridas, agentes de potencias extranjeras, etc., los cuales deben ser destruidos de forma orgánica y sistemática.
En su perversa acción de barrer y exterminar a todo opositor, el fachochavismo justifica la criminalización y judicialización de la protesta social, el uso de la tortura, de la violencia, y hasta de la desaparición física, como es el caso de Alcedo Mora dirigente social y militante del PRV-Ruptura desaparecido desde el 27/02/2015. Violaciones de los derechos humanos que han sido ignorados por la siniestra Fiscal General de la República y el lambe botas del defensor del puesto (pueblo) quien cínicamente sigue afirmando que el Estado venezolano garantiza cabalmente los derechos humanos de sus ciudadanos. Para la mercenaria Fiscal y el desvergonzado defensor del puesto, los atropellos y excesos policiales ocurridos durante las razias milico-policiales realizadas en la Cota 905, y el sector el Cují Carretera Panamericana, por mencionar algunos, nunca ocurrieron.
Basta con escuchar a los chafarotes del régimen como Padrino López y demás miembros del gorilato bolivariano quienes sin disimulo expresan sus pretensiones de institucionalizar la función tutelar de la Fuerza Armada a fin de controlar el descontento y conflictividad laboral y social, eliminar todo vestigio de disidencia ideológica, y así poder mantener el actual statu quo, garantizando la continuidad en el poder de la unión milica-civilista. A tal fin el país ha sido dividido en varias zonas operativas militares (Regiones Estratégicas de Defensa Integral de Venezuela). Espacios en los cuales los milicos bolivarianos tienen la potestad de ejecutar “operaciones de defensa”, entiéndase labores de represión y exterminio. Es decir, han creado un Estado militar ilegal, amparado paradójicamente por las leyes de la República. Además, han modificado y aprobado nuevas leyes e instancias represivas orientadas a acentuar el control social y político. Allí están la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat), la resolución 8.610 dictada por Padrino López, destacado egresado de la Escuela de las Américas del Ejercito (USA); igualmente la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y el reglamento orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).
Adicionalmente el facho chavismo en su pretensión hegemónica ha desarrollado una nueva y despreciable ingeniería represiva representada por los infames soplones del régimen. Es una red de delatores sin escrúpulos morales y éticos empleados por el régimen para la identificación, infiltración, y seguimiento de la disidencia política. Sapos que el fachochavismo en su neolenguaje ha dado en llamar “patriota” y “cooperante”, dos palabras que poseen una valoración positiva. Apelan al eufemismo de “patriota cooperante” para referirse a vulgares soplones y esconder de esta manera sus verdaderas funciones: las de engañar y mentir para luego acusar a sus víctimas ante los cuerpos represivos del Estado. Aunque la figura del “patriota cooperante” no aparece contemplada en las leyes venezolanas, los jueces al servicio del régimen han validado y permitido la presentación de testimonios de estos delatores de oficio a fin de acusar y sentenciar a opositores detenidos. Estas redes de chivatos bolivarianos nos recuerdan a los “Zutrager”, los defensores del Reich de la Alemania nazista o los “informatori” de la Italia fascista. Ello, sin obviar la represión ilegal del Estado a cargo de los paralumpen bolivarianos, especie de bandas de asesinos a sueldo encargadas de reprimir y profundizar el control social hacia los sectores más desposeídos. “Gatilleros hamponiles” que constituyen la punta de lanza de la represión -no oficial- que adelanta el pestilente militarismo que encarna la dupla Maduro-Diosdado.
El sátrapa de Miraflores y su consigliere Cabello pretenden mediante el uso de la represión y violencia militar acallar el descontento popular generado por la escasez, la inflación, la inseguridad, el desempleo, la crisis medico-asistencial, el caos educativo, etcétera. Busca a través de las bayonetas disciplinar a las masas a fin de lograr su desmovilización, frustración y finalmente su resignación ante una derecha verde oliva de impronta fascista.
